Bilbao - El Plan General de Ordenación Urbana de Bilbao (PGOU), aprobado de forma inicial el pasado febrero, no es solo un desiderátum de cómo quieren sus vecinos y el ayuntamiento que sea la ciudad dentro de 15 años. El documento urbanístico también incluye un sesudo estudio económico en el que se prevé cuál será el coste económico de lo que define directamente como “ciudad pública”. El objetivo del informe, al que ha tenido acceso DEIA, es justificar la viabilidad económica de las propuestas urbanísticas cuya ejecución requiere inversiones públicas y privadas. La estimación mínima se cifra en casi 2.000 millones de euros (1.944 millones en concreto) sin contar el IVA correspondiente. Mikel Ocio, director del Área de Planificación Urbana, expone que “hay que tener en cuenta que estos costes son una aproximación orientativa a los mismos”. Serán los futuros proyectos constructivos que se redacten a lo largo del periodo de vigencia del PGOU los que marcarán el precio final que variará al alza en función de cuanto tiempo se demore su desarrollo. La partida principal corresponde a los proyectos singulares de obras públicas y transportes que suman 1.732 millones de euros. Como se observa en el cuadro adjunto son las iniciativas ferroviarias en todas sus variantes las que marcan las cantidades más importantes. Y eso que no se incluyen tres proyectos que aún están sin cerrar económicamente como son la línea 4 del metro, el paso de la Variante Sur Ferroviaria y el desarrollo de las dos extensiones futuras del tranvía.

La intervención más costosa es la llegada del tren de alta velocidad. Son más de 767 millones que se aportarán para construir el túnel de acceso y la estación bajo la superficie de Abando. También se recogen los presupuestos de la eliminación de las barreras de Feve en Zorrotza y el soterramiento de Renfe en Punta Zorrotza. Todas ellas son intervenciones que transformarán el urbanismo de las zonas colindantes y que serán asumidas por el Ministerio de Fomento con alguna aportación municipal puntual. En cuanto a infraestructuras viarias, la mayor cifra estimada es para la variante de Rekalde. Entre el derribo del actual viaducto y la construcción de su alternativa bajo las faldas del Pagasarri se irán 168 millones de euros. Las otras dos variantes que tiene que desarrollar la Diputación Foral para cerrar el anillo de Bilbao también sumarán casi 275 millones de euros. Se incluye asimismo la Termibus soterrada que verá la luz antes de finalizar este año, y el otro magno proyecto previsto desde hace más de dos décadas y que sigue en barbecho. Es el gran desagüe subterráneo que compondrán dos grandes colectores entre los barrios de La Peña y Olabeaga, y que servirá para evitar que unas hipotéticas inundaciones afecten al Casco Viejo y al Ensanche. Su coste previsto en el nuevo PGOU es de 260 millones de euros y al ser una obra de interés general será asumida por la Administración del Estado.

No solo infraestructuras Pero las intervenciones para generar esa ciudad pública no se quedan solo en las grandes infraestructuras. También está la concreción de las zonas verdes por las que este nuevo plan tiene especial predilección. Se prevé invertir un mínimo de 13,59 millones para cerrar el anillo verde y, por ejemplo, ampliar en más de cien hectáreas el espacio a preservar el entorno del Pagasarri. Otra partida de 115 millones de euros se destinará a las dotaciones de urbanización vinculadas a los nuevos desarrollos urbanísticos previstos. Mikel Ocio pone un ejemplo para entenderlo. “Imaginemos que el PGOU prevé una pequeña zona verde en Begoña pero no está adscrita a ningún proyecto en concreto. Lo que se hace para su gestión es repartir su coste entre cinco construcciones de viviendas u oficinas de los alrededores, de forma que al final no lo va a pagar el Ayuntamiento”.

Las que sí tendrá que abonar el consistorio son otras dotaciones locales no vinculadas a los citados desarrollos pero cuya cantidad es nimia, 14,31 millones, comparado con el montante total de esos casi 2.000 millones referidos. La ciudad nueva por generar tendrá también parques, calles, plazas y avenidas de nuevo cuño que van a ser financiadas por la iniciativa privada y luego mantenidos por el Ayuntamiento. Son los denominados costes de urbanización que todo proyecto residencial, de oficinas o equipamiento tiene asociados y que implican que, junto al edificio a construir, el promotor tiene obligación de financiar por ley las aceras y calzadas adyacentes o los servicios soterradas como tendidos eléctricos, telefónicos o de gas, entre otros muchos elementos que conforman el espacio público.

El PGOU ha identificado un total de 103 desarrollos o subámbitos que tendrán que abonar costes de urbanización por un valor de algo más de 69 millones de euros. El más elevado es el desarrollo urbanístico a efectuar en Punta Zorro-tza cuyas cargas se cifran como mínimo en 37,77 millones por ser una operación integral que incluye viviendas de VPO, tasadas y de precio libre, edificios para oficinas y comercios y diversas zonas verdes.

También será elevada la urbanización de la regeneración de parte del barrio de Olabeaga que correrá a cargo de Bilbao Ría 2000 en los antiguos terrenos de Labein. Se prevé que los promotores deberán abonar 9,12 millones de euros, además de los costes correspondientes al soterramiento del ferrocarril. Asimismo, la intervención residencial en Zorrozgoiti, en la ribera del Kadagua, se llevará un total de 3.274.200 euros y la que se efectuará muy cerca, en la zona de Kastrexana, también se elevará a los dos millones de euros.

La cifra

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