La UPV tendrá que volver a sacar a concurso la construcción de la facultad de Medicina en Bilbao tras la renuncia por parte de las empresas contratistas a asumir las obras debido a que el alza de los precios de los materiales hacía económicamente inviable la operación. Es solo un ejemplo de los efectos que la inflación, que se arrastra desde el año pasado pero que se ha acentuado tras la invasión de Ucrania, está teniendo sobre los contratos públicos. Solo en Bizkaia, en lo que va de año, cuarenta licitaciones públicas han quedado desiertas, al no haber ninguna empresa que haya querido asumir los trabajos, por un valor que alcanza los 17,9 millones de euros, sin tener en cuenta las que ya se han vuelto a licitar. Además, otros ocho contratistas, e incluso la propia Administración, han renunciado a seguir adelante con los trabajos a pesar de habérselo adjudicados, que suman otros 69,8 millones.

Las paralizaciones de ese casi medio centenar de obras públicas, tal y como se refleja en la Plataforma de Contratación Pública de Euskadi, afectan a todas las administraciones; hay concursos de varios ayuntamientos paralizados –desde Gordexola a Lekeitio, pasando por Etxebarri, Getxo, Zeanuri, Leioa, Amorebieta, Portugalete o Mallabia– pero también proyectos que impulsan otras administraciones como el propio Gobierno vasco, la Diputación Foral de Bizkaia, el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia o la UPV/EHU.

Entre esas obras cuyo presupuesto, tal y como están los precios de los materiales de construcción, no ha resultado atractivo para ninguna constructora hay muchas que ni siquiera alcanzan los 100.000 euros. Un ejemplo es el reacondicionamiento del aseo del frontón de Etxano por el que el Ayuntamiento de Amorebieta ofreció pagar 58.274 euros. Otro son las defensas que el Gobierno vasco quiere instalar en los muelles comerciales del puerto de Bermeo y para las que reservó 48.398 euros. Pero también se pueden encontrar obras de más relevancia. Así, entre los proyectos para los que las administraciones no han encontrado contratas interesadas en asumir los trabajos están la conversión en dos unidades convivenciales, de la cuarta planta de la residencia del IFAS en Leioa, por la que la Diputación Foral de Bizkaia estaba dispuesta a abonar 2,8 millones de euros, o el remate final de la urbanización del barrio bilbaino de Arangoiti, que el Gobierno vasco trató de licitar, sin éxito, por 1,2 millones de euros.

A ellos hay que sumar otros ocho proyectos que, estando ya adjudicados, han quedado en un impasse ya que las empresas han renunciado a seguir adelante con los trabajos al no poder asumir el coste. Entre ellos se encuentran, además de la facultad de Medicina, la renovación del Ekomuseo de Artea, la reparación de la pasarela peatonal de Aperribai, en Galdakao, el nuevo centro de especialidades de Osakidetza en Zalla. En este último caso, fue el propio departamento de Salud el que, consciente de que los precios de los materiales se habían encarecido en el tiempo que pasó entre el inicio del expediente de licitación de las obras y la concesión de la licencia por parte del Ayuntamiento de la localidad, consideró que con el presupuesto inicial estas resultaba inviables y volvió a sacar a concurso la licitación. Las obras comenzaron el pasado mes de mayo y está previsto con finalicen en dos años.

Aunque la invasión de Ucrania ha terminado de poner la puntilla, los materiales que las constructoras utilizan en las obras llevan sufriendo un incesante incremento del precio desde 2020. Desde entonces, y solo hasta marzo de este año, el coste de la electricidad ha crecido un 1.224%, el del gas, un 1.163% y el del petróleo, un 84%. A un coste mayor de la energía, la industria que nutre de materiales al sector ralentizó su producción, lo que ha disparado los precios de materias primas como el acero corrugado, el cobre, la madera y el aluminio. El primero se encareció un 21% en el primer trimestre del año, tanto como lo que hizo a lo largo de todo 2021; por el cobre se ha llegado a pagar más del doble, y el precio del aluminio se disparó hasta casi los 4.000 dólares la tonelada, el doble de lo que era habitual antes de la pandemia.

Las consecuencias han sido directas sobre el sector de la construcción, que ha visto cómo el coste de las obras se ha encarecido un 20% aproximadamente. Con un margen establecido para el constructor del 6% establecido en la obra pública, la inflación llevó a que en muchos casos se terminara trabajando a pérdidas. “O se suben los precios o nadie va a edificar nada”, advertía ya en marzo Iñaki Urresti, el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia (Ascobi).

Para paliar esa situación, el Gobierno español aprobó a principios de marzo una norma para amortiguar esa subida, fijando en un 5% el alza mínima de materiales como el aluminio, el cobre o el acero para que las empresas puedan acogerse a una revisión de precios excepcional en una contratación pública, que de forma habitual no puede realizarse. Posteriormente, se amplió el alcance de las medidas y se estableció la posibilidad de incluir también otros materiales adicionales. Eso sí, quedaba en manos de cada administración revisar o no los precios. “Si no hay subida, se puede generalizar la falta de concurrencia en las licitaciones futuras y afectar significativamente en la ejecución de muchos proyectos del plan de reactivación europea”, advirtió.

Aumentar el presupuesto

Basauri ha sido uno de los Ayuntamientos que se han visto afectados en primera persona por este alza de los precios. En esta localidad, y pese a que los responsables municipales ya habían reformulado al alza el presupuesto de licitación de algunas obras antes de convocar el concurso público para su adjudicación, se han quedado desiertos unos cuantos proyectos. Ninguna empresa se presentó para llevar adelante las obras del ascensor público de Foruak, las del saneamiento de la calle Jacinto Benavente y las de la pista polivalente del polideportivo de Artunduaga. Y no solo eso; también se ha dado la situación de que algunas adjudicatarias finalmente han renunciado al contrato, como en el caso del parking gratuito en San Miguel. “El rápido aumento de los precios provoca que proyectos que podían ser rentables para las empresas licitantes cuando se sacaron a concurso público dejen de serlo durante el proceso de licitación”, explican fuentes municipales.

Ante esa situación, a los municipios no les queda más remedio que reformular los proyectos, adecuando el presupuesto de licitación a los precios actuales. “Lo hemos hecho lo más rápido que hemos podido para que los vecinos no se vean afectados pero lo cierto es que nos preocupa que pueda volver a pasar lo mismo si la escalada de precios sigue disparada”, advierten.

Santurtzi también ha sufrido las consecuencias del encarecimiento de los costes de la materia prima. A modo de ejemplo, la renovación de la avenida Iparraguirre, unas obras que inicialmente fueron adjudicadas por 835.000 euros, han tenido que ser nuevamente licitadas como consecuencia de que la empresa adjudicataria renunció a ejecutar el tajo porque no le salían las cuentas.

“De cara a poder licitar y asegurarte que un concurso no quede desierto, hemos tenido que ampliar las partidas inicialmente previstas para que las empresas adjudicatarias puedan afrontar los nuevos precios de los materiales, muchos más caros y a su vez más escasos, que hace unos meses”, señala el concejal de Obras y Servicios, Álvaro Aresti. El principal perjuicio para el Ayuntamiento, al margen de que la partida económica destinada a cada obra supone un fuerte incremento, es sobre todo, según indica “la demora en la ejecución de las obras. Hay obras que ya tendrían que estar ejecutadas, pero que debido a esta situación, aún no han empezado porque las empresas adjudicatarias en primera instancia renunciaron y eso nos ha supuesto, en algunos casos, sumar alrededor de un año de demora”.

Más información

Sin postulantes y con retiradas

  • Desiertas. Entre los proyectos que no ha querido asumir ningún contratista este año hay ascensores municipales (Basauri, Bermeo o Portugalete), pistas de pádel cubiertas (Gordexola), cubiertas para parques infantiles (Leioa), mejoras en los carriles bici (Getxo), obras de saneamiento (Ugao-Miraballes), rampas mecánicas (Barakaldo), reparación de pasarelas peatonales (Abanto-Zierbena), aparcamientos de caravanas (Trapagaran), reformas de colectores y redes de saneamiento (Consorcio de Aguas Bilbao-Bizkaia)...
  • Renuncias. El saneamiento del barrio Agarre, en Erandio; el acondicionamiento de locales y de la cubierta de un edificio en el parque científico y tecnológico, en Zamudio; la renovación del Ekomuseo, en Artea, o la renovación del suministro de agua de la residencia Txurdinagabarri son algunas de las obras que, pese a estar licitadas, no han llegado a arrancar.

Al detalle

Obras de todo tipo con licitación desierta

La variedad en el tipo de proyectos que quedan sin empresas postulantes es total y afectan a todo tipo de iniciativas que lanzan sobre todo los municipios para mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Transversal. En todas las instituciones vascas

La problemática afecta más a los contratos públicos de baja entidad donde los márgenes de ganancia para las empresas son muy escasos, pero también entidades públicas como Gobierno vasco o Diputaciones están afectadas.

Incremento de precios actualización obligada

Los constructores ya han advertido a las administraciones públicas que deben aumentar los precios de los concursos que efectúen o seguirán quedando desiertos.