Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao renegocia el pago del alquiler con unas 120 familias que residen en los pisos de Viviendas Municipales y que, por diferentes causas, no pueden hacer frente a las, aunque bajas, rentas mensuales. Según explica el concejal de Urbanismo, Ricardo Barkala, se ayuda a estas familias a afrontar su situación, a través de los servicios sociales, y evitar desahucios que, aunque también se producen en las viviendas sociales, son siempre el último recurso. "Ninguna familia es desahuciada solo por una cuestión económica, tiene que haber otros factores. Pero tenemos claro que terminar con la morosidad es también una obligación de la Administración de lealtad hacia las más de 9.000 familias que están en la lista de espera", advierte el responsable municipal.
Ricardo Barkala y el director de Viviendas Municipales, Marcos Muro, presentaron ayer, en el marco de las jornadas Retos 2020 del modelo público de alquiler de vivienda social, la radiografía del parque público de pisos en la capital vizcaina dentro de un estudio más amplio que ha realizado la Asociación de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo (AVS). Actualmente, la entidad bilbaina gestiona un total de 3.993 viviendas, 96 de ellas adaptadas para personas con discapacidad. El concejal de Urbanismo defendió las viviendas de alquiler social como un recurso "necesario", ya que "el sector público debe atender, por mandato constitucional, la necesidad de vivienda de los ciudadanos para ofrecer un alojamiento digno y a un precio adecuado para amplios sectores que lo están pasando mal".
Según informó el director de Viviendas Municipales, Marcos Muro, en Bilbao la tasa de morosidad en estos alquileres sociales se sitúa en apenas el 3%, una cifra "baja" y muy inferior a la que se recoge en el conjunto del Estado, donde afecta al 11,6% las viviendas públicas en alquiler y ha ido creciendo en los últimos cinco años.
Al igual que en el resto de entidades del Estado, el desahucio de las personas que no pueden hacer frente al pago de las mensualidades del alquiler -principalmente familias con rentas bajas o en paro- es siempre "el último recurso". Así, en el caso concreto de Viviendas Municipales, se sigue un protocolo de actuación con estos inquilinos, con los que se trata de llegar a acuerdos y se les ayuda poniéndoles en contacto con servicios sociales que les permitan acceder a ayudas para poder afrontar el alquiler. "Cuando tres o cuatro recibos se quedan sin pagar, todo el equipo de Viviendas Municipales se vuelca en atenderle y ayudarle, y se llega a acuerdos para que el desahucio sea el último recurso", explicó Marcos Muro.
El concejal de Urbanismo destacó que, aunque no es "alarmante", la morosidad también existe entre los inquilinos de los alquileres sociales en la capital vizcaina. Barkala destacó que en Bilbao no se ha procedido a desahuciar a ninguna familia únicamente por impago, sino en casos en los que han influido también otros factores, como la conflictividad. "Es raro que se haga un desahucio y no suele estar vinculado a impagos. Cuando vemos que una familia no puede pagar, nos ponemos en contacto con ellos y tratamos de llegar a una solución: fraccionando el pago, gestionando alguna ayuda social...", enumeró.
No obstante, Barkala advirtió de que, a pesar de que tratan de adaptar las rentas a los ingresos de las familias, "cada palo debe aguantar su vela y los alquileres, aunque sociales, hay que pagarlos. El apoyo económico a las familias debe llegar desde los servicios sociales, que articulan ayudas para los alquileres cuando una familia lo pasa mal".
De hecho, en el nuevo reglamento de acceso a la vivienda, más allá de lo que establezca la Administración estatal, ya se han introducido algunos puntos relativos a los desahucios, "porque es un problema que, desgraciadamente, todavía se va a prolongar en el tiempo. Estamos tratando de darle alguna vuelta más, porque son medidas que debemos y podemos tomar".
Distribución equilibrada En el caso de Bilbao, las casi 4.000 viviendas sociales se distribuyen de forma equilibrada por todos los barrios del municipio, "lo que evita la formación de guetos y se promueve la diversificación y la integración social de los beneficiarios". De hecho, existen pisos de Viviendas Municipales en todos los distritos de la ciudad, a excepción de Abando e Indautxu, y también en los barrios de nueva creación, como la futura isla de Zorrotzaurre, se construirán viviendas de este tipo. "Es el futuro de la ciudad, mezclando actividad económica con usos residenciales, y es importante que la vivienda pública tenga su espacio para garantizar la diversidad social y de convivencia", apuntó Barkala.
La entidad municipal realiza las adjudicaciones de los pisos mediante procesos "públicos y transparentes" y, en el nuevo reglamento que ha sido aprobado recientemente, se han establecido cupos en las viviendas vacías para adaptar la oferta al perfil de los demandantes.
Viviendas Municipales también realiza un trabajo importante en reparación y conservación, labores a las que destina el 75% de su presupuesto de gasto corriente, unos 4,2 millones de euros al año. Dos de los aspectos en los que mayor hincapié se está haciendo son, por una parte, la instalación de ascensores y, por otra, la mejora de la eficiencia energética de las viviendas. "Estamos colaborando con las comunidades de vecinos para favorecer la accesibilidad; Viviendas Municipales se creó en 1918 y hay muchos pisos que no tiene ascensor", advirtió Muro.
