Mónica Arias: “Hace falta una unidad policial especializada en menores”
La fiscal reclama formar a agentes al aumentar los robos de móviles a diario y la violencia familiar los fines de semana “cuando quieren salir y empiezan los problemas”
Bilbao- Ante el aumento de delitos cometidos por menores, la fiscal Mónica Arias reclama agentes formados específicamente en esta jurisdicción. “Hace falta una unidad policial especializada en menores. La hay en otros ámbitos, pero parece que se ha dejado un poco de lado el del menor cuando en realidad son lo más importante de la sociedad”, afirma Mónica Arias, fiscal delegada de Menores de Bizkaia.
¿Por qué considera necesaria una unidad policial especializada? ¿Qué carencias detecta?
-Deberían de conocer, sobre todo, el procedimiento del menor, que no lo saben, cuándo se llama al fiscal, cómo se lleva a cabo la detención, cómo es la custodia en calabozos, la tramitación de las diligencias... Cuestiones que son muy básicas y que se podrían arreglar con un grupo destinado a la delincuencia infantil. Necesitarían una formación específica y una colaboración conjunta con nosotros a efectos de determinados procedimientos.
¿Se producen ahora errores, por ejemplo, en el trato de los menores durante las detenciones, por falta de conocimiento?
-No, se hacen correctamente. Lo que pasa es que se llama para dudas que se solventarían si hubiera una unidad especializada. La jurisdicción de menores tiene un ámbito provincial y trabajamos con todo tipo de Policías: Policía Municipal, la Ertzaintza y de cualquier sitio de la provincia, de manera que yo creo que sería más adecuado. Igual que la tenemos nosotros, los fiscales, los funcionarios y el equipo estamos todos especializados en ello.
Robo de teléfonos móviles, violencia intrafamiliar... ¿Qué tipo de delitos han crecido más?
-Lo de los móviles es todos los días. Parece que es el bien más preciado. La violencia familiar suele ser los fines de semana porque los menores quieren salir de casa y empiezan los problemas en el domicilio.
¿Se relaciona el aumento de estos delitos con el consumo drogas?
-Con el tráfico no porque no tenemos prácticamente diligencias preliminares. Con el consumo pudiera ser. Es uno de los indicadores de riesgo. Suele ir unido a un consumo de sustancias estupefacientes y alcohol, salidas nocturnas, falta de control en el domicilio, falta de autoridad familiar y de los centros escolares... un poco todo.
Un homicidio, una agresión sexual, robos... ¿La alarma por los últimos casos está justificada?
-A mí me alarma que se produzcan este tipo de conductas, sobre todo porque aumenta la criminalidad, el volumen de trabajo y la necesidad de control de esos menores. Igual que le preocupa a la sociedad, a nosotros también nos preocupa.
¿Los padres del menor de 13 años del ‘caso Urrengoetxea’ deberían asumir alguna responsabilidad con respecto a la familia de la víctima?
-En el caso de un menor de 14 años los perjudicados pueden ejercitar las acciones civiles que les pudieran corresponder contra el menor y sus familiares, que responden conjunta y solidariamente de los hechos cometidos por este, con lo cual podrían reclamar en vía civil las indemnizaciones pertinentes. Pasa habitualmente. Tenemos perjudicados que, una vez que se les notifica el decreto de archivo por ser menor de 14, comparecen en Fiscalía para ejercitar acciones civiles.
En el caso de los mayores de 14 años, ¿‘pagarían’ ellos con las medidas que les imponga el juez?
-Está, por una parte, la medida penal, que es siempre socioeducativa, teniendo en cuenta las circunstancias del menor. Luego, todo hecho penal lleva consigo una responsabilidad civil, que es conjunta y solidariamente con los padres.
Los centros educativos tienen que detectar a este tipo de menores...
-Los centros educativos envían trimestralmente informes de absentismo. Cuando es muy reiterado, se abren unas diligencias de investigación contra los padres por un presunto delito de abandono de menor.
¿Retirar la tutela, como en el ‘caso Urrengoetxea’, es excepcional?
-En muchas ocasiones se acuerdan ingresos por una grave desprotección del menor.
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