La Diputación Foral de Bizkaia lanzó ayer un llamamiento a garantizar “una vida digna” a los menores extranjeros, “independientemente de su origen o situación migratoria”. La institución foral colaboró en una jornada, organizada por la UPV/EHU, en la que abordó los desafíos jurídicos y humanitarios que supone la atención a la infancia en procesos migratorios.
La reunión de trabajo reunió a especialistas en Derechos Humanos y Derecho Internacional para abordar los desafíos jurídicos que afectan a los migrantes que se encuentran en una situación más vulnerable: los menores no acompañados, los que se encuentran en situación de desamparo y los nacidos durante el tránsito migratorio, que pueden quedar sin identidad ni nacionalidad reconocidas.
La diputada de Empleo, Cohesión Social e Igualdad, Teresa Laespada, subrayó durante la apertura de la jornada la urgencia de situar esta realidad en el centro de la agenda pública y reafirmó el compromiso institucional con la infancia más vulnerable. “Debemos actuar con urgencia, por solidaridad, por empatía, por justicia, por democracia, para asegurar que cada menor, independientemente de su origen o situación migratoria, tenga el derecho a una vida digna, segura y llena de oportunidades”, defendió.
Laespada se mostró convencida de que “la protección de estos menores debe ser un esfuerzo colectivo entre administraciones, entidades sociales y profesionales del ámbito jurídico para garantizar que no solo reciban atención básica sino que se les brinde la oportunidad de tener un futuro digno”. Y fue tajante en ese sentido. “No podemos permitir que haya niños y niñas invisibles, sin nombre ni derechos reconocidos”.
Bajo el título Infancia, Movilidad y Derechos Humanos: menores separados, apatridia y respuesta institucional, el encuentro reunió expertos en Derecho Internacional, juristas, operadores sociales y representantes institucionales con el objetivo de analizar los vacíos legales que afectan a los menores que se encuentran en estas situaciones y debatir soluciones jurídicas viables que garanticen el interés superior del menor.
Sin progenitores
Los participantes abordaron una realidad especialmente compleja: la llegada de menores acompañados por personas adultas que no son progenitores ni tienen la tutoría legales. En estos casos, tal y como establece la legislación civil, las autoridades activan el protocolo de desamparo y les encomiendan a los servicios de protección de la comunidad autónoma, poniéndolo en conocimiento del Ministerio Fiscal. La entidad pública correspondiente asume así la tutela y la representación legal. También se abordó la cuestión de los niños nacidos durante el tránsito migratorio, que llegan al Estado sin certificado de nacimiento y sin posibilidad de inscripción registral ni acceso a una nacionalidad reconocida.
Especialistas como Cristina Manzanedo, directora del programa Ödos de la Fundación EMET, e Iker Barbero, profesor de Derecho Internacional en la UPV/EHU, defendieron la necesidad de articular una respuesta jurídica “coordinada, sensible y eficaz”. Ambos insistieron en que la protección legal debe ir de la mano de la acogida y de una coordinación efectiva entre servicios sociales, administraciones, Ministerio Fiscal, jueces y registros civiles. La jornada concluyó con un llamamiento a reforzar la cooperación institucional y avanzar “hacia un sistema más garantista y justo para el conjunto de menores migrantes”.
