"ATENCIÓN, juzgado desbordado". El cartel colgaba en una sala de vistas y en él se informaba de que habían recibido en la primera quincena de septiembre 387 demandas, frente a las 66 del mismo periodo del año pasado. “Por favor, téngalo en cuenta”, pedían. El tribunal no estaba en Euskadi, pero podía haberlo estado. “En menor medida que en otros lugares, esto no es Andalucía ni Madrid, pero en el País Vasco también tenemos ese problema estructural de que nos faltan juzgados y jueces”, afirma Emilio Lamo de Espinosa, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Bilbao y miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.
Ante estas carencias, que congestionan los juzgados y repercuten en el estado emocional y la economía de los ciudadanos, la petición al Ministerio de Justicia se repite. “Reclamamos todos los años la creación de más juzgados y la dotación de más jueces. Que vengan jueces en prácticas, que asumen funciones de sustitución y refuerzo, y que se creen las plazas donde tenemos ya perfectamente identificado que las necesitamos para poder dar esa respuesta que ahora mismo se da porque los jueces van con la lengua fuera”, reivindica Lamo de Espinosa, como presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Euskadi.
La demora afecta a la ciudadanía
“Los pleitos suponen una carga económica”
El año pasado ingresaron en los juzgados vascos 232.496 asuntos, 10.911 más que el ejercicio anterior, y la duración media de los procesos en la primera instancia fue de 5,8 meses, apenas tres décimas por debajo de la media estatal. Una cifra que se elevó hasta los 8,9 meses en la jurisdicción social y hasta los 10 en la contencioso-administrativa. En esta coyuntura Lamo de Espinosa no duda al afirmar que los juzgados de Bizkaia están saturados. “Más en unas jurisdicciones que en otras, pero hay incremento de trabajo por regla general en todas”, corrobora.
Al otro lado de las estadísticas, la ciudadanía, lógicamente, se ve afectada por esta congestión y las consiguientes demoras. “Para toda persona que tiene un procedimiento judicial su problema es el más importante. Tener una causa abierta supone una carga emocional y más si, por ejemplo, estamos hablando de una cuestión laboral, un despido o una reclamación de cantidad por cuestiones de trabajo”, destaca.
En el ámbito penal las consecuencias se agravan. “Estar esperando la celebración de un juicio con una amenaza de que se te pueda llegar a imponer una pena, fundamentalmente de prisión, lógicamente genera una carga psicológica en el ciudadano muy importante. Ese sería el principal problema”, subraya.
Habría que añadir el que atañe al bolsillo de los implicados. “Otro problema es la carga económica que suponen los pleitos. La persona que los sufre tiene que abonar las cargas independientemente de su situación económica, a no ser que tenga derecho a asistencia jurídica gratuita, pero también supone una carga económica”, remarca. La Administración, dice, también resulta afectada. “En las cuentas de consignaciones de los juzgados que reciben el dinero para posteriormente entregarlo por responsabilidades civiles y demás hay millones de euros. Todo ese dinero puesto en el circuito económico podría tener una rentabilidad y, mientras no se reparta, está en una cuenta anquilosada”, señala, para concluir que “los efectos que se producen por tener una Justicia que no responde en unos plazos razonables afectan a todos”.
Primera instancia y lo social
“Incremento de trabajo sin visos de solución”
Con la vista puesta en Bizkaia, Lamo de Espinosa avanza que “donde la carga de trabajo es más abultada, se va incrementando y no hay visos de solución” es en los juzgados de primera instancia y de lo social. En estos últimos, ubicados en Bilbao, apunta, “el aumento es exponencial y se trabaja en unas condiciones que dan pena”. De hecho, recuerda, “hace nada se creó el juzgado nº 12 y ya estamos planteando la necesidad de crear un juzgado de lo social nº 13. Es decir, la carga que soportan es elevadísima y requieren un mínimo de dos o tres juzgados al año para que se pueda dar una respuesta razonable”. En cuanto a los juzgados de primera instancia, explica que “han visto notablemente incrementadas sus competencias” y ahora tienen que abordar, por ejemplo, “las cuestiones relativas a la navegación aérea o la revisión de los procedimientos sobre incapaces de la ley 8/21, lo que produce un incremento de la litigiosidad y de juzgados que están colapsados. Requerirían también la creación de dos o tres juzgados por año”, estima.
La realidad, sin embargo, lamenta, es “que en todo el País Vasco solo se está creando un juzgado al año y ninguno afectante a las jurisdicciones civil ni social. El último fue un contencioso en Araba, que ni siquiera era una petición de la Sala de Gobierno, cosa bastante llamativa”, señala. Lo que sí vienen reivindicando “hace muchos años es la creación de una plaza en la sección tercera de la Audiencia Provincial de Bizkaia, que es la única que tiene tres magistradas en lugar de cuatro. No sé por qué motivo todavía no se ha creado”.
En la jurisdicción contenciosa, donde se abordan “procedimientos complejos”, como “las reclamaciones de responsabilidad patrimonial en hostelería derivadas de la pandemia o las OPE”, también “se ha incrementado este año la litigiosidad”. Además, “en Bilbao teníamos seis juzgados y nos hemos quedado con cinco, lo que supone un incremento notable de la carga”, destaca, mientras apunta que “los juzgados de instrucción en el País Vasco, por lo general, van todos al día. Funcionan rápido y bien”, subraya.
Señalamientos todos los días
“Celebran juicios por la mañana y sentencian”
Los ERTE derivados de la pandemia, los despidos, las reclamaciones de cantidad, la suspensión de juicios por las huelgas del personal... Son varios los factores que han contribuido a “esta situación de colapso”, a la que se hace frente, asegura el magistrado, gracias “al carácter voluntarista que tienen los jueces que han sobrecargado las agendas de señalamientos, celebrando juicios por la mañana a diario y a continuación dictando las sentencias”.
Según explica Lamo de Espinosa, “en la Administración pública la forma que normalmente existe para cubrir las bajas de trabajadores es a través de sustituciones y, en caso de prolongarse, en comisiones de servicio. Estos mecanismos, que deberían ser excepcionales, se utilizan de forma habitual”, censura, lo que va en detrimento del servicio. “Un juez que está ya sobrecargado debe de sustituir a otro que también lo está y al final el sistema no es eficiente. Se retrasa la respuesta y eso se produce porque los medios personales que tenemos son muy escasos”, denuncia y pone el foco “en el Ministerio de Justicia, que es el responsable de crear esas plazas de juez y esos nuevos juzgados”.
