Los cuatro propietarios del Camping Arenas de Ajo se sentarán en el banquillo de los acusados para responder por su implicación directa en la ampliación del lugar durante más de diez años, sin contar con los permisos correspondientes. Según ha podido saber este periódico por fuentes cercanas al caso, el juez ha acordado la apertura de un juicio oral en el que se acusa a los dueños como presuntos autores de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo, quienes se enfrentan a cuatro años de prisión.
Según un escrito al que ha tenido acceso DEIA, en los últimos 14 años los propietarios han percibido “como mínimo” más de 12 millones de euros: 3 con la venta de 1000 módulos a un precio medio de 30.000 euros, 4.2 con el alquiler de 100 parcelas por 3.000 euros al año durante 14 años y 5.1 por 57 módulos de gestión propia con alquileres en los meses de julio y agosto por 800 euros a la semana.
Por un lado, el Ministerio Fiscal solicita cuatro años de cárcel y una multa diaria de cien euros durante dos años. Además pide que los propietarios del Camping Arenas procedan a la demolición de las obras estructurales realizadas teniendo que restaurar el terreno a su estado primitivo. Es por ello que solicita que los acusados aporten, antes de celebrarse el juicio oral, 400.000 euros para responder a la responsabilidad civil en la reposición de las obras al estado original. Una labor que, según se recoge en uno de los informes periciales al que ha tenido acceso DEIA, supone un desembolso mayor al que reclama el Ministerio Fiscal.
En este sentido, el coste de las actuaciones necesarias para recuperar a su estado originario la realidad física alterada asciende a 435.993,24 euros. Por otro lado, la acusación personada reclama cuatro años y medio de prisión, multa de 300 euros al día durante dos años y la inhabilitación especial para oficio de cuatro años y medio. Es por ello que el juez, además de acordar la apertura del juicio oral, requiere a los acusados una fianza de 533.333,33 euros para asegurar las obligaciones de pago que se pudieran imponer a los dueños del camping situado en Ajo.
Unos hechos que parecen estar llegando a su final, pero que se remontan casi dos décadas en el tiempo. Fue en 2008 cuando se denunció por primera vez el presunto uso indebido que se estaba haciendo del terreno. No fue hasta seis años después, en 2014, cuando llegó la primera sentencia firme por parte de los juzgados después de que se agotasen todas las instancias.
En uno de estos escritos, al que DEIA tuvo acceso, se denegó la ampliación porque el lugar en el que se estaban colocando las mobil homes de vizcainas y vizcainos, entre otros veraneantes, contaba con varias protecciones. “La ampliación no se considera uso autorizable (…) estando la parcela clasificada como suelo urbanizable protegido, en parte, por su valor ecológico paisajístico, y en parte, por su valor productivo y por estar incluida en el Plan de Ordenación del Litoral, con la categoría de Protección Litoral”, señaló la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria. Según reconoció un miembro de la familia propietaria del camping, el problema se centró en una legalización de terrenos que nunca llegó.
Primera denuncia: 2008
La primera denuncia se interpuso en el año 2008, cuando se puso en conocimiento de la justicia el uso indebido que se estaba haciendo del terreno. La primera sentencia firme llegó seis años después, en 2014.
Tal y como expuso, decidieron comprar esos terrenos porque “se estaba desarrollando el plan general, donde todos esos terrenos aparecían como suelo urbano para camping”. En este sentido, añade, “con el convencimiento de que a la postre se podría hacer un proyecto y legalizar, se decide comenzar a colocar bungalows”. Sin embargo, “unos cuantos años después, por enfrentamientos en el ayuntamiento, entre otras cosas, el plan general que rige las normas urbanísticas pierde fuerza y termina por extinguirse”.
Tribunal supremo
Una ilegalidad que llegó hasta el Tribunal Supremo, órgano que no dio el visto bueno a lo que estaba sucediendo en el Camping Arenas de Ajo. Mientras tanto, durante ese tiempo el número de personas que llegaba al lugar con sus mobil homes iba en aumento. Desde 2014, un centenar de familias vascas siguió acudiendo al Camping Arenas de Ajo con total normalidad pagando las respectivas cuotas, pese a que pesara una sentencia firme sobre parte del terreno. Durante estos últimos años las familias, ajenas al proceso judicial que se estaba desarrollando en los tribunales, continuaron comprando mobil homes e invirtiendo su dinero en este pueblo cántabro.
Sin embargo, ante la “pasividad administrativa” para hacer cumplir la sentencia firme del año 2014, el caso volvió a los tribunales. El 15 de julio de 2022, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Bareyo acordó la demolición de las instalaciones efectuadas -parcelas 3, 73, 74, 76, 79, 83, 84, 89, 98 del polígono 4 de rústica- con la obligación de reponer los terrenos a su estado natural, es decir, a como estaban antes de que los propietarios del Camping Arenas de Ajo llevasen a cabo la ampliación ilegal.
También se adoptó como medida cautelar el cese de actividad en la parte que excedía la licencia concedida en su día. Como ya sucedió con anterioridad, los propietarios del camping fueron agotando vías hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria publicó, a fecha de 24 de octubre de 2024, que ya había transcurrido el plazo de treinta días sin haber recibido recurso alguno por lo que pusieron fin al procedimiento legal impidiendo que este siga adelante.
Una tortura para el centenar de familias vascas que, en declaraciones hechas de manera anónima a este periódico, aseguran haber sido estafados “a la cara”. No obstante, con el inicio del juicio oral se espera poner fin a casi dos décadas en las que las personas usuarias del Camping Arenas de Ajo han continuado pagando sus cuotas, pese a estar disfrutando de un terreno cuya ampliación era ilegal.
