BARAKALDO. Hace cinco meses que no viven en sus casas, en el edificio conocido como la casa amarilla, en Ansio. El mismo tiempo que ha pasado desde que el Ayuntamiento fabril lo echara abajo para construir un nuevo campo de fútbol que se ha quedado olvidado dentro de un cajón. Los vecinos de la casa amarilla han tenido que cambiar de vivienda, un trastorno para el que contaron con una indemnización municipal de hasta 85.000 euros. Sin embargo, el Ayuntamiento aún no ha pagado toda su deuda ya que, según los propietarios, el concejal de Urbanismo, Jesús María González Suances, prometió una mejora de la indemnización de hasta 20.000 euros en 2009; un dinero que los vecinos no han visto y que ha llevado al PP de Barakaldo a presentar una moción en el próximo pleno para "cumplir los compromisos".

"El Ayuntamiento nos ha engañado", explica I.I.P., una de los 10 vecinos del bloque que se derribó el pasado verano. "Se han reído de nosotros", cuenta echando la vista atrás. Su vía crucis empezó en el año 2001, cuando se les notificó que el edificio se derribaría para construir unas nuevas instalaciones deportivas. Desde ese momento, los vecinos de la casa amarilla han vivido años de incertidumbre, de lucha bancaria y desesperación, según el relato de la expropietaria. "Se fijó un precio por nuestras casas que era del todo injusto, ya que nos iban a cambiar una vivienda libre por otra de protección oficial", explica. El Consistorio ofreció a los vecinos una indemnización de hasta 85.000 euros -los pisos de la mano izquierda cobraron menos por ser más pequeños que los de la mano derecha- "dinero de sobra, según González Suances, para la nueva casa".

reuniones En 2009, sin embargo, tras varias reuniones mantenidas con el equipo de gobierno de Barakaldo, llegaron a un acuerdo por el cual los vecinos tendrían una mejora en su cuantía económica de entre 2.000 y 20.000 euros, quedando este punto recogido, tal y como explica I.I.P. "en un decreto de Alcaldía".

Pero han pasado ya dos años y los afectados no han visto aún ni un euro. "Llevamos desde entonces esperando a recibirlo, pero siempre nos dan largas", cuenta la vecina que no dudó en llamar a la puerta del despacho de Tontxu Rodríguez, alcalde del municipio fabril, para pedirle explicaciones.

Cansados de no recibir respuesta, los afectados por el derribo de la casa amarilla acudieron en agosto al Ararteko, defensor del pueblo vasco, quien falló a su favor. En la resolución de Iñigo Lamarca, del 10 de agosto de este mismo año, se reconocen las cuantías adecuadas a pagar por el Ayuntamiento en concepto de cada vivienda -incluyendo el acuerdo de mejora alcanzado en 2009- .

Además, el Ararteko insta al Consistorio a que "dentro de los límites de la legislación y conforme al principio de confianza legítima, se proceda a tomar las medidas que corresponda para cumplir con los compromisos adquiridos por el concejal de Urbanismo".

Pero el tiempo ha seguido pasando y los vecinos no soportan más la situación. Así, la pasada semana solicitaron de nuevo una reunión con el alcalde de la localidad fabril. Y es que fue precisamente el máximo mandatario de Barakaldo quien en una reunión mantenida en septiembre con representantes de los vecinos de la casa amarilla les prometió que recuperarían su dinero "pronto, entre noviembre y octubre", dice I.I.P., y que les pagarían incluso "con intereses por las molestias que nos habrían podido causar", recuerda la vecina, que ahora se encuentra realojada en unos pisos de VPO de Ansio.

Los realojados ya han pasado las hojas de octubre y noviembre de sus calendarios, pero sus cuentas corrientes no han recibido ningún impulso económico, como se les prometió. "No hay derecho a que un Ayuntamiento haga algo así a diez vecinos que encima ya nos ha engañado con los metros cuadrados de la casa. Ha sido un engaño desde el primer momento que comenzó", asegura la mujer resaltando que incluso hay "dos vecinos más a los que no se les ha pagado nada todavía".

Al tratarse de una obligación económica del Ayuntamiento de un ejercicio anterior, el abono de estas indemnizaciones debe llevarse a pleno para que sean votadas por todos los partidos políticos.