La Inspección de Trabajo de Bizkaia ha entregado al Juzgado de Instrucción Número 1 de Durango un informe en el que se concluye que la empresa propietaria del vertedero de Zaldibar, Verter Recycling, conocía que el terreno en el que se asentaba estaba en "riesgo inminente" de derrumbe y no tomó medidas.
Esta es la conclusión del informe entregado la pasada semana al juzgado de Durango que recoge la investigación sobre el accidente laboral mortal que ocurrió en Zaldibar el 6 de febrero de 2020 en el que fallecieron Alberto Soraluze, cuyo cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto, y Joaquín Beltrán, cuyos restos se siguen buscando entre los escombros.
El informe encuentra que existe una "relación causal" entre estas muertes y el "incumplimiento" de las obligaciones de la empresa en protección de seguridad y salid laboral".
Según el informe, la empresa desde el 3 de febrero "tenía conocimiento de la aparición de diversas grietas en el vertedero" por lo que varios técnicos de la ingeniería Geyser HPC, encargada de la obra del vertedero y de los servicios de asistencia técnica, estuvieron en Zaldibar los días 4 y 5 de febrero y recomendaron realizar un estudio para conocer el origen de las grietas, algo que se llevó a cabo la víspera del derrumbe.
Los topógrafos observaron movimientos en los puntos estudiados y trasladaron "su extrañeza por los resultados obtenidos que reflejaban una situación anómala", señala el informe.
El mismo 6 de febrero a las 9.33 horas un ingeniero de Geyser advirtió a la empresa de un desplazamiento "anormal" en el frente del vertedero y recomendó "paralizar los trabajos de excavación y no verter nuevos materiales en el frente del vertedero" que podían generar "más tensiones de las ya existentes" y comunicó, horas después, de que "podía darse una rotura circular del vaso del vertido con el consiguiente desplazamiento de la masa de residuos".
La Inspección de Trabajo recalca que la empresa "no adoptó decisión alguna que tuviera por objetivo ralentizar la actividad" y "tampoco informó a los trabajadores sobre la existencia de dicho riesgo", lo que supone una "infracción muy grave" y propone una sanción de 300.000 euros.
