Portugalete - Los vecinos lo han conseguido. Los propietarios de las cuatro viviendas de El Progreso han vuelto a recibir el respaldo de los tribunales, y esta vez de manera definitiva. El Tribunal Supremo protege, en una sentencia definitiva, la supervivencia de estos bloques ante el planeamiento del Ayuntamiento de Portugalete de derribar las casas para alinear la carretera y crear zonas verdes. Bildu denunció ayer el dinero que “esta cerrazón” del equipo de gobierno “ha costado a todos los portugalujos”.

Las viviendas de El Progreso, en el barrio portugalujo de Repélega, se han encontrado fuera de ordenación urbana desde el año 2010, como consecuencia de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), impidiendo así a sus propietarios la realización de obras o la venta del inmueble. Los bloques 63, 64, 65 y 66 están incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco con la categoría de Conjunto Monumental, pero el equipo de gobierno socialista introdujo una alegación para excluirlas de esta categoría por razones urbanísticas y así, poder demolerlas. El objetivo, alinear la carretera en la zona y mejorar los espacios verdes.

Ante estas acciones, los vecinos se alzaron en defensa de sus históricas viviendas, la mayoría habitadas por personas mayores, e iniciaron un recorrido judicial que acaba de llegar a su fin. Además de la manera más satisfactoria.

Ya en 2012 el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se posicionó a favor de los propietarios. El Ayuntamiento decidió recurrir. Ahora es el Supremo el que ha ratificado la postura inicial asegurando que en el momento en el que se empezó el proceso municipal, el Ayuntamiento ya conocía que estas viviendas formaban parte del conjunto monumental del Gobierno vasco.

Críticas La sentencia fue dada a conocer por EH Bildu, que denunció que se mantengan viviendas fuera de ordenación durante “años y años mientras las viviendas de devalúan y no se ofrece alternativa”. Además, calificó de “injusta” la situación vivida por los propietarios de El Progreso y criticó el dinero gastado en mantener el litigio a través de recursos, lo que calificaron como “una postura beligerante”. El Ayuntamiento deberá pagar las costas del caso. - T. de la Rosa