El año pasado fueron algo más de 90 millones de euros y la perspectiva es que cuando se salden las cuentas del presente ejercicio no haya más fraudes millonarios en la cadena de distribución de los hidrocarburos (gasolina, gasóleo e hidrocarburos) en Bizkaia. Para eso mismo se ha ratificado una adaptación en el reglamento jurídico y tributario. Y se ha hecho además por unanimidad, con el respaldo de todas las formaciones políticas a la solicitud de la Diputación Foral para ajustar quién y cuándo paga el IVA.
Una adaptación que se enmarca dentro de esa revisión fiscal comprometida -y convenida con Elkarrekin Podemos- que este mismo año dará nuevos pasos hacia adelante. Y es que tal y como han avanzado desde las filas jeltzales, más pronto que tarde -para finales de año, presumiblemente- está prevista la presentación del proyecto para regular el impuesto mínimo global a las multinacionales y el impuesto a la banca o sobre el margen de intereses y comisiones de determinadas entidades financieras.
Todo ello forma parte del paquete normativo aprobado en el Congreso de Madrid en diciembre de 2024 relativo a impuestos concertados sobre el que ahora toca trabajar al gobierno vizcaino. Lo primero, para elaborar una orden en la que se expongan con claridad los criterios de ‘operador fiable’ en esa cadena de suministro de hidrocarburos y el consiguiente registro. Tal y como ha anunciado Itxaso Berrojalbiz, diputada foral de Hacienda, se está en ello y su definición podría estar puesta en marcha “en plazo corto”.
Y la 'trama Aldama'
De este modo se espera acabar con las empresas y 'sociedades fantasmas' que operaban amparadas en el vacío dentro de ese carrusel de distribuidores sin abonar el IVA correspondiente. Estas nuevas herramientas han sido diseñadas para reforzar las costuras de esa cadena de operadores: liquidaciones mensuales, avales bancarios,... “Todo será poco para desbaratar a las tramas del fraude que son conscientes de estar bajo el foco de Hacienda y de otras administraciones con competencias en la materia”, ha resumido Alberto Álvarez (PSE) después de que desde el Grupo Popular hayan recordado la trama Aldama.
No ha sido el único ‘encontronazo’ entre sensibilidades políticas que se ha podido escuchar hoy en la Casa de Juntas de Gernika. El otro llegó desde las bancadas de EH Bildu y PNV. Los primeros, por boca de Arantza Sarasola, han hecho gala de su posición crítica al tiempo que hablaban del autogobierno y de la soberanía. Los segundos, por boca de Aitor Arregi, han recordado a la coalición que el contenido de este paquete de medidas fue aprobado en Madrid, donde los jeltzales lograron arrancar que las decisiones finales sobre todos estos impuestos puedan ahora ser debatidos y decididos en Bizkaia, y en Euskadi en general.
“No fue fácil aprobarlo, entre otras cosas porque había quien quería que algunas figuras tributarias siguieran siendo gravámenes hurtando así a estas Juntas Generales la posibilidad de debate y decidir sobre las mismas. Convertir aquellos gravámenes en tributos concertados no es una cuestión semántica. Es la garantía de que Bizkaia tenga la última palabra sobre impuestos cruciales que afectan a nuestra economía y bienestar permitiendo adaptar nuestra política fiscal a las necesidades del territorio”, ha zanjado.