La atención de menores extranjeros en centros ordinarios de Bizkaia permitirá cerrar El Vivero en junio

Hace año y medio, la Diputación Foral de Bizkaia se vio obligada a decretar la situación de excepcionalidad ante la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados al territorio. Llegaban tres al día y los 16 centros de acogida con los que contaba la red asistencial en ese momento, cuatro de ellos abiertos en el último año, no daban abasto para atender a los 602 que había en ese momento. Entre las medidas que se adoptaron estuvo la de abrir un nuevo dispositivo de emergencia, el de El Vivero, en Artxanda, en el que se prestaba únicamente un servicio de acogimiento pero contribuía a descongestionar la red. El próximo mes se termina, tras una prórroga de seis meses, la situación de excepcionalidad; derivado de ello, se tendrá que cerrar el centro. Los menores que residen en él se van a derivar a centros ordinarios en un momento en el que la llegada de chavales al territorio ha perdido intensidad; eso sí, la diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha advertido de que la situación está todavía lejos de normalizarse.

La responsable foral ha comparecido este miércoles en el pleno de control de las Juntas Generales en Gernika para dar a conocer qué pasos se van a seguir cuando la próxima semana finalice la situación de excepcionalidad que decretó en noviembre de 2024 ante una llegada masiva y sostenida de menores extranjeros no acompañados que llegó al territorio al borde de una "crisis humanitaria".

Antxustegi ha reiterado que Bizkaia "lleva años" mostrando un "compromiso claro" con la protección de menores migrantes sin referentes familiares, "no porque nadie nos lo haya exigido sino porque es nuestra responsabilidad". Para ello, se han tenido que ampliar recursos, abriendo nuevos centros y, cuando ha sido necesario, activando recursos extraordinarios "para no dejar a ningún menor sin atención".

Fue lo que se hizo en 2024. El incremento "muy intenso" de los menores que llegaron a Bizkaia tensionó la red asistencial "muy por encima de su capacidad" por lo que se tomó la decisión de reabrir el centro de emergencia de El Vivero, "previsto en la normativa", con el objetivo de garantizar que "todos los menores siguieran teniendo una respuesta".

"No fue una solución cómoda"

Antxustegi ha reconocido que, pese a ser una decisión "responsable", esa apertura no fue "una solución cómoda", sino que se adoptó por la necesidad de garantizar la protección de esos menores "en un momento de máxima tensión del sistema". La alternativa, ha advertido, habría sido no poder acoger a todos, "y eso sí habría sido una vulneración de derechos".

El trabajo del departamento de Acción Social ha ido más allá en los meses que han transcurrido desde entonces. La situación de excepcionalidad tenía una fecha de caducidad -un año de vigencia más seis meses de prórroga- que se cumple el próximo mes y se sabía que, tarde o temprano, el centro de El Vivero se iba a tener que cerrar. Ahora se está en condiciones de ofrecer otras alternativas a los menores y no precisamente "porque la presión sobre el sistema haya desaparecido".

Por una parte, es cierto que la llegada de menores extranjeros ha reducido su intensidad pero también porque se ha reorganizado y reforzado los recursos, "lo que ha hecho posible conectar la demanda que atiende" este dispositivo de emergencia con la red ordinaria de atención. "Eso es actuar con responsabilidad", ha destacado la diputada de Acción Social.

También ha recordado que este dispositivo asistencial de emergencia "nunca ha sido un recurso final", sino "de tránsito". Tras ser atendidos en él en un primer momento, Antxustegi ha explicado que los menores se han ido derivando a la red ordinaria de centros, "donde continúan sus itinerarios de integración, formación y acompañamiento".

Instrumentos jurídicos y de gestión

No ha detallado, eso sí, qué pasos se darán de aquí en adelante para poder seguir atendiendo a estos jóvenes y niños, aunque ha avanzado que la Diputación utilizará "todos los instrumentos de gestión y jurídicos a su alcance para ejercer las funciones de protección en este escenario de complejidad".

Y es que Antxustegi ha insistido en que el cierre del dispositivo y el final de la situación de excepcionalidad no significa que la situación se haya normalizado. "Seguimos gestionando un fenómeno complejo que exige respuesta y adaptación constante", ha destacado. De hecho, hoy por hoy "seguimos por encima del número que nos correspondería acoger según la normativa estatal".

Por ello, y porque el objetivo es consolidar un modelo de atención "que permita a estos menores desarrollar un proyecto de vida", ha vuelto a alertar de que se trata de un reto que "no puede abordar una institución en solitario". Pese a que "Bizkaia ha cumplido y va seguir cumpliendo" ha criticado de nuevo la falta de compromiso y acción de otras administraciones. "Necesitamos corresponsabilidad porque hay decisiones que no dependen de nosotros y porque este sistema solo funciona si todos los niveles institucionales hacen su parte", ha reclamado.