Gernika-Lumo - Las aguas residuales de Bermeo y Mundaka comenzarán a ser tratadas en Lamiaran el 1 de junio. La fecha definitiva de la puesta en marcha de la instalación que se erige en Bermeo fue anunciada en la asamblea general de anteayer.

El proceso se llevará a cabo una vez concluido el periodo de pruebas en el que varios técnicos del Consorcio, entidad que gestionará la nueva planta, han estado desde febrero familiarizándose con las instalaciones. Trabajarán allí 12 empleados del Consorcio, que se ha decantado por contratar empleados propios para esta labor y para gestionar las demás plantas de saneamiento y abastecimiento.

"Para entonces es evidente que hará falta gente", apuntó la presidenta del ente comarcal, Iratxe Arriola, que explicó que los exámenes teóricos para optar a esas plazas serán el 29 y el 30 de abril, mientras que los prácticos serán en mayo. "Cuando entre en marcha la depuradora se cogerá a la gente de esa bolsa de trabajo".

Con los presupuestos y la relación de puestos de trabajo aprobados, solo resta hacer frente a los recursos presentados. Los planteados por Aquagest y ELA, que fueron rechazados en la comisión ejecutiva gracias al voto de calidad de la presidenta, podrían acabar en tribunales. Asimismo, volvió a ser tratado en la última sesión asamblearia el recurso presentado por los representantes del PNV, que reclama la nulidad de oficio de la asamblea que decidió, entre otras cuestiones, asumir la gestión integral de la explotación de las EDAR al no haberse cumplido un punto del estatuto del Consorcio referente a la mayoría necesaria para su aprobación. Los jeltzales estiman que una futura anulación podría echar al traste las acciones que devienen de esa asamblea, incluidos los exámenes para crear la bolsa de trabajo.

Aunque la petición fue admitida a trámite y se realizará un informe jurídico que en tres meses dictaminará la Comisión Jurídica Asesora y resolverá la Asamblea General, sin embargo, la mayoría que forman Bildu e Independientes rechazó suspender la ejecución del acto administrativo dando por buenas las tesis de la secretaría de que "no puede ocasionar perjuicios de imposible o difícil reparación", como sugería la representante jeltzale. "Paralizarlo crearía un mayor perjuicio y dejaría al Consorcio sin ningún recurso", apuntó el secretario.

Desde el PNV replicaron que "es mucho decir que hacer cumplir la ley pueda ser considerado paralizar" y advirtieron de que la posibilidad de tener que despedir a trabajadores cuando han sido contratados pocas fechas antes "sí que supone un acto con consecuencias".