Casi 30.000 vizcainos esperan una vivienda de renta protegida en Etxebide

En términos relativos, esos 29.360 vizcainos inscritos en Etxebide representan un porcentaje bastante pequeño de la población total del territorio, algo más de un 3%. Pero si tomamos como referencia el número de viviendas que harían falta para darles una respuesta, se tendría que levantar una ciudad del tamaño de Durango o Leioa.

Uno de los resultados más relevantes del estudio, y que se viene constatando en los últimos años, es que la mayoría de las personas y familias inscritas en el servicio vasco para solicitar una vivienda protegida se encuentran ya residiendo en un piso de alquiler libre. En Bizkaia, el 78,9% de los solicitantes está independizado, un porcentaje inferior al 83,5% que se registra en Araba, la tasa más alta de Euskadi, y algo mayor que la de Gipuzkoa (75,6%). De ellos, más de la mitad vive en un piso alquilado en el mercado libre, uno de cada cinco lo hace en una habitación alquilada o vive en un piso compartido, y son muy pocos (un exiguo 2,6%) los que tienen a su disposición una vivienda cedida.

Residir en Bizkaia

Es precisamente esta circunstancia la que explica que, a la hora de preguntar a los solicitantes de una vivienda protegida por qué la necesitan, más de la mitad exponga como principal motivo la necesidad de acceder a un piso más barato, con una renta más asequible que la que tienen que hacer frente actualmente. Para otro tercio, la principal razón es el estado en el que se encuentra el piso donde vive: quieren residir en una vivienda con unas condiciones de habitabilidad mejores a la actual. Y es que el parque de viviendas en Euskadi tiene una antigüedad importante: con una media de 46 años, presenta importantes necesidades de rehabilitación y adaptación a las condiciones de accesibilidad y eficiencia energética. También se citan, entre las respuestas, dejar de compartir piso con otras personas y, entre los que todavía viven con sus padres o familiares, independizarse y formar un nuevo hogar.

Hay que tener en cuenta, además, que el parque de vivienda en alquiler en Bizkaia, como en todo Euskadi, es pequeño. Solo un 13% de los pisos están alquilados, cinco puntos por debajo de la media estatal y 12 por debajo de las comunidades en los que este mercado es más dinámico. Y es, además, un ámbito muy concentrado, que tensiona las zonas con mayor demanda, como las áreas metropolitanas de las capitales vascas y los municipios turísticos. 

Demanda de alquiler

La demanda de alquiler protegido se ha multiplicado por 2,6 desde 2009, debido al desajuste entre la renta disponible y el precio de la vivienda en alquiler en el mercado libre, al que muchos no pueden acceder por su nivel de ingresos. De hecho, más de la mitad de las personas que necesita acceder a su primera vivienda optaría exclusivamente por el alquiler. Más allá del cambio cultural que se está produciendo en torno al hecho de comprar o no el hogar en el que se va a vivir, la situación económica explica en gran medida la opción creciente por el arrendamiento, ya que solo una de cada cuatro personas cuenta con ingresos suficientes para acceder a su primera vivienda. 

Entre los inscritos predominan las familias frente al menor peso de las personas que viven solas. De hecho, la mayoría (un 26,4%) son familias monoparentales, padres o madres con hijos, que, unidos a los matrimonios y parejas con descendencia, se acercan a la mitad de los solicitantes. Por el contrario, los matrimonios o parejas, o las personas que viven solas, ni siquiera alcanzan un tercio del total. El número de miembros por hogar se sitúa en 2,6 personas, por encima incluso del tamaño medio de los hogares vascos.

Bajo nivel de ingresos Con ingresos tan bajos que les sitúan cerca de la exclusión residencial, perceptores de ayudas y con la espada de Damocles de que, probablemente, tengan que dejar su vivienda actual por no poder pagar la renta. Es el perfil mayoritario de las personas actualmente inscritas en Etxebide de Bizkaia, lo que refleja su situación de precariedad.

Alquiler libre

Buena parte del reducido parque de alquiler libre y protegido de Bizkaia está actualmente ocupado por personas y familias que tienen serias dificultades para asumir el pago y tienen que realizar un esfuerzo excesivo. En el mercado libre pagan, como media, 644,19 euros al mes por una vivienda –que se eleva hasta los 657,41 euros al mes en el caso de Bilbao– y 335,36 por una habitación en un piso compartido –341,87 los que viven en la capital vizcaina–. Las políticas públicas de vivienda han permitido limitar el número de hogares a los que se les ha aumentado la renta de alquiler en los dos últimos años, un 40% del total. En todo caso, el aumento de precio que han experimentado es significativo: 65 euros de media en dos años, algo menos del 10% de la renta media de partida.

Su nivel de ingresos medio, además, es muy reducido: cobran, por unidad familiar, 1.268 euros al mes, cuando la media por hogar en Bizkaia se sitúa en 3.184. Menos de la mitad. La renta es todavía más baja en el caso de las personas y familias que comparten piso: 1.083 euros mensuales. Una situación muy cercana a la exclusión residencial.

La combinación de ambos factores genera una situación explosiva. Estas familias se ven obligadas a destinar el 42,2% de sus ingresos al pago del alquiler, el mayor porcentaje en todo Euskadi, donde la media está en el 39,1%, por encima del 36,3% de Gipuzkoa y del 36,7% de Araba. Y es todavía mayor en Bilbao, la capital, donde roza la mitad de los ingresos al situarse en el 44,1%. En el caso de las personas que viven en un piso compartido, alquilando una habitación, el esfuerzo financiero es del 26,6%.

Por todo ello, no es de extrañar que la mayoría de ellas precisen de prestaciones y ayudas para afrontar el pago mensual del alquiler de su vivienda: a dos de cada tres familias les sería imposible llegar a fin de mes si no fuera por estas cobertura económica. Principalmente se trata de la RGI –la reciben el 34,2%–, Gaztelagun –un 7,3%–, la Prestación Económica de Vivienda –un 7,6%–, las ayudas de emergencia social concedidas por los ayuntamientos –un 6,7%– y las ayudas al alquiler municipales –un 2,6%–.