La emergencia climática ha puesto sobre la mesa la imperante necesidad de reducir la emisión de gases efecto invernadero. Pero no solo es que la transición verde sea cada vez más urgente; ahí están también la inestabilidad geopolítica y la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania, con los precios del petróleo y del gas al alza. Hay obligaciones legales que todas las instituciones deben cumplir, también la Diputación: para 2030 tiene que reducir un 35% su consumo de energía y un 60% para 2050. Su hoja de ruta ya está marcada en el Plan General de Actuación Energética, aprobado a finales de 2022 y que recoge un total de 41 actuaciones que se irán poniendo en marcha para alcanzar ese objetivo en los próximos años. ¿Una de ellas? Generar un tercio de la energía que consume a través de instalaciones de aprovechamiento que se colocarán en sus propios edificios, pero también instalar sensores de presencia para reducir la tarifa de la luz, rehabilitar edificios para mejorar su calificación energética, adquirir únicamente vehículos que consuman combustibles alternativos para su parque móvil, o fomentar que sus funcionarios utilicen más el transporte público o compartan coche en sus desplazamientos.

El compromiso de la entidad foral con la sostenibilidad energética viene de atrás; ya en 1999, en un seminario celebrado en Bilbao bajo los auspicios de la ONU y la UNESCO, se aprobó la Declaración de Bizkaia sobre el Derecho Humano al Medio Ambiente. En los años siguientes se fueron poniendo en marcha estrategias para fomentar las energías renovables y electrificación del transporte. Ahora, este plan de actuación viene a fijar las acciones que se desarrollarán hasta 2030 para cumplir con los objetivos marcados por la ley, partiendo de un diagnóstico pormenorizado de los consumos energéticos de edificios e instalaciones, así como del parque móvil y el alumbrado público.

La transición verde es un camino que todos los agentes deben recorrer: los ciudadanos, las empresas... Pero también las instituciones, en lo que a sus propios consumos de energía se refiere. Desde la luz para iluminar las oficinas, la electricidad para que funcionen los ordenadores, la climatización de los espacios, el combustible de su parque móvil o la iluminación de las carreteras, hay muchos ámbitos en los que la Diputación puede recortar su consumo energético. Y de eso se trata: el plan propone un total de 41 acciones para transitar hacia una Administración energéticamente sostenible, impulsar la eficiencia energética y la promoción del ahorro, promover una movilidad sostenible y racional, impulsar el uso de las energías renovables, prevenir y limitar los impactos negativos asociados al uso de la energía y descarbonizar el sector público de Bizkaia.

El grueso de las intervenciones se centrará en el centenar de edificios y locales de la Diputación que concentran el 99% del consumo total. Una de las actuaciones consistirá en habilitar instalaciones de energías renovables en los edificios forales, tanto de aprovechamiento térmico como de generación eléctrica. ¿Un ejemplo? Aprovechar sus cubiertas para implantar paneles fotovoltaicos e instalaciones geotérmicas. Así se hará en los parques de bomberos, en el Archivo Ganguren y otros inmuebles a partir de este año y hasta 2025, con un presupuesto inicialmente previsto en 4,4 millones de euros. El objetivo es que para 2030 la Diputación disponga, en el conjunto de sus edificios, de instalaciones suficientes para abastecer el 32% de su consumo.

Sensores de presencia

Pero habrá más. Se continuará sustituyendo el sistema de iluminación actual por otro con tecnología led, hasta alcanzar su totalidad para el año 2025, y se instalarán sensores de presencia en zonas, como pasillos y baños, para garantizar que se apagan las luces cuando no hay personas en ellos. Además, toda la electricidad que consuma la institución foral tendrá origen renovable. En cuanto a la climatización, se calcula que serán necesarios 10 millones de euros para, a partir del próximo año, cambiar las calderas por bombas de calor u otras energías renovables –como la biomasa o la solar térmica para el agua caliente– y se mejorará su distribución con circuitos hidráulicos y ventiladores de velocidad variable. Además, se instalarán termostatos centralizados para regularlos a 19ºC en invierno y a 27 en verano; se analizará si se pueden reorganizar las oficinas y los turnos y horarios para ahorrar energía, y todos los equipos e instalaciones que se renueven se sustituirán por otros de la eficiencia energética más alta, asegurándose también de que no se queden encendidos cuando no estén en uso. Los propios funcionarios recibirán formación y pautas de ahorro para que, con pequeños gestos en su día a día, contribuyan a reducir el consumo energético de la institución foral y se fomentará el uso del transporte público y el vehículo compartido en sus desplazamientos.

En las carreteras forales ya es conocido que se van a sustituir las luminarias por tecnología led –con una inversión de 10 millones de euros entre este año y 2024, y un millón anual a partir de entonces– y también, en cuanto al parque móvil, todos los vehículos que se adquieren desde 2020 utilizan combustibles alternativos, excepto aquellos en los que no es posible por sus características técnicas.

Edificios

  • Rehabilitación y envolventes. Se van a realizar certificados energéticos de todos los edificios de titularidad foral, identificando aquellos que tengan una calificación inferior a B. El objetivo para 2026 es que el 40% se rehabiliten y se cambie la envolvente para mejorar su calificación energética. En total, se calcula una inversión de 8,7 millones de euros en cuatro años.

Bizkaibus

  • Vehículos ‘limpios’. En los nuevos pliegos para las concesiones del servicio de Bizkaibus se exigirá que todos los vehículos utilicen combustibles alternativos, esto es, que sean autobuses de la categoría M3, de clase I y de clase A. Esta actuación se desarrollará hasta 2030 y el coste por vehículo será de entre 300.000 y 600.000 euros.