Bilbao - Abre el grifo de la ducha y le cae un jarro de agua fría. No solo porque se ha estropeado la caldera, sino porque el propietario del piso que ha alquilado no parece dispuesto a costear su reparación. “Si ambos extreman sus posiciones, acaban en el juzgado. No por la caldera, sino porque el inquilino se mosquea, empieza a no pagar y ya está liada”. Conflictos como el que describe el experto inmobiliario Igor Godoy son el pan de cada día en su trabajo. Afortunadamente, el 85% se resuelve con un acuerdo entre las partes, pero el 15% restante deriva en el impago de la renta y, en el peor de los casos, en la disolución del contrato o el desahucio. Así lo recoge un informe que, tomando como base 700 alquileres en Bilbao, ha realizado Arrendamiento 10, un servicio inmobiliario que, entre otras cosas, media entre inquilinos y propietarios para apaciguar los ánimos y tratar de resolver estas disputas.
Una lavadora que deja de centrifugar, una nevera a la que se le apaga para siempre la luz... Lo que en otros hogares supone un simple contratiempo genera el 80% de los conflictos entre arrendadores y arrendatarios, según el citado estudio. “Desde que llega la primera factura de la revisión de la caldera, si no lo atajas bien, ya hay problemas. Es que he leído en el periódico, es que he visto en Internet... Nuestra recomendación para evitar este tipo de problemas es hacer un contrato lo más detallado posible, donde se especifiquen todas estas cosas”, aconseja Godoy, gerente de la firma bilbaina, autora del informe.
Dado que la ley de arrendamientos “carece de reglamento”, lamenta este experto, queda a la “interpretación” determinar, por ejemplo, hasta qué punto, tal y como recoge la norma, las pequeñas reparaciones originadas por el desgaste pertenecen al inquilino. “La ley dice eso y se queda tan ancha. Si lleva dos meses viviendo allí, difícilmente ha podido desgastar las correas de las persianas. Ahí ya tienes el conflicto. El propietario, por su parte, no sabe si tratan bien o no las cosas. La ley está muy coja”, subraya el experto.
Con todo, estima, “el 90% de las veces, si no ha habido mal uso, la reparación de los electrodomésticos corre a cargo del propietario porque, según otro artículo de la ley, su obligación es mantener el estado de la casa en condiciones de habitabilidad. Un concepto superamplio que se estira lo que uno quiera”, advierte. Para mediar de la forma más justa posible, tiran de jurisprudencia, sentido común y el dictamen del técnico que envían a reparar la avería y actúa como juez. “Él es quien decide si le pertenece a uno o a otro y así se lo hacemos saber a los interesados mediante circulares en las que se les argumenta por qué”, comenta Godoy, quien asegura que “la mayoría se fía de nosotros”. En ocasiones, los técnicos detectan posibles fraudes. “Hace poco tuvimos un caso de un lavadora que hacía mucho ruido y había sido manipulada por el inquilino, que le había quitado unos tacos, para que le pusieran una nueva. El técnico se dio cuenta y, aunque no te lo van a reconocer nunca, no se la reparamos”, cuenta. Hacerle cambiar a un propietario un electrodoméstico “que podría aguantar un año y pico más, degrada la relación”, lo mismo que si este se resiste a pagar una reparación, lo que puede desembocar en el impago de la renta y la consiguiente denuncia por parte del propietario.
“Si no te arregla la caldera, se lo reclamas o lo denuncias, pero no debes dejar de pagar el alquiler ni restar la reparación de la renta”, recomienda, porque “por una tontería se va agrandando la bola y puede acabar en un desahucio”. De hecho, añade, “la ley dice que el inquilino está obligado a aguantar veinte días en condiciones de inhabitabilidad”.
Pocos de estos conflictos terminan en los tribunales, pero una vez que llegan, avisa Godoy, “ya empezamos con las costas y nadie gana”.
“Inquilino, principal sospechoso” Los ruidos, la música a tope, los paraguas y las bolsas de basura en los rellanos de la escalera... Los motivos que acaloran a algunas comunidades con inquilinos en la escalera son muy variopintos. “El principal sospechoso siempre es el del piso de alquiler. Cuando hay humedades, cucarachas o alguien ha tirado algo al patio, todo el mundo le mira”, explica gráficamente Godoy, quien reconoce, no obstante, que cuando tienen que interceder lo hacen, sobre todo, “por tema de ruidos, de que ha metido un perro, actos incívicos que crispan mucho a los vecinos...”. En caso de que alguien cuele a su mascota en contra de lo pactado, el servicio inmobiliario le hace “firmar, para tranquilidad del arrendatario, una declaración jurada responsable y sacar un seguro al perro”.
En el resto de conflictos, detalla el gerente de la firma, “aperciben” al arrendatario e incluso le mandan “una carta muy light para que la presión vaya in crescendo”. Los toques de atención son graduales, apunta, porque “hay gente que es molesta”, pero en otros casos se trata simplemente de “pisos que igual llevan seis o siete años vacíos, entra gente a vivir y de repente el vecino de abajo, que está acostumbrado a no oír nada, empieza a escuchar ruidos”.
A veces la molestia, aunque genera revuelo, es cosa de un día. “Hace poco tuvimos en Zorrotza unos chicos africanos que habían tenido una niña y montaron un fiestón, pero fue algo puntual”, recuerda Godoy. Cuando los problemas persisten, avisan al inquilino de que el arrendatario se está planteando “pedir la resolución del contrato por incumplimiento”. De momento, no han tenido que acudir a los tribunales. “Nosotros -concluye- intentamos lidiar para que no vaya a más”.
Conflictos resueltos
85%