El pleno de Juntas Generales celebrado ayer miércoles en Gernika aprobó, con el apoyo de todos los partidos políticos, la creación de una comisión de estudio del Plan Estratégico del Transporte de Bizkaia 2018-2028. La iniciativa fue liderada por los grupos que apoyan el ejecutivo foral con la intención de darle un marchamo político a las conclusiones aportadas por los redactores del informe técnico. Un trabajo encargado por el Consorcio de Transportes de Bizkaia para determinar una hoja de ruta de los transportes públicos que operan en el territorio en la presente década.

Cuando el estudio fue entregado la pasada primavera a la Autoridad de Movilidad de Bizkaia (AMB), el diputado de Transportes y Movilidad Sostenible, Miguel Ángel Gómez Viar, lo dio a conocer a las Juntas Generales. Entonces indicó que sus conclusiones no eran compartidas al completo por su departamento ni por las instituciones con quien comparte la AMB. Lo que sí avaló fue el acercamiento al análisis del transporte público en Bizkaia y el diagnóstico del punto de partida reflejado en el trabajo de la consultora.

Por ello, Gómez Viar se comprometió con los grupos junteros a crear la comisión articulada ayer miércoles para analizar esas conclusiones y dar voz a la oposición con el fin de que pudieran aportar sus ideas sobre el futuro del sector. Además, según explicó en su presentación el apoderado del PSE, Iñaki Jerónimo, la comisión también estará abierta a la sociedad, así como a las empresas y los profesionales del sector.

Todos los portavoces aplaudieron en sus diferentes intervenciones la oportunidad de participar en la comisión y apuntaron ya algunas de las líneas maestras que llevarán en este órgano.

Tras ser críticos con la tardanza en tener el documento técnico, desde EH Bildu, su portavoz, Raúl Méndez, comprometió su presencia en la comisión con "aportaciones" en relación a temas como "billete único, la perspectiva de género o la optimización, la mejora del transporte público y la bicicleta ", a la que consideró "la gran olvidada". También indicó que tendrá que prevalecer la gestión pública del transporte.

Por su parte, Emilio Lobato, de Elkarrekin Bizkaia, consideró que el consenso político sobre el Plan de Transporte es "necesario y prioritario, teniendo en cuenta el estado actual del transporte público". Apuntó también que es "una buena oportunidad" para que agentes sociales "enriquezcan" el documento final.

La redefinición del transporte público vizcaino tendrá un plazo en el tiempo, en concreto, seis meses después de la constitución de la comisión de estudio. Posteriormente, y con el mayor consenso posible, la comisión trasladará al pleno un dictamen con sus conclusiones.

Cartel de consultoras

El caso del cartel de consultoras volvió a protagonizar el debate del pleno. Las dos mociones de Elkarrekin Bizkaia y EH Bildu que pidieron la constitución de una comisión de investigación para determinar la implicación de la Diputación Foral en este caso fueron rechazadas con los votos de PNV y PSE. Ambos negaron su necesidad por la investigación ya realizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y sus portavoces coincidieron en que "si hubiera habido connivencia por parte de las instituciones, la Comisión lo habría llevado a la Justicia ordinaria". Aseguraron que "el ilícito lo han cometido las empresas investigadas, no la Diputación".

La CNMC impuso una multa de 6,3 millones a 22 consultoras e ingenierías por repartirse contratos públicos durante, al menos, diez años. La CNMC concluyó que las citadas consultoras habían manipulado licitaciones durante años y que en la zona norte esas irregularidades afectaban, al menos, a 101 contratos públicos.

Ayer miércoles todos los grupos mantuvieron sus argumentos, curiosamente utilizando el mismo informe de la CNMC, pero tomando cada portavoz las partes que defendían sus tesis. Desde los grupos de la oposición cargaron las tintas con la actuación de la Diputación, acusándola de que ha habido connivencia foral con las empresas consultoras sancionadas e irregularidades en los contratos.

Desde los partidos que apoyan el ejecutivo defendieron que el informe no recoge acusación directa a las administraciones en general ni a la Diputación en particular.

Mociones rechazadas

Del PP

El grupo Mixto-PPB defendió una reforma fiscal, un cambio en el modelo industrial, un marco regulatorio nuevo para la creación de empresas y una modificación en la política de peajes para hacer una Bizkaia "más atractiva" para la inversión. Por diferentes motivos, la propuesta no recibió ningún apoyo parlamentario.

De Elkarrekin Bizkaia

Defendió integrar el Guggenheim Urdaibai en la entidad pública Bizkaikoa y que la gestión académica y de investigación del proyecto recayera "en exclusividad" en la UPV/EHU. Los grupos que apoyan al Gobierno foral apostaron por "el camino de la cooperación" con la iniciativa privada y la Fundación Guggenheim, por lo que rechazaron la moción.