La Comisión Europea aseguró ayer que no está retrasando la aplicación de la condicionalidad de los fondos contra Polonia y Hungría por violaciones del Estado de derecho frente a las críticas esgrimidas por los eurodiputados. El director general de Presupuesto del Ejecutivo comunitario, Gert-Jan Koopman, afirmó en una sesión conjunta de las comisiones de Presupuesto y Control Presupuestario que entiende las “preocupaciones” sobre la “velocidad” en la aplicación del reglamento, que está en vigor desde el pasado 1 de enero.

Sin embargo, garantizó que su equipo está “firmemente comprometido” con aplicar la condicionalidad, pero antes es necesario “tener el marco adecuado para dar todos los pasos necesarios”. “Cualquier caso que sea evaluado por la Comisión Europea y decidido por el Consejo (los Estados miembros) será supervisado por los tribunales, por eso la fase de preparación es esencial”, justificó.

El Tribunal de Justicia de la UE debe fallar sobre la legalidad de un instrumento de condicionalidad por los recursos que presentaron Budapest y Varsovia al entender que está dirigido contra los dos países.

Koopman defendió que el hecho de que el Ejecutivo comunitario ya haya mandado cartas de advertencia a ambas capitales y de que esté elaborando las directrices que servirán para aplicar el reglamento demuestran que se está “trabajando” en este asunto. Añadió que Polonia y Hungría tienen un plazo de dos meses para responder a la Comisión Europea y éste finaliza en la cuarta semana de enero.

Eurodiputados de la mayoría de grupos parlamentarios afearon tanto el retraso en aplicar la normativa como que Bruselas no haya accedido a enviarles versiones de estas cartas y las hayan tenido que obtener gracias a la prensa.

“Hay que esperar a la sentencia del Tribunal de Justicia, el reglamento tiene que ser interpretado de manera profesional y eso sólo puede hacerlo el Tribunal de Justicia”, arguyó el eurodiputado húngaro Andor Deli, del partido Fidesz que lidera el primer ministro de su país, Viktor Orban.