La consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, Arantxa Tapia, ha asegurado esta mañana de viernes en el Parlamento Vasco que las medidas necesarias para mejorar la seguridad del vertedero de Zaldibar "se pueden tomar de forma inmediata, son sencillas y muy rápidas de aplicar, se podían hacer con 15 dias de trabajo", una labor que aseguró debe realizar la propiedad de la instalación "porque tiene recursos económicos suficientes para abordarla".
La consejera ha respondido así esta mañana a preguntas del parlamentario de EH Bildu, Mikel Otero, sobre la falta de seguridad del vertedero de Zaldibar recogida en un informe geológico encargado por la propia consejería para determinar el futuro de la infraestructura.
El estudio, además de concluir que no es apto para ninguna actividad económica, indica que los coeficientes de seguridad de la infraestructura son peores que cuando el Ejecutivo autonómico abandonó el vertedero tras remediar medioambientalmente la zona, estabilizar el terreno y buscar a los dos trabajadores enterrados tras el derrumbe.
El informe técnico determina que se han incumplido todas las exigencias de reparación, mantenimiento y recuperación que tenía que haber llevado a cabo el administrador concursal después de que Verter, la empresa propietaria del vertedero, declarara su quiebra pocas semanas después de que el Gobierno vasco llevara a cabo de forma subsidiaria el asentamiento provisional de la instalación y la búsqueda de los dos operarios.
Mediciones constantes
Esta mañana la consejera ha confirmado estos datos pero también ha dicho que "no hay un daño inminente" que obligue al Gobierno vasco de nuevo a entrar de forma subsidiaria en la infraestructura, algo solicitado minutos antes por el parlamentario de EH Bildu, y que ya hizo cuando se precipitó el vertedero en 2020.
Ha referido que los informes indican que "hay que realizar una cubrición de forma inmediata para que no se produzca ningún filtrado de agua, que estamos midiendo y que no existe en este momento".
De hecho ha desvelado que el factor más influyente para el movimiento de los terrenos es el agua de lluvia que se haya podido filtrar por las grietas existentes y "hemos comprobado que el fondo está bien y tambien funciona el proceso de lixiviados".
Ha especificado que los análisis y mediciones continuos que se realizan avalan que estas aguas contaminantes que se generan al pasar por los terrenos contaminados "no están llegando ni al rio, ni a la regata".
"Vamos a dejar de alarmar, la situación se está controlando e introduciendo todas las medidas necesarias"
Por todo ello le ha dicho a Otero que "vamos a dejar de alarmar, la situación se está controlando e introduciendo todas las medidas necesarias". Ha reconocido, eso sí, que "la situación es complicada, ha empeorado la estabilidad del terreno, pero no aparece el daño inmediato por ningún sitio".
Por eso la petición que su departamento ha hecho al juez y la fiscalía que llevan el caso para que obligue al administrador concursal a que actué rápidamente para que los niveles de deterioro no continúen.
Ha asegurado que "el coste económico no es elevado, estamos ante un problema de ejecución de esas obras de forma inmediata y es obligación del titular. Mientras el juez no diga otra cosa no podemos entrar".
Así mismo, ha indicado que el administrador concursal "también puede realizar las labores de mantenimiento con el importe económico que tiene para ello en estos momentos. Una cubierta artificial temporal y un sellado provisional es perfectamente asumible".
Finalmente ha reiterado que "nosotros como administración ambiental estamos haciendo nuestro trabajo de control pero le corresponde a la empresa el manteamiento y el juez y la fiscalía tienen que hacer su trabajo".
