El sistema de la Seguridad Social, según los datos cerrados a 31 de julio, contabiliza en Bizkaia 512.778 trabajadores que cotizan y 198.160 perceptores de una pensión por jubilación. Hay en definitiva 2,58 empleados que ingresan parte de su salario en el fondo común de las pensiones por cada persona retirada que cobra al mes del mecanismo público de protección social.
Esa correlación no ha sufrido grandes variaciones los últimos años a pesar de que la economía vizcaina ha consolidado este curso su nivel de empleo por encima del medio millón de afiliados, récord histórico en el herrialde.
Uno de los motivos es que el progresivo incremento de la edad de jubilación legal a los 67 años a partir de 2027 de momento solo ha conseguido que la edad media real del retiro se sitúe en 65 años en Bizkaia. Además, el aumento de la esperanza de vida incrementa de forma paralela el periodo de permanencia en el sistema.
De modo que por un lado no se ha alargado significativamente la vida laboral y, por otro, sigue subiendo el tiempo en el que se recibe la pensión. Asimismo hay que tener en cuenta que la cifra total de pensionistas vizcainos –jubilación, incapacidad permanente, viudedad y orfandad– asciende a 304.214. Eso implica que por cada perceptor de una pensión contributiva hay 1,68 trabajadores.
La pensión más alta del Estado
Y otro factor que no hay que perder de vista es que la pensión media de Bizkaia –1.629 euros brutos en total y 1.868 euros en el caso de las de jubilación– es la más alta de todo el Estado.
La Seguridad Social pagó en julio 495,5 millones en pensiones a los vizcainos y la aportación mensual de los asalariados –excluidos los autónomos– ronda los 312 millones de euros, sumando la contribución de la empresa en la que están contratados. El déficit es evidente. Lo mismo ocurre en el conjunto del Estado. En el primer semestre del año, el Gobierno central transfirió 32.315 millones a la Seguridad Social, un 6% más que en el mismo periodo del año pasado. Estos fondos han servido para pagar pensiones contributivas, no contributivas, incapacidad temporal, ingreso mínimo vital y otros gastos de gestión.
En 2010, las transferencias rondaban los 10.000 millones anuales. Una década después superaron los 26.000 millones y el año pasado fueron 48.000. Para este ejercicio, la proyección oficial apunta a más de 52.000 millones.
De ahí que la Comisión Europea tenga el foco puesto en esta cuestión tras el último examen realizado por la Autoridad Fiscal Independiente (Airef), que incluyó estos ingresos extraordinarios para avalar la sostenibilidad del sistema. La Airef tendrá que repetir la evaluación incluyendo solo la entrada de fondos propios del sistema, pero la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, confía en que el crecimiento del PIB disipe las dudas de Bruselas y asegura que su Ejecutivo seguirá revalorizando las pensiones en función del IPC. Aunque no existe un número mágico que garantice la viabilidad del sistema, como asegura la ministra navarra, los expertos toman como referencia el Indicador de Sostenibilidad Demográfica (ISD) para determinar su salud.
El ISD mide la relación entre el volumen de cotizaciones y el volumen de pensiones de jubilación en función de la estructura demográfica por edad y sexo. Se considera que el sistema es sostenible cuando el ISD es igual o mayor que uno, lo que implica que los ingresos generados por los afiliados supera el gasto que supone la prestación a los pensionistas.
Un estudio de la fundación de cajas de ahorros, Funcas, incluye un análisis del ISD desde 1970 y una proyección hasta 2070 que dibuja un panorama complejo. Hace 55 años por cada euro que recibirían los pensionistas en el conjunto del Estado entraban 2,2 euros al sistema por los sueldos de los afiliados, más del doble y la financiación de las jubilaciones estaba más que garantizada.
Sin embargo, a partir de ahí la evolución entró en un ciclo de caída constante hasta el año 2000, con 1,2 euros de cotización por euro de pensión. El ISD estatal remontó a partir de entonces precisamente por la entrada de los baby boomers en el mercado laboral, que coincidió con la llegada de mano de obra extranjera. En 2022 se perdió la referencia del 1,2 y según los cálculos de Funcas en 2030 caerá por debajo del 1 y en 2040 se estabilizará en el nivel del 0,6. Es decir por cada euro destinado a pensiones, entrarán 60 céntimos en el sistema.
