Zalla - Alrededor de 300 futbolistas repartidos en veinte equipos entrenan en el campo de San Miguel, dentro del completo del polideportivo de Zalla. Para evitar la masificación, el Área municipal de Deportes proyecta sustituir el césped de Landaberri, donde juega el equipo senior, por hierba artificial, de forma que también pueda utilizarse y se ahorren costes de mantenimiento. Pero el proyecto ha soliviantado a la masa social del club. Y es que un convenio le concede el usufructo sobre la instalación y para ejecutar la obra sería preciso rescindirlo, algo que un sector de los socios no ve con buenos ojos.
Los servicios jurídicos del Ayuntamiento argumentan que la cesión de un terreno de juego al Zalla Unión Club, que data de 1947 y se actualizó en 1974 por tiempo indefinido, “es contraria al reglamento de bienes y debe declararse nula de pleno derecho”. Asimismo, cualquier inversión pública debería realizarse sobre un suelo también público, añaden. “El camino corto para las obras es firmar un acuerdo para anular la cesión en usufructo”, indica el concejal de Deportes, Luis Martínez, que pidió acudir a la asamblea del Zalla del pasado viernes para detallar la iniciativa antes de que se procediera a votarla. El trámite no llegó a producirse, puesto que muchos de los asistentes consideran que correspondía al presidente dar explicaciones en ese foro. En un ambiente crispado por la crisis deportiva e institucional que ha llevado a un grupo de vecinos a reunir firmas para promover una moción de censura, la directiva abandonó la sala. Así las cosas, queda el camino largo: presentar en pleno la declaración de nulidad del convenio y solicitar el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi, alargando los plazos sin tiempo para terminar antes de la próxima temporada. Los socios disconformes defienden que hay otras opciones para ganar espacio y denuncian la intención del Consistorio de despojar al Zalla de sus derechos sobre el campo. En 1983 ya se abordó en pleno la rescisión del acuerdo de cesión. El club recurrió a los tribunales y la justicia avaló su postura en 1985.
