Basauri. Emulando a Fuenteovejuna, pueblo cordobés levantado contra el poder abusivo del Comendador -señor feudal-, los vecinos de Sarratu se han unido todos a una para luchar por cambiar los planes que maneja el Gobierno vasco para su futuro.

Este barrio basauritarra se localiza en la entrada al municipio por el puente de la Baskonia. En él residen unas sesenta familias en cinco bloques de viviendas y cuatro casitas unifamiliares a las que restan pocos meses de vida. No en vano, sobre ellas pesa un plan de derribo desde hace ocho años. Entonces, el anterior ejecutivo autónomo firmó con el Ayuntamiento local un acuerdo para construir en la zona más de trescientas viviendas, de las que 290 iban a ser de carácter social o de protección oficial.

Junto con este plan urbanístico que iba a ir parejo de los que se preveían en Basozelai, Azbarren y San Miguel, los afectados recibieron la noticia de que iban a ser realojados en los nuevos pisos a construir en el barrio. Tras varias conversaciones con el área de Vivienda del Gobierno vasco, los vecinos alcanzaron sendos acuerdos verbales con el departamento que entonces dirigía Javier Madrazo. Tras el cambio de gobierno hace dos años, estos acuerdos conseguidos cayeron en el olvido llenando de zozobra el corazón de las familias. Mientras, el comienzo de las obras previsto para este año se acerca sin que los afectados vean una solución cercana a sus problemas.

Para tratar de resolverlos, llevan ocho años sufrangando de su bolsillo los gastos que representan los abogados contratados para ayudarles en la red traicionera que supone el papeleo y los términos legales muchas veces incomprensibles que rodean su situación.

Según explicaron los vecinos a DEIA a quien abrieron las casas donde han residido toda su vida, no ven con buenos ojos la obligación de dejar una vivienda libre y pagada a precio de mercado para irse a una de protección oficial que no podrán vender.

Igualmente, de cumplirse los deseos de Lakua, no podrían dejar la vivienda en herencia a sus hijos a no ser que estos estuvieran empadronados en ella. Estas normas, según denuncian los afectados, tienen una caducidad de veinte años, toda una vida para unos vecinos que, en su mayoría, son jubilados de las grandes empresas de la zona y que cuentan con más de setenta inviernos. "Cuando se cumpla ese plazo un tercio de nosotros va a estar muerto. ¿Qué va a pasar con nuestras casas?", se preguntan Luis Amo y Goyo Martín, portavoces de la asociación de vecinos Sarratu 34 fundada hace ocho años cuando sus viviendas quedaron fuera de ordenación.

Más grave todavía les parece el tener que pagar por el cambio de vivienda. Aunque no están en contra de poner dinero en el caso de que la casa nueva sea más grande que la que dejan, no les parecen justas las tasaciones que ha hecho de sus pisos el departamento que dirige Iñaki Arriola. Así, a muchos de ellos les han valorado sus viviendas en 60.000 euros de media, a pesar de que se encuentran en perfecto estado y que se han llegado a pagarse por ellas 118.000 euros.

Con estas tasaciones, la mayor parte de los vecinos tendrán que pagar grandes cantidades de dinero al Gobierno vasco por ser realojados en otras viviendas.

Las realidades familiares que se viven tras las puertas de cada piso hacen en muchos casos que afrontar este pago sea misión imposible. Personas en el paro y matrimonios mayores que se mantienen "tirando" con su pensión, conviven en una barriada que espera, como el resto, a tiempos mejores.

"Hay vecinos ancianos que apenas pueden salir de casa. Como aquí nos conocemos desde siempre, les ayudamos en todo lo que podemos, les hacemos la compra y les llevamos a donde necesiten", explica Goyo que además de vivir en Sarratu, nació en el barrio hace 49 años.

Esa conciencia de la que habla Goyo está latente en cada rincón de Sarratu, una zona sin tráfico donde los niños juegan en la calle y los mayores charlan en grupos a la entrada de sus portales. Esta estampa, aunque parece de antaño, aún puede verse en un barrio donde todos se saludan por su nombre, conocen a los padres y preguntan por el estado de salud de ese familiar delicado.

Prueba de las palabras del portavoz de la asociación, fue el poder de convocatoria que tuvo este reportaje a cuya realización acudió una treintena de vecinos que abrieron sus casas para contar su historia, conocida de antemano por todos los demás.

Las viviendas visitadas por este diario no están en estado de ruina ni mucho menos. Son pisos muy dignos como cualquiera de los que se ven en el resto de Basauri. "Podrían estar todavía mejor si no hubiéramos tenido que estar ocho años parados", lamentan los vecinos que en todo este tiempo no se han atrevido a invertir más dinero en sus casas por la amenaza de derribo.

"No queremos irnos de aquí, y si lo tenemos que hacer, que por lo menos no sea de malas maneras", pedía Alberto González de la Gala, vecino de una vivienda unifamiliar que arregló con sus propias manos cuando se instaló en ella con su mujer hace 24 años.

"Nos van a separar a todos sin tener en cuenta que llevamos cuarenta años viviendo juntos. A cada uno nos quieren llevar a un bloque distinto y la conciencia de barrio se va a echar a perder", critica Jose Izquierdo quien, como sus vecinos, no quiere que le toque convivir con personas que puedan resultar conflictivas. "En el barrio, por desgracia, tenemos algunas, el gobierno sabe quienes son y aún así nos van a mezclar a todos", temen los afectados.

"Vamos a luchar", apostillan todos los preguntados. Y "lo haremos juntos", apuntan.

"¿Quién mató al Comendador?", preguntaba el juez a los vecinos del pueblo cordobés de Lope. "Fuenteovejuna, señor", contestaban ellos. "¿Y quién es Fuenteovejuna?", indagaba el primero. "Todo el pueblo, mi señor", respondían orgullosos.