El Ayuntamiento de Bilbao se hará cargo, de forma temporal, de las mascotas de aquellos usuarios de servicios sociales que no tengan forma de atenderlos por carecer de red familiar. El objetivo es garantizar el bienestar de los animales y favorecer la tranquilidad de los dueños mientras se facilita la intervención con las mismos. Se trata de un servicio que la institución municipal ya llevaba a cabo de forma puntual. Sin embargo, el Consistorio ha licitado un contrato para formalizar este procedimiento al que destinará 24.954,61 euros (IVA incluido). Entre otras particularidades, se contempla que la persona usuaria pueda solicitar fotografías o vídeos de su mascota mientras dure el acogimiento.
Esta licitación nace a raíz de una necesidad detectada por el área de Acción Social durante los últimos años en los que, por ejemplo, se intervenía en casa de una persona que había que ingresar de urgencia en un hospital y no tenía a nadie que pudiera hacerse cargo de su perro. Se trata de usuarios que servicios sociales en situación de riesgo, desprotección o exclusión, que cuentan con mascotas y carecen de red de apoyo, y que, por distintas circunstancias, han de salir de su vivienda por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, el contrato también incluye a aquellos usuarios de los albergues municipales, es decir, personas sin hogar. En todo caso, la idea es aportar una solución al malestar que sienten aquellas personas que suelen ser reacias a abandonar a los animales con los que conviven.
El servicio, que deberá prestar una empresa dedicada a la protección y bienestar animal, contempla que se atienda a diferentes animales. Y aunque las especies más habituales suelen ser perros y gatos, se citan explícitamente a los perros potencialmente peligrosos (donde se engloban razas como dóberman, rottweiler o bull terrier, entre otros) y otras especies como pájaros, loros, hurones o reptiles, entre otros. Así, se concreta que el acogimiento temporal de los animales será de un periodo mínimo de un día y un máximo de 30 días, prorrogables hasta un total de 90 días previa autorización de los servicios municipales. Pasado este plazo máximo, será el dueño quien deberá hacerse cargo de nuevo del animal o buscar otra alternativa.
De esa manera, el contrato licitado por el Ayuntamiento especifica que la empresa deberá recoger el animal de compañía en el domicilio de la persona usuaria o en el lugar indicado y trasladarlo a sus instalaciones. Durante el tiempo de acogimiento, será responsable del cuidado adecuado del animal, ocupándose de su alojamiento, alimentación, higiene y todos sus cuidados básicos. Ello incluirá curas, vacunas, esterilizaciones, desparatizaciones o, incluso, la colocación de un microchip identificativo si el animal debe estar legalmente identificado y no lo está. Asimismo, se detalla que los propietarios tendrán derecho a visitarlos en el centro donde se encuentren alojados o que podrán solicitar fotografías y vídeos de las mascotas para garantizar que puedan conocer el estado de salud en el que se encuentran.
La licitación también prevé que en caso de fallecimiento de la mascota, la empresa deba comunicárselo a los servicios sociales y gestionar su incineración. Por otro lado, si durante el periodo de acogida se conociese que la persona usuaria no va a poder hacerse cargo del animal, los servicios sociales –con autorización del propietario– contactarían con el Centro Municipal de Control Animal para su acogida. Y, en el caso de que no puedan atenderle, la empresa iniciaría el proceso de adopción del animal.
IMPORTANCIA DE LAS MASCOTAS
Este contrato es un ejemplo más de la importancia que han adquirido las mascotas en los últimos años en la administración municipal de una ciudad en la que la población canina supera a los niños menores de 12 años. Actualmente el Ayuntamiento está atando los últimos flecos de la nueva Ordenanza Municipal Reguladora de Protección, Bienestar y Tenencia Responsable de Animales de Compañía, que prevé, entre otras medidas, que los propietarios de los canes que no limpien su orina con agua puedan recibir multas de hasta 3.000 euros. Además, contempla que los perros deban pasearse atados con una correa de menos de dos metros de longitud. Está previsto que la regulación se apruebe definitivamente durante este primer trimestre del año.
Paralelamente, el Ayuntamiento está buscando un nuevo emplazamiento para el Centro Municipal de Control Animal tras llevar a cabo un estudio de dimensionamiento en el que se concluyó que el espacio actual no satisfacía las necesidades que presenta hoy. Y es que la perrera se encuentra al límite por la dificultad de dar en adopción, por sus circunstancias particulares, a dos tipos de canes: los perros mayores en edad y los perros potencialmente peligrosos. Algunos de ellos, incluso, cumplen ambos requisitos. Asimismo, otro de los objetivos del área de Salud y Consumo es acercar el servicio a otro enclave más accesible para la ciudadanía para facilitar las adopciones.
