El término ‘áreas suspendidas’ se refiere específicamente a una situación urbanística técnica vinculada al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a consecuencia de lo cual se paralizan las licencias de edificación o las transformaciones en esos terrenos. Esto es lo que sucede en tres zonas de Bermeo, una de las cuales afecta a una zona residencial, cuyos residentes buscan una salida a este laberinto.
Fue en 2011, cuando la Diputación Foral de Bizkaia aprobó el Plan General de Bermeo, pero lo hizo de forma parcial. Esto significa que, mientras la mayor parte del pueblo podía empezar a desarrollarse según las nuevas normas, concretamente tres zonas quedaron "bloqueadas" o suspendidas.
Concretamente las y los vecinos que residen en Askatasun Hiribidea llevan desde 2018 tratando de buscar una solución y escuchando por parte de los diferentes equipos de gobierno promesas que no se cumplen, ya que, mientras se da esta situación no pueden llevar a cabo otro tipo de acciones con sus viviendas como, por ejemplo, vender sus casas . “En su momento se habló de crear en esa zona un parking debido al problema de aparcamiento que tiene el municipio, sin embargo, y a pesar de que se nos dijo que había un acuerdo de gobierno para la modificación parcial de esas zonas está todo paralizado”.
Por ello las y los vecinos afectados se sienten indefensos ante esta situación “y, mientras tanto, estamos pagando anualmente grandes sumas de dinero, por lo que estamos sufriendo un daño y un perjuicio catastral” lamentan los afectados, que han visto cómo a lo largo de los años se han seguido subiendo las tasas correspondientes sin poder hacer nada.
Un proceso complejo
Por su parte, el Ayuntamiento recuerda que para cambiar la situación se requiere la adecuación del PGOU "somos conscientes de la preocupación que genera la situación y entendemos plenamente lo que sienten los vecinos y las personas afectadas" señalan fuentes municipales, y añaden que están trabajando para dar una solución "hay voluntad para avanzar. Sin embargo, el proceso es complejo, y de momento no podemos dar plazos concretos. En cualquier caso, informaremos de los avances con la máxima transparencia" matizan.
A lo largo de estos años las y los residentes se han reunido en diversas ocasiones con representantes políticos y técnicos. Para dar una solución, desde el Ayuntamiento se contrató a una empresa para estudiar la viabilidad y posibles soluciones con proyectos que dieran una salida al problema. “Se nos dijo que así se solucionaría el problema, pero tampoco ha sido así. Y a finales de 2025 se nos explicó que ahora se necesita un estudio jurídico aparte, para que el posible proyecto tenga una base legal que justifique el cambio, para lo que se debería de sacar a concurso la contratación de otra empresa que hiciera ese trabajo, pero hoy en día, no se ha publicado dicha licitación, por lo que nos preocupa la inacción del Ayuntamiento y la indefensión de nuestros derechos" añaden .
Ante la desesperación el pasado 28 de febrero enviaron un escrito al Ararteko explicando la situación en la que se encuentran “pero todavía no se nos ha contestado, porque intuimos que ha solicitado información al Ayuntamiento”.
Por lo tanto, siguen a la espera de posibles soluciones, las cuales no llegan y permanecen dentro de este laberinto, de momento, sin salida.
