Barakaldo - El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha ratificado la sentencia dictaminada el pasado 2 de junio de 2015 por la que condenaba al Ayuntamiento de Barakaldo al pago de 4,8 millones más intereses por la expropiación de unos terrenos del área de Megapark y, también al pago de 1,01 millones de euros a los propietarios de unos terrenos que fueron expropiados para crear el parque comercial. El Consistorio fabril ha de hacer frente a estas indemnizaciones en calidad de responsable subsidiario, ya que la empresa Arcona Ibérica, promotora de Megapark, se encuentra en situación de concurso de acreedores desde finales de 2013. Pero el nuevo dictamen del TSJPV también ha tenido en cuenta el recurso interpuesto por el Consistorio fabril, quien solicitaba, con un informe del Área municipal de Intervención como aval, el fraccionamiento del pago de estas cantidades por suponer un gran desequilibrio para las cuentas municipales, más si cabe teniendo en cuenta la situación económica en la que se encuentra el Ayuntamiento barakaldarra.

Así las cosas, atendiendo a esta petición realizada por la institución local, el TSJPV ha dictaminado que, hasta el año 2022, el Consistorio deberá abonar, anualmente, 700.000 euros para ir satisfaciendo de forma paulatina las indemnizaciones de cerca de seis millones de euros, intereses incluidos, que la institución local debe pagar en el marco de este caso. Asimismo, ya en 2022, una vez se haya pasado el plazo de flexibilización del pago de estas indemnizaciones, el Consistorio deberá hacer frente al resto del montante adeudado.

A esta situación se llega tras el litigio que mantuvieron el Consistorio fabril y la empresa Arcona Ibérica por el pago de estas indemnizaciones que, en primera instancia, ascendían a 4,2 millones, aunque, a junio de 2015 el montante ya alcanzaba los 4,8 millones. Precisamente, fue este litigio el que obligó a la promotora de Megapark a declararse en concurso de acreedores en diciembre de 2013, hecho tras el que, según apunta la sentencia del TSJPV, es el Ayuntamiento quien debe pagar dichas expropiaciones como responsable subsidiario.

Sentencia previsible Este dictamen judicial no ha cogido, ni mucho menos, por sorpresa al Ayuntamiento de Barakaldo. Sin ir más lejos, al presentar el superávit del pasado ejercicio -en principio ascendía a 9,1 millones de euros-, ya se recordaba que el Consistorio tendría que hacer frente, posiblemente a lo largo del presente ejercicio, a diversas indemnizaciones a causa de los distintos procedimientos judiciales en los que está inmerso, dejados en herencia por la anterior corporación socialista como, por ejemplo, el caso de Ibarreta Zuloko o el mismo de Arcona Ibérica. El interventor municipal cifraba, en su informe, un posible gasto para la institución local cercano a los siete millones de euros, todo ello, sin incluir los intereses que podrían ascender a otros 700.000 euros. A esta suma, había que añadir además los cerca de seis millones de euros que el Ayuntamiento de Barakaldo tenía comprometidos en sus cuentas del pasado año para el pago de facturas o ejecuciones de proyectos que se culminarán a lo largo del presente ejercicio. Por eso, el interventor municipal, al hacer la liquidación del ejercicio 2016, calculaba que el Consistorio tenía, realmente, un déficit de 4,4 millones de euros. En este sentido, la política a seguir que está llevando a cabo el equipo de gobierno fabril, encabezado por la alcaldesa, Amaia del Campo, es la de “negociar con los juzgados correspondientes un calendario de pagos que permita que el Ayuntamiento haga frente a estas obligaciones heredadas de la anterior gestión socialista”, señalaron fuentes municipales. Estas negociaciones buscan que la institución local tenga un mayor margen de maniobra para hacer frente a estas indemnizaciones y que, además, el pago de las mismas tenga el menor impacto posible en el futuro a corto y medio plazo de la localidad.