BILBAO. La empresa se ha referido, de esta manera, a las informaciones difundidas tras el comunicado de la Guardia Civil en el que afirmaba haber desmantelado una trama que gestionaba irregualrmente toneladas de residuos peligroso en Bizkaia.
El Instituto armado señalaba que esta actividad supuestamente era cometida por una planta de gestión de residuos, a la que se le atribuiría la comisión de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente e informaba de que se había puesto a disposición de la autoridad judicial a un total de 10 personas.
La empresa, que ha indicado que se describe una "situación muy alejada de la realidad de los hechos, ha señalado que las investigaciones que se están desarrollando tienen su origen en una denuncia anónima y, "en ningún caso", se fundamentan en una actuación de oficio de la Guardia Civil "ni en episodios que pudieran mostrar indicios de daños al entorno o a la salud de las personas, consecuencia de la actividad de la planta".
Asimismo, ha precisado que, desde que tuvieron conocimiento de la investigación, en febrero de 2017, han mantenido una "total colaboración" en este proceso de investigación que aún sigue abierto.
Según ha precisado, el proceso investigador se encuentra actualmente en una fase de diligencias previas, por lo que "en ningún caso se puede afirmar que existan prácticas ilegales ni, por supuesto, delito ninguno contra el medio ambiente o las personas".
En ese contexto, ha precisado que son "particularmente falsos" conceptos utilizados como "desmantelamiento de trama" o afirmaciones acusatorias como "personas puestas a disposición judicial por la comisión de delitos".
Indumetal ha manifestado con rotundidad que es "falso" que 10 personas miembros del equipo técnico y directivo de la empresa se hayan "puesto a disposición de la autoridad judicial", ni, por supuesto, hayan sido detenidas.
Unicamente han sido citadas por la Guardia Civil para tomarles declaración en el marco de la citada investigación.
Respecto a la importación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), ha precisado que nunca se ha importado ni un solo televisor de tubo de rayos catódicos.
Según Indumental, la actividad que desarrollan tiene por objeto el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos para su descontaminación y recuperación de materiales destinados a su utilización en el ciclo productivo.
La empresa ha añadido que todos los criterios de gestión y las tecnologías empleadas para este objetivo son "las adecuadas" y responden a las mejores técnicas disponibles actualmente en el sector para tratar los residuos que recepcionan.
"NINGUN EXPEDIENTE SANCIONADOR"
Según ha precisado, su actividad no ha estado nunca incursa en ningún expediente sancionador por parte de ninguna administración competente y ha estado siempre bajo los parámetros de "cumplimiento de la legalidad, y particularmente de la seguridad, la protección del medio ambiente y de la salud de las personas que se exigen en nuestro sector, reportando periódicamente a la administración la información que garantiza el correcto desempeño de la actividad en el marco de nuestras autorizaciones".
Asimismo, ha añadido que la protección del medio ambiente y, de forma especial, la salud de los trabajadores es "prioritario" para la empresa y, por ello, realizan mediciones periódicas sobre el impacto de su actividad en ambos aspectos "con resultados satisfactorios en todos los casos".
Además, ha asegurado que su actividad se desarrolla bajo un "estricto control" de las autoridades competentes en materia industrial y medioambiental. En concreto, ha indicado que disponen de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que concede el Gobierno Vasco y que ha sido renovada recientemente (diciembre 2017).
La AAI es una resolución del órgano competente de la Comunidad Autónoma en la que se ubique la instalación, con el objetivo de proteger al medio ambiente en su conjunto, aplicando los principios de prevención y control ambiental de una forma integrada.
Por último, ha precisado, ante las informaciones aparecidas, que solicitará el amparo judicial y valorará la adopción de medidas que considere "más apropiadas para garantizar su derecho a la defensa".
