Por el imperativo moral de que nadie muera en la red viaria
En 2023 fallecieron 8 personas, cifra que se quiere mantener hasta 2030
La intención foral de examinar cada kilómetro de la red viaria vizcaina nace por el imperativo moral y ético de que nadie debería morir o resultar herido al circular por el mapa de Bizkaia.
Relacionadas
Es más, la Diputación considera “inaceptable que se atribuya la única responsabilidad de las consecuencias de los accidentes a los usuarios que cometen los errores”. Las estadísticas generales achacan al estado de la red viaria un bajo porcentaje a la hora de determinar las causas de los siniestros con vehículos implicados. Aun así, el ente foral quiere poner todo lo que tenga en su mano para que ese parámetro se rebaje a 0.
Considera que “un sistema seguro espera que las carreteras se planifiquen, diseñen y operen de forma que sean indulgentes con los inevitables errores humanos, de modo que sea improbable que se produzcan lesiones graves”.
Además este objetivo es uno de los pilares básicos de la política de la Comisión Europea reflejado en sendas directivas en las que se establecen una serie de procedimientos destinados a conseguir un nivel de seguridad elevado y homogéneo en la Red Transeuropea de Carreteras.
Incluso los objetivos rectores de salud pública de las Naciones Unidas en la materia se han concretado en la inclusión de la Seguridad Vial en dos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
También existen diferentes declaraciones internacionales y planes de acción estratégicos viarios a distintos niveles cuyo objetivo esencial es reducir en 2030 al 50% las cifras de fallecidos y heridos graves con respecto al inicio del decenio, e incidir también sobre los colectivos más vulnerables.
En el año 2020 en Bizkaia fallecieron 16 personas en la carretera, con lo que el objetivo es que dentro de seis años no se superen los ocho muertos sobre el asfalto. Esa cifra ya se consiguió el pasado año tras un descenso con respecto a 2022 de diez fallecidos.
La Diputación tiene en vigor un decreto sobre Gestión de la Seguridad de las Infraestructuras Viarias en la Red de Carreteras del territorio que regula los procedimientos y marcos de actuación obligatorios. Destacan las evaluaciones de impacto de las infraestructuras en la fase inicial de planificación o las auditorías de Seguridad Vial a acometer en las fases de anteproyecto, proyecto, construcción y previa a la puesta en servicio. Otras actuaciones son la gestión de la seguridad de las infraestructuras en servicio y la realización periódica de inspecciones en carreteras en servicio.
Con la licitación en marcha, la Diputación quiere dar cumplimiento a lo establecido en la normativa referida a la gestión de la Seguridad Vial, así como proyectar aquellas actuaciones que permitan la consecución de los objetivos de reducción de los niveles de siniestralidad.