Bilbao - El farragoso lenguaje con el que se redactan los documentos legales provoca que su comprensión sea complicada a cualquier edad. Pero cuando la letra pequeña se lee con gafas de aumento este ejercicio puede ser aún más difícil. Para salvar la brecha que obstaculiza los trámites judiciales, el Ayuntamiento de Bilbao ofrece un servicio de orientación jurídica para personas mayores sin recursos que, desde su puesta en marcha en noviembre de 2015, ha atendido a 658 usuarios. Se trata de un servicio, fruto de un acuerdo con el Colegio de Abogados de Bizkaia, que cada vez es más demandado. De hecho, actualmente hay una lista de espera de casi dos meses para concertar una cita con una de las cinco letradas al frente del servicio.

“Estamos a tope, tenemos visitas diarias”, asevera Covadonga Esteban, abogada que coordina el programa. Lo corrobora Iñigo Pombo, concejal de Acción Social, quien afirma que “el hecho de que tenga demanda significa que es un servicio necesario y bien orientado”. En este segundo año del programa está previsto que aumente el número de asesoramientos ya que mientras en 2016 se atendieron 323 solicitudes, hasta septiembre de este año se ha dado respuesta a 251 peticiones. Por ello, aunque siguen viendo cómo se desarrolla, no descartan la posibilidad de aumentar la oferta. De momento, se ofrece de lunes a viernes, de 10.00 a 11.00 horas en los servicios de base de Santutxu, Rekalde, Basurto, San Francisco y Deusto.

En palabras de Esteban, “muchas veces las personas mayores no saben a quién recurrir, les superan las situaciones. Los problemas se pueden dar incluso dentro de la familia, con la que tampoco pueden contar”. En ese sentido, afirma que cuando se les explican las opciones que disponen tienen buen discernimiento. “Nunca me ha pasado que me digan no entiendo nada de lo que me dice”, asegura la abogada, quien afirma que, en ocasiones, las personas acuden con una idea preconcebida y equívoca. “Hay mucho abogado por la calle, todo el mundo sabe de leyes”, dice con una sonrisa.

La letrada advierte de que se trata de un servicio de orientación básico, pero de calidad. “No queremos suplir la labor de un letrado, cuando se necesita una atención más especializada deben acudir a un abogado de pago. Despejamos las grandes dudas evitando las respuestas simples”, asevera, por su parte, Pombo.

“Hay mucha gente que llega con un problema económico y se les guía para decirles qué documentación jurídica necesitan o cómo pueden acceder a un abogado de oficio. Si vienen a consultar sobre un tema concreto les damos nuestra visión legal, o si nos dejan algo de documentación, la revisamos y les damos otra cita”, narra Esteban, quien indica que en media hora que dura el encuentro suelen quedar cosas en el tintero. “No hacemos un seguimiento, sino que a veces ofrecemos una respuesta alargada en el tiempo”, puntualiza.

Con todo, la letrada asegura que muchas veces se consiguen dar soluciones. “Ha ocurrido que nos ha venido una persona con un embargo de una vivienda y hemos podido frenarlo a través de un acuerdo con el abogado contrario”, afirma. “La gente es muy agradecida, cuando sale una resolución o reciben una respuesta favorable por parte de la justicia vienen a darnos las gracias”, añade la letrada, quien expresa su “satisfacción personal” por poder ayudar a personas que a veces “están un poco desvalidas”.

Covadonga Estaban, que habitualmente ofrece sus servicios en San Francisco, advierte de la importancia de consultar a las abogadas de los servicios jurídicos municipales antes de tomar decisiones que pueden ser irreversibles. “Hay gente que viene a toro pasado, cuando ya no hay nada que se pueda hacer”, asevera. De esa forma, cita la casuística de una mujer que tras el fallecimiento de su marido tenía que elegir entre su pensión o la de su esposo. “En lugar de consultarlo en el plazo de 10 días que se dan para ello, renunció a la de su marido”, explica la abogada como ejemplo de una decisión que es irrevocable y que puede ser perjudicial para una viuda.

Hijos en beneficio propio Atendiendo a los datos de las personas mayores que han sido asesoradas este año, que suman 251, se observa que la gran mayoría son mujeres: 158 frente a un 93 hombres. Asimismo, según el registro que realizan, solo 5 personas de nacionalidad extranjeras han acudido a buscar orientación jurídica. En cuanto a las edades, hay 44 personas de entre 60 y 65 años; 45 de entre 65 y 69; 38 de entre 70 y 74 años; 35 de entre 80 y 84 años; 31 de entre 85 y 89 años; 5 de entre 90 y 94 años; y 11 personas mayores de 95 años.

“Las personas mayores más jóvenes son las que más acuden”, puntualiza la letrada. Sin embargo, advierte sobre otro fenómeno: “Muchas veces son los hijos o los sobrinos los que vienen a preguntar de parte de las personas mayores. Tenemos mucho cuidado, porque puede ocurrir que vengan en nombre de alguien pero no en su beneficio”. ¿Cómo actúan antes la sospecha de un caso así? “No se les responde, se les dice que tiene que venir la persona mayor en cuestión”, afirma Esteban, quien revela que estos episodios de mala fe suelen darse con cuestiones relativas a herencias.

Asimismo, indica que aunque el servicio está pensado para personas en riesgo de exclusión, “no se pide la declaración de la renta porque entorpecería el ritmo”. Eso sí, si observan que la persona mayor que acude tiene recursos se le orienta el primer día, pero no más. “Si el servicio se llena con personas que tienen recursos deja de tener eficacia”, observa.

Por otra parte, Covadonga asevera que su labor está muy ligada al que realizan las trabajadoras sociales. “Hay usuarios que nos los derivan y también puede ser al revés”, dice. En ese sentido, rememora el caso de un hombre, cuya esposa padece Alzheimer, que acudió al servicio de asesoramiento jurídico para denunciar que su hija cogía todo su dinero y no les daba de comer. “Los trataba como perros. Le recomendamos que la denunciara”, señala. Esto es algo más habitual de lo que parece. De hecho, Iñigo Pombo afirma que “el Gobierno vasco ha publicado un folleto sobre el maltrato a las personas mayores en el que el maltrato económico figura entre las causas principales”.