22 municipios de Bizkaia se beneficiarían de la dotación de cajeros a zonas rurales
El proyecto ‘Berosi’ del Gobierno vasco podría rescatar del aislamiento financiero a cerca de 14.000 ciudadanos
Sumidos en la globalización y en la cultura de la generación Z, aún hay demarcaciones donde el mundo parece haberse detenido y se lucha contra el aislacionismo que provocan situaciones como la de carecer de un cajero automático para obtener dinero en metálico o cualquier otra gestión, obligando a sus ciudadanos a desplazarse a otros rincones, en ocasiones a una distancia nada desdeñable.
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Hasta 22 localidades de Bizkaia sufren este escenario que tiene visos de poder ser enmendado tras la puesta en marcha del programa Berosi por parte del Gobierno vasco, una iniciativa destinada a garantizar la inclusión financiera en pueblos de Euskadi donde actualmente no existe esta posibilidad.
El proyecto contempla la implantación de 38 dispensadores en municipios de la CAV que cumplen criterios específicos: más de 300 habitantes sin oficina bancaria ni cajero, al menos ocho kilómetros hasta el más cercano o un volumen superior a 100.000 visitantes al año. En total, 31 de estos cajeros estarán operativos en un plazo de dos años, lo que permitirá dar servicio a unas 23.000 personas y cubrir al 93% de los municipios rurales vascos y al 96% de su población.
El Gobierno vasco saca a licitación la instalación de cajeros automáticos en 38 municipios rurales
La inversión asciende a 1,15 millones de euros hasta 2029, financiados íntegramente por el Ejecutivo de Imanol Pradales, un paso enmarcado en la Estrategia 2030, por la que Lakua persigue la consecución de un medio rural “dinámico, innovador y con igualdad de oportunidades”.
Los enclaves afectados en Bizkaia, que aglutinan a unas 14.000 personas, son, por orden alfabético, los siguientes: Ajangiz, Amoroto, Arantzazu. Arratzu, Arrieta, Artea, Artzentales, Ea, Elantxobe, Errigoiti, Forua, Fruiz, Garai, Gatika, Kortezubi, Mendata, Mendexa, Meñaka, Murueta, Muxika, Zaratamo y Ziortza-Bolivar. La supresión progresiva de oficinas bancarias en el entorno rural ha dejado a numerosos vecinos sin acceso directo a servicios financieros básicos, complicando además la logística a personas de edad avanzada y a aquellas que, por distintos motivos, no pueden involucrarse en las herramientas de la vida digital. El paso dado por el Gobierno vasco doblega así la fracasada iniciativa del Ejecutivo español tras el acuerdo que firmó hace casi tres años con los representantes institucionales para garantizar la inclusión a través de cajeros, oficinas móviles u otras formulaciones.
“Sería una muy buena noticia tras quedarnos sin cajero desde 2018 por culpa de un incendio”
A día de hoy los responsables institucionales de estos municipios vizcainos evitan profundizar en cómo se encuentra el escenario más allá de admitir la imperiosa necesidad de que ello marche adelante. Lo corrobora a DEIA el alcalde de Artea, Alberto Intxaurraga. “Sabemos que está aprobada la ley pero no sabemos en qué punto nos encontramos. Sé que está en proceso de licitación para la adjudicación pero aún no sabemos más”. En parecidos términos se expresa Iosu Udaeta, regidor de Artzentales, confiando en que el plan cuaje “después de que en 2018 nos quedáramos sin el que existía por culpa de un incendio”. “La noticia anunciada es muy buena. Forma parte de ese proyecto estratégico 2020-2030 y es verdad que se ha consultado a ver si disponíamos de local. Esperamos que finalmente llegue a buen puerto”, señala.
Calidad de vida en las zonas rurales
Todo ello después de que el Consejo de Gobierno de Lakua aprobara el pasado martes la Estrategia de Desarrollo rural 2030 y el Programa de Desarrollo Territorial (PDT) presentado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca que comanda Amaia Barredo. Esta iniciativa tiene como objetivo ordenar la acción pública en el medio rural. Lo hace de manera transversal, conectando la ordenación del territorio, transición ecológica, vivienda, movilidad, sanidad, innovación y cohesión social.
Su propósito es mejorar la calidad de vida de las personas que viven en las zonas rurales y busca hacerlo a través de tres grandes cuestiones: garantizar igualdad de derechos y servicios básicos; impulsar la diversificación económica y la innovación; y preservar y valorizar el entorno natural y cultural. Las áreas de intervención se han dividido en tres grandes áreas: dinamización, gobernanza y planificación. Ésta última es la que incluye el PDT, uno de los pilares de esta estrategia en cuanto a la planificación se refiere y sirve de marco para los Programas Comarcales de Desarrollo Rural (PCDR).
“El PDT permitirá coordinar y alinear políticas y programas, aplicar el mecanismo de garantía rural, definir programas de ayudas y financiación y favorecer la complementariedad entre iniciativas territoriales y sectoriales. Todo ello con la finalidad de lograr los objetivos establecidos, como son preservar el medio rural y el espacio agrario, fomentar la diversificación económica y el empleo y mejorar el bienestar de la población rural”, subrayó la consejera.
Pago en efectivo
Un estudio reciente del Banco de España reflejaba que el efectivo sigue siendo el medio de pago más utilizado a diario en establecimientos físicos (65%), aunque los abonos con tarjeta (32%) y, sobre todo, con dispositivos móviles (10%) se hallan en crecimiento. Los hábitos de pago varían según la edad y el nivel de estudios, siendo el efectivo más usado por las personas mayores y con formación básica, mientras que las tarjetas y los móviles ganan adeptos en la población joven y con estudios superiores. Hoy en día es cada vez más visible el pago mediante tarjeta de crédito en el móvil o smartwatch, e incluso saldar cuentas pendientes por Bizum, pero la carencia de un cajero a nuestro alcance puede suponer una tremenda complicación.