El Ayuntamiento de Bilbao prevé cumplir la ley y retirar todo el amianto de los edificios, bienes e infraestructuras de titularidad pública para antes de 2028, a fin de cumplir la fecha límite establecida por la propia norma que es el 31 de diciembre de 2027, y aunque “aún no ha elaborado un calendario”, todas las actuaciones previstas están identificadas, según informó ayer el concejal del área de Planificación Urbana, Proyectos Estratégicos y Espacio Público del Ayuntamiento de Bilbao, Asier Abaunza.
El edil, que compareció ayer a petición del Grupo Municipal Elkarrekin Bilbao, informó de que el Consistorio bilbaino acudirá el próximo martes, día 24, a una jornada de trabajo convocada por Ihobe para la elaboración de inventarios de amianto, con el objetivo de cumplir una ley que “no obliga ni vincula” a los propietarios “privados”.
En ese sentido, indicó que en la elaboración del censo que plantea la ley, el acceso a la propiedad privada y a los elementos ocultos está limitado, por lo que en muchos de los casos hay que limitarse a las envolventes de los edificios y, aunque la ley la habla de una programación de las actuaciones de retirada del amianto, “no obliga ni vincula a los privados, por lo que “solamente puede afectar a aquellos bienes e infraestructuras que son de titularidad pública”.
Calendario
El edil dio cuenta de los trabajos para dar cumplimiento a la disposición adicional decimocuarta de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, en Bilbao, así como la elaboración del censo de instalaciones y emplazamientos con amianto y el calendario de planificación de su retirada.
La citada ley cuenta de este modo con una disposición específica para el amianto a fin de acelerar su eliminación en el Estado. En este sentido Abaunza indicó que, según la norma, en el plazo de un año, desde la entrada en vigor de la ley, en abril de 2022, los ayuntamientos elaborarán un censo de instalaciones y emplazamientos con amianto, incluyendo un calendario que planifique su retirada y que las instalaciones o emplazamientos de carácter público con mayor riesgo deberán estar “gestionadas antes de 2028”. Aseguró también que su prohibición se ha producido de manera progresiva desde 1984 hasta 2001, por lo que se analizarán edificios anteriores a 2002, entendiendo que a partir de esta fecha no debe haber amianto en ninguna edificación.
