El Ayuntamiento de Lemoiz, gobernado por EH Bildu, ha salido al paso de las críticas formuladas por el PNV sobre la política de aparcamiento en Armintza del gobierno municipal. La formación jeltzale argumenta que “se está permitiendo que conductores foráneos ocupen plazas reservadas para residentes, a lo que se suma que están dejando de cobrar las multas, aproximadamente 30.000 euros, por dichas infracciones”. Por su parte, el Ejecutivo local indica que “la ordenanza de aparcamiento es de 2022 y establece que durante un horario determinado en verano en algunas zonas de Armintza sólo pueden estacionar los vehículos autorizados”. Por ello, apuntan que “el mecanismo para hacer cumplir la ordenanza durante los veranos de 2022 y 2023 fue pedir a la Ertzaintza que vigilara su cumplimiento. Ante la ineficacia de este sistema, el año pasado se contrató a una empresa para sancionar las infracciones con un coste de 16.494 euros”. Para tramitar las multas se contrató a otra empresa “a cambio del 50% del importe cobrado”. Sin embargo, esta empresa tuvo problemas legales para obtener los datos de los vehículos denunciados porque el Ayuntamiento de Lemoiz tenía cedida la competencia para tramitar las infracciones de tráfico a la dirección de Tráfico desde 1991. Por ello, “el Ayuntamiento se quedó sin ingresar alrededor de 5.000 euros”, aclaran. Este año, después de modificar el calendario y horario de la ordenanza, se ha vuelto a contratar a una empresa para que haga cumplir la normativa a través de denuncias por 13.586 euros. “Tras hablar con la Ertzaintza y Tráfico, estas denuncias están siendo tramitadas por Tráfico, ya que si el Ayuntamiento quisiera tramitarlas tendría que hacerse cargo de las demás infracciones y sin Policía municipal no es viable”, argumentan. Por último, aseguran que el problema de aparcamiento está en el planeamiento urbanístico, que data de 2002.
