Bilbao - El primer paso para la regeneración urbanística de la parcela baldía ubicada entre los barrios de Santiago y Santa Ana tras la construcción de los nuevos accesos a Basurto consistirá en la edificación de los 14 chalés adosados. La fecha de inicio será en julio y tendrá un plazo de ejecución estimado en 14 meses. El levantamiento de esta pequeña urbanización supondrá que las 14 familias cuyas casas, al igual que la antigua fábrica Krug, fueron derribadas en 2008 para la construcción de las entradas viarias por San Mamés, recuperen sus hogares.

Inicialmente previstos para principios de este año, los trabajos han sido retrasados debido a un poste y un tendido eléctrico de alta tensión que, a pesar de estar inoperantes, cruzan la zona impidiendo las obras. Así lo aseguran desde el Gobierno vasco, a través de su sociedad Visesa, responsable junto al Ayuntamiento de Bilbao del plan urbanístico que supondrá la recuperación de este espacio situado entre la autopista A-8, por debajo de Altamira, y la carretera que une Basurto con Zorrotza.

Las obras fueron adjudicadas el pasado mes de febrero a la firma Construcciones Moyua, por un importe inferior al previsto, ya que se esperaba que pudieran costar tres millones de euros aunque finalmente la cifra no fue superior a 1,84 millones de euros. La concatenación de imprevistos ha provocado que la adjudicataria aún no haya podido comenzar a trabajar en la zona. “Se ha retrasado debido a un cableado de alta tensión que se debe quitar, pero para ello se deben hacer los trámites pertinentes con Iberdrola, se necesita el visto bueno de la Diputación Foral de Bizkaia y hay que ponerse de acuerdo con Circulación del Ayuntamiento, porque el tendido cruza la carretera”, explica Marcos Muro, director general de Visesa.

“Cuando intervenimos muchas administraciones es lo que pasa: queremos ir más rápido de lo que realmente van las cosas”, considera Muro. Y es que el desalojo de las 14 familias de las viviendas adosadas de Santa Ana se realizó en 2008 a través de un acuerdo entre Gobierno vasco, Diputación Foral de Bizkaia y Ayuntamiento de Bilbao. En aquel entonces, se pactó el derribo de las casas con los propietarios, a los que se les tasaron las viviendas (entre 282.475 euros y 318.536 euros) con lo que posteriormente debían pagar las nuevas. Asimismo se les otorgó una indemnización de 1.200 euros mensuales durante cinco años para que pudieran sufragar un alquiler mientras se construían los nuevos adosados. Sin embargo, en 2013 la infraestructura ideada para la zona aún no había finalizado ni había comenzado la construcción de las casas, por lo que se prorrogó el acuerdo para otros tres años.

“Estamos en contacto con ellos, les hemos enviado los contratos para que los firmen”, asegura Muro respecto a la relación mantenida con las 14 familias que fueron expropiadas. En palabras del máximo responsable de Visesa, en las próximas semanas se llevará a cabo una reunión para tratar “algunos asuntos menores referentes a la construcción de sus viviendas”. En palabras de Muro, las obras que comenzarán en julio “tienen un plazo de ejecución de 14 meses, aunque si se puede acelerar algo se hará para que a finales de 2017 estén terminadas”.