El Ayuntamiento de Arrankudiaga-Zollo ha dado un paso más en su política local de vivienda con la redacción y aprobación de un catálogo y ordenanza municipal de caseríos. El principal fin de esta normativa es el de fomentar la continuidad y supervivencia de este tipo de edificaciones levantadas en espacios con una amplia extensión de suelo no urbanizable.
Y es que, tal y como explica el Consistorio en la justificación de la medida “la realidad del caserío, entendido como el edificio que sustenta una explotación familiar agraria o ganadera en una zona rural, se ha visto sustancialmente alterada” de tal forma que, de un tiempo a esta parte, “una realidad que está ocurriendo es el abandono de las edificaciones que han sustentado el caserío, con el deterioro de las construcciones y con la pérdida de posibilidad de dar en el ámbito rural una salida habitacional a personas de ese mismo entorno o de otros lugares que deciden venir a municipios como Arrankudiaga-Zollo”. A esta situación hay que sumar “las enormes dimensiones de este tipo de inmuebles, construidos en su día como residencia de una unidad de producción agraria hacen que resulten en la mayoría de las ocasiones extremadamente gravosas para sus propietarios o inquilinos que se van refugiando en zonas cada vez más pequeñas de los mismos abandonando el resto”.
División horizontal
Y en un municipio de un millar de habitantes donde, según el inventario local, existen 67 caseríos, lo que va a permitir la nueva ordenanza es “la división horizontal posibilitándose duplicar el número de viviendas existentes sin sobrepasar, en ningún caso, el número de cuatro viviendas por caserío”. Eso sí, esta actuación podrá llevarse a cabo en los baserris “que cuenten con los servicios suficientes y accesos adecuados para el uso e intensidad que se posibilite” y los criterios y exigencias a cumplir se encuentran ampliamente detallados en los 5 capítulos y 19 artículos de la normativa.
Entre otras cosas, se deberá mantener “la condición unitaria e indivisible de la parcela asociada al caserío, evitando cierres de parcela”, además de respetar “la morfología, el carácter y la volumetría del edificio original” así como sus características arquitectónicas y patrimoniales. Y es de resaltar que al menos una de cada dos viviendas resultantes de la división deberá estar adaptada a personas de movilidad reducida.
