Bermeo - La polémica de las viviendas protegidas de San Martín parece llegar a su fin. Lo hará, al menos en lo que respecta a su construcción, puesto que el Ayuntamiento de Bermeo ha anunciado que este mes retomará los trabajos para dar por concluido el proyecto en "nueve meses", según estimó la alcaldesa, Idurre Bideguren.

Paralizada la obra desde 2011 por el incumplimiento del Consistorio de resarcir los daños causados en un incidente de 2009 -entonces la obra se retomó momentáneamente tras un acuerdo-, se ha "desbloqueado un activo" y permite ahora "mirar hacia delante y poner las VPO en manos de quienes lo necesitan", señaló la primera edil.

Entre las medidas que exigía el juez, la más controvertida era el derribo de las dos últimas plantas del bloque número 2, por cuanto que su interpretación enfrenta a Bildu y PNV. Los actuales rectores municipales admiten que la altura del edificio es excesiva, mientras que los jeltzales, en el Gobierno que inició el proyecto, esgrimen que la coalición "varió en 2012 la ley de cotas que regula este edificio para hacer posible el derribo", mantienen. "En lugar de defender los intereses del pueblo, han preferido llegar a un acuerdo con una empresa -Ibarretas-, promoviendo las decisiones y modificaciones necesarias".

Los trabajos para adecuar el edificio a la legislación derribando las dos últimas plantas han sido adjudicados a la empresa Ganeko, prorrogando el contrato que mantenían -una vez satisfecha la deuda que existía-. El proyecto de la sociedad pública municipal Beruala -calificado como "aventura" por la alcaldesa- concluirá así "tres años más tarde" de lo previsto y "con un sobrecoste de dos millones".

Actuaciones En esa cantidad se incluyen los trabajos de derribo y reconstrucción, el nuevo proyecto, las costas judiciales, los intereses a pagar a la entidad bancaria en el periodo prolongado o los trabajos finalizados a rectificar. De ese coste también destaca la remuneración de 97.000 euros a un exconcejal de Urbanismo de EA durante diez años, Josean Apraiz, por su intervención como perito judicial -a petición de Ibarretas, la firma enfrentada al anterior equipo de gobierno y con el beneplácito de la juzgadora- en el caso.

Bideguren reconoció que han debido recurrir a un préstamo "con la ayuda de la Diputación" para evitar la situación concursal de Beruala, pagar las deudas con Ganeko y poder terminar las viviendas.

Opción de alquiler Finalmente, serán 36 viviendas -más dos adaptadas-, todas con garaje y trastero, con un coste de entre 140.000 y 160.000 euros. Aunque han logrado que el Gobierno vasco las haya vuelto a calificar como VPO, el Ayuntamiento está tramitando que el Ejecutivo de Gasteiz las califique como "de alquiler social o, incluso, de alquiler con opción a compra", avanzaron. "Mientras duran los trabajos trataremos de vender las viviendas aunque continuaremos los trámites con el Gobierno vasco".