Bizkaia modificará las condiciones para realizar declaraciones conjuntas de IRPF

La Diputación Foral de Bizkaia modificará los criterios para realizar declaraciones conjuntas de IRPF, flexibilizando las condiciones en las que las familias separadas o divorciadas pueden acogerse a esta modalidad de tributación en la campaña de la Renta. Los partidos que sustentan al Gobierno foral, PNV y PSE, han reconocido que la última revisión fiscal ha generado situaciones que "requieren ajustes", por lo que modificarán la norma que regular este impuesto.

Así lo han acordado este miércoles las Juntas Generales, que han aprobado prácticamente por unanimidad dos propuestas, una de EH Bildu y otra del PP, en las que solicitaban la toma en consideración de esta modificación. Eso sí, tanto jeltzales como socialistas han rechazado los cambios planteados por ambos partidos, advirtiendo de que las modificaciones se limitarán a flexibilizar las pruebas para demostrar el mantenimiento exclusivo de los hijos por parte de un progenitor y a establecer un umbral bajo el cual se considera que esa parte de la pareja asume en solitarios sus gastos, situaciones ambas que abren la puerta a realizar tributaciones conjuntas con ellos.

Antes de la reforma fiscal, el IRPF trataba de forma diferente a familias con dos progenitores según estuvieran casados, separados, solteros o fueran pareja de hecho, aunque su realidad económica fuera la misma. La tributación conjunta, que se puede hacer entre los dos miembros de la pareja o con los hijos, suma todos los ingresos de toda la unidad familiar, reduciendo más de 4.000 euros de la base imponible a la hora de establecer el IRPF. No es ventajoso para las parejas en las que las dos partes trabajan -porque al sumar los dos sueldos el tipo de retención se eleva- pero sí es favorable cuando solo lo hace una de ellas o cuando una sola persona asume los gastos de los niños, por ejemplo en familias monoparentales, que solo tienen una fuente de ingresos. El problema era que se permitía incluso en parejas que vivían juntas, compartiendo ingresos y gastos, aunque no tuvieran vínculo legal, y en separadas aunque asumieran entre ambos el mantenimiento de los hijos. Una opción no existía para las parejas casadas o que constituyen una pareja de hecho, que solo podían hacer tributación conjunta entre ellos sumando los ingresos de las dos partes para calcular la base imponible.

La reforma estableció un trato igual para todos los modelos de familias, con independencia de la situación particular, sean casados, separados, viudos, divorciados o parejas de hecho. Un ejemplo: parejas con hijos sin ningún vínculo legal han dejado de poder tributar uno de ellos con los menores, ya que no es real que solo haya ingresos por una parte. En el caso particular de los separados o divorciados, la tributación conjunta queda reservada a la parte que asume en exclusiva su mantenimiento económico, es decir, situaciones de monoparentalidad real. Al mismo tiempo, se ha reforzado la protección de las situaciones de mayor vulnerabilidad. Entre otras medidas, se ha aumentado la reducción por tributación conjunta para familias monoparentales, de 4.169 euros a 4.800 euros.

"Casilla de salida"

Sin embargo, tanto EH Bildu como el PP han advertido de que esas modificaciones han generado "efectos negativos no deseados". Según la coalición, "muchos progenitores separados han perdido la oportunidad de constituir una unidad familiar, causando mucho daño a muchas personas y menores" al endurecerse los requisitos, "precisamente cuando su situación económica, tras la separación, ha empeorado". Su apoderada Arantza Sarasola ha cuestionada la capacidad económica de las familias "antes y después de una separación, cuando los progenitores asumen la custodia" y también que el sistema actual sea más equitativo. "¿Una pareja con hijos puede tributar conjuntamente y una madre separada que tenga los mismos ingresos no?", ha planteado. La juntera ha recordado que la capacidad económica "real", que es la que debe gravar el IRPF, se reduce al tener hijos, "porque durante largos años quedan a cargo de sus progenitores". Por todo ello, considera que el debate "tiene muchos matices" que precisa de "una reflexión previa, seria, sosegada y rigurosa" que, a su juicio, no se llevó a cabo al aprobarse la revisión fiscal. Así, ha pedido "volver a la casilla de salida" para reflejar en la normativa fiscal "la distinta capacidad económica real de las familias que tienen menores a su cargo, sin generar consecuencias no deseadas a nadie".

Por su parte, el popular Diego Pagadigorria esta modificación ha supuesto una "subida indirecta de impuestos para miles de padre y madres separados o divorciados" al endurecer "de manera significativa" los requisitos para optar a la tributación conjunta. Según ha denunciado, "para los progenitores que asumen de facto y en exclusiva o de manera dominante el mantenimiento económico de los hijos es muy difícil o imposible demostrarlo", lo que genera "una situación de indefensión y de tratamiento fiscal injusto en relación con su capacidad económica".

Ajustes en dos ámbitos

Desde los partidos que sustentan al Ejecutivo foral se ha mostrado su disposición a modificar la norma para corregir los desajustes que ha generado la revisión fiscal. El apoderado del PNV Mikel Bagan ha recordado que la tributación conjunta es un mecanismo que permite valorar la capacidad económica "real" de las familias, "acumulando las rentas de todos los miembros en una base imponible porque comparten recursos y gastos". En el caso de las familias biparentales "permite romper los efectos distorsionadores" cuando uno de los progenitores tiene ingresos y para las monoparentales "compensa la capacidad real porque solo hay una fuente de ingresos que asume todos los gastos". Ante las "distorsiones" previas a la revisión fiscal, con esta "se garantiza que el trato sea igualitario y justo desde el punto de vista fiscal".

No obstante, ha reconocido que eran conscientes de que "se podían dar efectos distintos ante situaciones personales" que requieran "ajustes. Hemos visto el resultado, hemos escucha a la ciudadanía y vamos a realizarlos". Eso sí, ha mantenido que el marco general debe ser el de "justicia fiscal y de tratamiento igualitario ante situaciones económicas equivalentes". De hecho, limitarán los cambios a dos ámbitos. Por una parte, se flexibilizarán las pruebas que se deben presentar para acreditar el mantenimiento exclusivo de los hijos en el caso de las familias separadas, divorciadas, adoptante o acogedora, y, por otra, se establecerá un umbral mínimo por debajo del cual se considera que el padre o la madre asume en solitario los gastos de los hijos. Esto es, si la pensión de alimentos que abona una de las partes es demasiado baja, será como si asumiera el mantenimiento de forma exclusiva.

En el mismo sentido, Alberto Álvarez (PSE) ha abogado por analizar en detalle "la mejor manera de ajustar el IRPF a la capacidad económica real de las familias" cuyos miembros, ha destacado, "comparten recursos y responsabilidades". "Siempre hemos sido conscientes de que cualquier cambio del alcance de una revisión fiscal puede tener impactos diferentes en función de las situaciones personales y desde el principio hemos dicho que si se identificaran situaciones que requieren ajustes se estudiarían", ha recordado. Siempre, ha continuado, "respetando el objetivo de la justicia social con un tratamiento equitativo e igualitario ante capacidades económicas equivalentes". El socialista ha advertido de que esta toma en consideración para modificar la normativa "no prejuzga las soluciones" que finalmente se adoptarán y que "se perfilarán a lo largo del proceso legislativo que ahora se inicia.

Finalmente, Elkarrekin Bizkaia, que aprobó junto a PNV y PSE la revisión fiscal, ha considerado "razonable" abordar la modificación de la norma ante los "efectos no deseados" que ha tenido en "determinados supuestos familiares", no comparte las "soluciones concretas" de EH Bildu y PP, según ha reconocido su portavoz, Eneritz de Madariaga. En esta línea, ha rechazado que "la solución sea volver al modelo anterior" y ha apostado por mantener "los avances en equidad" introducidos con revisión fiscal y "corregir supuestos concretos en los que se están produciendo efectos injustos".