El PNV denuncia que “no se cumplen” las presupuestos participativos

En este sentido, tal y como señaló el portavoz del PNV de Portugalete y edil de Seguridad Ciudadana en la pasada legislatura, Txema Ezkerra, al conocerse los resultados del proceso de presupuestos participativos, desde el área municipal que dirigía comenzaron a hacer las gestiones pertinentes para hacer realidad el mandato de la ciudadanía. Para ello, desde el Consistorio se hizo una auditoría sobre el estado de la videovigilancia en la villa y unos pliegos para el contrato que permitiría ampliar la red de videovigilancia jarrillera.

“El nuevo pliego suponía pasar de los 20.850 euros anuales a un máximo de 55.000 euros al año financiado con la aportación económica de los presupuestos participativos”, declaró Ezkerra. En este sentido, para poder hacer realidad este proyecto, desde el Consistorio se llevaron a cabo todas las modificaciones de crédito pertinentes, lo que ya permitía la licitación del nuevo sistema de videovigilancia.

“Estas modificaciones presupuestarias entraron en vigor unos días después de finalizar la responsabilidad del PNV como parte del equipo de gobierno, tras las elecciones de mayo de 2023. Técnicamente a mediados de junio de 2023 se podría haber comenzado con el procedimiento de contratación, pero no fue así”, indicó Ezkerra. Con la mayoría absoluta socialista en los comicios municipales de mayo de 2023 el proyecto parece haber quedado olvidado en un cajón. Durante el traspaso de información a los nuevos responsables políticos se hizo entrega de toda la información, se explicó al detalle los pasos a dar y se ofreció ayuda para poder realizarlo “en varias ocasiones”, ofrecimiento que se extendió también a inicios de 2024 “al percatar un error en el proyecto de presupuestos redactado por el equipo de gobierno que podría suponer retrasos para iniciar la contratación y brindando una solución al mismo que no fue atendida”, indicó el portavoz jeltzale en el Ayuntamiento de Portugalete.

Asimismo, el PNV en su denuncia pública narra que el pasado mes de agosto el equipo de gobierno inició el proceso de contratación de la videovigilancia con unos pliegos que “para sorpresa del PNV solo recogen el mantenimiento de los equipos ya existentes desapareciendo las inversiones para modernizar y ampliar las zonas de videovigilancia”. Además de las condiciones del contrato, también han cambiado, lógicamente, las dotaciones presupuestarias destinadas al mismo. De esta manera, si en los pliegos elaborados cuando los jeltzales dirigían el Área de Seguridad Ciudadana, la inversión en videovigilancia ascendía a 55.000 euros anuales, con los pliegos presentados por el equipo de gobierno actual la inversión será de 55.000 euros en dos años. Estamos ante un incumplimiento injustificado de lo que los y las jarrilleras votaron en los presupuestos participativos pero sin duda lo más grave es que los y las agentes de la Policía Local y la propia Ertzaintza que suele hacer uso de los imágenes grabadas para resolver delitos, no van a contar con un sistema moderno de videovigilancia que iba a cubrir zonas no videovigiladas que acumulan numerosas incidencias policiales”, concluyó Ezkerra.