La nueva reforma contará con unos fondos de 47.000 millones de euros para España que se distribuirán como Ayuda Básica a la Renta en el 60% de los pagos directos, incluyendo la actual política verde, y como aumento de medidas medioambientales en el 40% restante. Aquí se incluyen los pagos para los "ecoesquemas", proponiendo medidas más estrictas en materia medioambiental y a las que se destinará entre un 20% y un 30% del montante. El Consejo ha aprobado una modificación de la definición de agricultor genuino en la que se excluya a quienes no tengan la agricultura o ganadería como actividad principal. Así, en la futura PAC, el agricultor genuino será el beneficiario de las ayudas y el Ministerio de Agricultura ha propuesto que esta figura se corresponda con aquellos cuyos ingresos agrarios sean un determinado porcentaje de sus ingresos totales, como un 20%, un 25% o un 30%.

La reforma también contempla la limitación de las ayudas a los 100.000 euros por explotación, previa deducción de gastos por empleo agrícola con recortes progresivos a partir de los 65.000 euros. Pero será la digitalización, la gestión masiva de datos y el empleo de tecnología y de inteligencia artificial las que van a permitir mejorar la eficiencia y la rentabilidad a los agricultores, lo que será un gran incentivo para superar los retos de la nueva PAC. Pero la realidad es que el cambio de una política agraria a una política agroalimentaria va a depender absolutamente de que el consumidor final prefiera los productos sostenibles, equilibre la cadena, evite la deslocalización y promueva el relevo generacional, pues esto significará que la agricultura es sostenible, social, económica y medioambiental. Un cúmulo de retos que deben abordarse en muy poco tiempo y que está íntimamente ligado a la desertización rural que ya es un problema generalizado en la Unión Europea.

La incorporación de la tecnología y el papel de los "ecoesquemas" de la PAC ha permitido que alcance un nivel extraordinario de competitividad y de especialización. Son instrumentos clave en la lucha contra el cambio climático y la apuesta por la biodiversidad, porque proponen un nuevo régimen de pago medioambiental a través de un incentivo a agricultores y ganaderos para que desarrollen sus explotaciones cuidando del clima y del medioambiente. Este instrumento beneficia a la agricultura, que juega un gran papel en los planes de las Estrategias de Biodiversidad 2030 y "De la granja a la mesa", dentro de los objetivos del Pacto Verde Europeo, que son: disminuir un 10% la superficie agraria útil; aumentar hasta el 25% la superficie de los cultivos ecológicos; reducir un 50% el uso de fitosanitarios y un 20% el de fertilizantes y reducir a la mitad el uso de antibióticos. En definitiva, en la nueva PAC está implícita en gran medida la suerte del cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad europeos.