La señal de alarma saltó el pasado 23 de enero. El Ayuntamiento de Lemoa recibió una notificación oficial de la compañía de suministro alertando de un “grave riesgo eléctrico y de incendio” en los edificios de Agarre, compuestos por 32 viviendas propiedad de Cementos Lemona. Solo uno de esos pisos mantiene vigente un contrato de arrendamiento con la cementera. El resto llevan años ocupados por familias y personas de diferentes perfiles y procedencias.
Tras ese comunicado, la maquinaria del consistorio se puso en marcha sin dilación “para garantizar la protección, seguridad e integridad de todas esas personas”, ha declarado la alcaldesa Esther Iturrioz. El primer paso fue la apertura de un expediente acompañado de un informe jurídico y una resolución de alcaldía que establecen la obligación de “suspender cautelarmente el uso del inmueble” y conceder un plazo de 24 horas a los ocupantes para que desalojen las viviendas. “Todo ello motivado y justificado por el riesgo de incendio”, incide Iturrioz.
Atención y alternativas para los afectados
A partir de ahí, un grupo de trabajo (integrado por también por administraciones como Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia o la Mancomunidad de Arratia) han aunado esfuerzos con el objetivo de buscar una alternativa habitacional a los afectados y “acceso a itinerarios para emprender proyectos de vida y oportunidades de formación".
Ese mismo viernes 23 de enero comenzaron los contactos y las reuniones “con las familias que tienen a su cargo menores” a través de las trabajadoras sociales de la Mancomunidad de Arratia y acompañados por un servicio de traducción de la Cruz Roja. El resultado de esas gestiones es que “todas las familias en situación de ocupación aceptan la propuesta de reubicación que se les plantea, a excepción de dos y otra que aún depende de Cementos Lemona”.
De manera paralela, y junto al servicio Biltzen de integración y convivencia intercultural de Gobierno Vasco, se diseña una estrategia de actuación con otras 27 personas sin cargas familiares que incluye visitas de servicios sociales, Ertzaintza y personal del Ayuntamiento para recopilar datos exactos sobre los habitantes de las casas (número de personas, identificación y contacto). Todo ello, con el objetivo de “tener una fotografía de sus perfiles para el posterior acercamiento y ofrecimiento de alternativas, siguiendo siempre las directrices del Gobierno Vasco que ya tienen experiencia en este tipo de casos”.
"No hemos dejado a nadie en la calle. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para alcanzar acuerdos y soluciones"
Ese acercamiento in situ se produjo la tarde del 27 de enero con una reunión informativa en el barrio de Agarre, en la que también estuvo presente la propia alcaldesa de Lemoa. Un día después, el pasado miércoles, la trabajadora social de la Mancomunidad de Arratia comienza a realizar llamadas individuales a las 27 personas identificadas. En esas comunicaciones, “8 personas dan el visto bueno a la propuesta de reubicación del Ayuntamiento y las restantes 19 la rechazan”, precisa la alcaldesa que afirma “haber hecho todo lo que está en nuestras manos para alcanzar acuerdos y llegar a soluciones”.
Dos familias y 19 personas aún en Agarre
Las familias y personas que han aceptado la alternativa habitacional y el posterior acompañamiento planteado han ido dejando “de manera voluntaria y han entregado las llaves” de las 17 viviendas de Agarre que estaban ocupando y “van a seguir un proceso de inserción con acompañamiento social para cubrir sus necesidades”, asegura Iturrioz.
En los edificios del barrio de Agarre continúan, por tanto, 15 pisos ocupados. Según los datos recabados y que maneja el Consistorio, allí permanecen dos familias con menores a su cargo y otras 19 personas que no han aceptado la ayuda ofrecida.
Con el apoyo de Ongi Etorri y Arratiako Sare Antirrazistak los afectados han dado este viernes una rueda de prensa para denunciar una actuación, a su juicio “irregular” desmentida a través de la correlación de hechos aportada por un Ayuntamiento que también niega ser responsable del corte de agua y de luz que dicen sufrir “desde el jueves 29”.
Entre ellos están Antonio Pisa, con su mujer y sus tres hijos menores, y Nerea, con dos hijos a su cargo. Han rechazado la alternativa habitacional “porque solo nos ofrecen un albergue o una habitación por familia". De momento, van a permanecer en los bloques de Agarre, hasta el punto de que Antonio tiene claro que "no me voy a ir hasta que no vengan con una orden judicial".
Ambas familias tienen, además, "mascotas que nos nos podemos llevar a los alojamientos propuestos”. Sobre este aspecto, la alcaldesa entiende la preocupación por el destino de los animales de compañía, pero insiste en que “se trata de una actuación de urgencia y provisional” y asegura que se ha ofrecido la ayuda de la técnica de Medioambiente y del servicio de gestión de animales contratado por el Ayuntamiento.
En la comparecencia de este viernes, Ongi Etorri ha llegado a calificar los hechos de "desahucio expres" y reclama “un acogimiento adecuado a la situación de cada familia, en función de su diversidad, composición y necesidades reales” y que sea de “modo atemporal y efectivo”. El Ayuntamiento insiste en que se está actuando "con todas las garantías legales" y con el firme propósito de “no dejar a nadie en la calle". Sobre las familias y personas que han rechazado la ayuda, garantiza que “vamos a seguir trabajando con quienes se han quedado en Agarre porque nuestra prioridad es su seguridad y protección”.
