Su fama le precede porque de lo contrario llegaría tarde a todos los sitios. El mismo Julián Sancristóbal que fue condenado por malversación de fondos y el secuestro de Segundo Marey, el mismo que vistió y calzó por los patios de Ocaña II, protagonizó en 1983, cuando era gobernador civil, varios episodios imperdonables para un alto cargo. El más grave le valió una querella -txirene, pero querella- de un grupo de voluntarios que trabajaron en la limpieza de la villa tras las inundaciones, a quienes llamó "atajo de vagos" e "hijos de puta".

Días antes, las comisiones de voluntarios habían criticado la dejación de la Policía Nacional en sus funciones de servicio a los ciudadanos. Este socialista fue también quien ordenó a las fuerzas policiales españolas izar la rojigualda en el Ayuntamiento durante esa Aste Nagusia. El caso es que, apenas cinco días después de que las intensas lluvias deslucieran la sonrisa festiva de los bilbainos, Sancristóbal se explayó ante los micrófonos de Radio Popular "que suponemos él pensaba que estaban cerrados, diciendo que los voluntarios éramos un atajo de vagos y unos hijos de puta", recuerda Marino Montero, auténtica enciclopedia de bilbainismo.

A pesar de los trágicos momentos vividos y haciendo gala de una envidiable dosis de humor e ironía, un nutrido grupo de voluntarios presentó el 21 de septiembre de ese mismo año un escrito ante el Juzgado por el cual solicitaban al aún gobernador que explicara "si tales apelativos" iban destinados a los embarrados ciudadanos anónimos "o se referían al personal a su servicio". Asimismo, reclamaban a Sancristóbal que se arrepintiera públicamente de sus palabras "proclamando que las madres de los comparecientes y de todos los voluntarios que limpiaron el botxo son de una conducta intachable, y que los hijos de aquéllas realizaron labores de pala y otros muchos trabajos en la medida de sus posibilidades".

Por último, y sin perder el histrionismo txirene, los denunciantes le animaban a completar al año siguiente la peregrinación hasta Begoña "subiendo las Calzadas de Mallona con garbanzos en los zapatos". Además, pedían al demandado que indemnizara a los comparecientes con la cantidad que había costado hacer unas pegatinas en las se podía leer Señor gobernador: Usted es bobo. También se le requería que entregara su salario de dos días -y el de todos los que tuvieran nómina a cuenta del Gobierno Civil- a los damnificados.

El acto de conciliación, al que jamás asistió Sancristóbal, concluyó sin éxito ya que el demandado se negó a rectificar "obligándonos a interponer la correspondiente querella y a pedir el permiso del propio gobernador para realizar una cuestación popular con la que sufragar los gastos derivados", expresa Montero, uno de los once firmantes. La carta requisitoria mantenía el sarcasmo. "Los varones y damas postulantes no tienen previsto circular, excepción hecha de la plaza de este mismo nombre, por las vías públicas salvo que el fresco reinante obligue a mover los pies". Y como éste, otros renglones más que, de puro txirenismo, reflejan la alegría de un pueblo que luchaba por su dignidad y por renacer del lodo.

Sin embargo, el 2 de noviembre -la recogida de txines estaba prevista para el 11-, el excelentísimo señor gobernador respondió con otro escrito en el que, además de negarles el permiso -con lo que no fue posible conseguir dinero y no se llegó a interpelar al Supremo, al Tribunal- les comunicaba que había dado orden para adoptar las medidas jurídicas pertinentes para exigirles -a los voluntarios- responsabilidades administrativas y penales "por el tono irrespetuoso y jocoso" utilizado por los demandantes, como queda recogido en la notificación sellada en el Gobierno Civil. No pasó nada.

Fue un órdago a la grande porque Sancristóbal disponía ya de los contactos necesarios para poder actuar de oficio y por beneficio, como más tarde se demostraría. De hecho, su actitud al frente del Gobierno Civil fue duramente criticada. La crónica del año y de sus desbarros se cierra el 20 de noviembre (20-N) cuando una manifestación pacífica en contra de la OTAN fue disuelta con violencia y de forma indiscriminada -hubo golpes para todos- por la Policía que estaba a sus órdenes.

Acto de conciliación. "Todo ello con el fin de solucionar amistosamente el conflicto planteado y evitar tener que acudir ante la sala competente del Tribunal Supremo, al amparo de los artículos [...] que pueden dar lugar a que se condene al Excelentísimo Señor Gobernador a multa y destierro entre 25 y 250 kilómetros, de 6 meses y un día a seis años, lo que implicaría perderse varias sesiones de Aste Nagusia".

Querella criminal. "Como queda dicho, el próximo día 11 del undécimo mes, de este año cuyas dos últimas cifras suman la oncena, entre las 11 de la mañana y las 11 de la noche, los comparecientes han organizado diversas aglomeraciones de personas en las calles de la villa con objeto de recaudar fondos destinados a sufragar los gastos de interponer ante el Tribunal Supremo, querella criminal contra Vuestra Excelencia por calificar públicamente de vástagos de golfa a todos quienes de forma voluntaria contribuimos a limpiar este Botxo".

Los firmantes. Josu Samaniego, José Manuel Rodríguez (Mané), Diego Villalta, María Rosario Belio, Amalia Jaureguizar, Fernando Toja, José María Lorenzo, Luis Miguel Gómez, María Cruz Gómez y Marino Montero.