El Departamento de Salud carga contra Sanidad por negarse ahora a revisar el fondo de compensación

El tira y afloja entre el Departamento de Salud del Gobierno vasco y el Ministerio de Sanidad por la aportación de Euskadi al fondo de compensación ha dado un giro inesperado. Después de que el martes el consejero del ramo, Alberto Martínez, diera por encarrilada la discusión al asegurar que desde el área dirigida por Mónica García se habían comprometido a revisar el cálculo de las cantidades a abonar por cada comunidad - el cual asignaba a Euskadi el 60% del montante total-, el conflicto se recrudecía este miércoles. El motivo ha sido la respuesta ofrecida por Sanidad a lo dicho por Martínez, asegurando que no va a revisar el sistema de cálculos y metodología del sistema de reparto de dichos fondos de compensación e instando al Gobierno vasco a solventar los “fallos” detectados en su modelo de facturación. La contrarréplica de Lakua no se ha hecho esperar y en ella denuncian “la falta de lealtad y los mensajes contradictorios emitidos por el Ministerio” en este tema.

La raíz del problema está en la protesta de Martínez, a finales de septiembre, por la “actitud arbitraria” de Sanidad en varios asuntos concernientes al Departamento de Salud vasco. Entre ellos estaba el cálculo del Sistema de Información del Fondo de Cohesión (SIFCO), que el consejero calificó de “claramente confiscatorio”. Para ello se basaba en el hecho de que Euskadi había pagado desde 2012 un montante de 169 millones de euros del total de 312 millones que manejaba esta herramienta estatal de compensación por la asistencia sanitaria y farmacéutica fuera de las comunidades de origen. “Un 5 % de la población del Estado paga el 60 % de la factura total”, denunciaba.

Con este tema sobre la mesa se celebró el pasado lunes en Madrid una reunión entre representantes de ambas partes. En ella, según aseguró al día siguiente Martínez, el Ministerio se avino a plantear la revisión del cálculo del fondo de compensación. Un sistema que, como apunta Salud, desde Madrid había sido ya reconocido como “anómalo” y que acarreaba una liquidación “desproporcionada”.

Pero estas apreciaciones se vieron rebatidas este miércoles desde el propio Ministerio de Sanidad, al afirmar que no se va a revisar el sistema porque es “transparente y está claro” para todas las comunidades autónomas. Conscientes de que el Gobierno vasco “ha identificado fallos en ese proceso”, apuntaban desde dicho organismo que en tal caso dicha comunidad “lo primero que tiene que hacer es revisar su modelo de facturación”, mostrándose abiertos “a colaborar para que lo solventen”.

En esta misma línea, Sanidad daba el visto bueno a que las comunidades que realizan bien la liquidación “puedan compartir con Euskadi de qué manera lo hacen” y también a reunirse con el Departamento de Salud para analizar sus liquidaciones y ver “dónde lo podrían hacer mejor”, porque a su juicio el problema “no es del sistema, sino de la manera en la que facturan las asistencias y recetas”.

Consejo Interterritorial

El Ministerio de Sanidad asegura ver “bien” la posibilidad de realizar una reunión extraordinaria de la comisión de seguimiento de los fondos de cohesión para que las comunidades pueda intercambiar análisis sobre este proceso, tal y como reclamaba el martes Alberto Martínez en una carta dirigida a la ministra García. En esa reunión se estudiaría, según Sanidad, llevar al pleno del Consejo Interterritorial la liquidación por parte de Euskadi de las cantidades pendientes correspondientes a 2023 y 2024. Esto choca con la exigencia del consejero vasco de eliminar dicha cuestión del orden del día del próximo Interterritorial, previsto para el 24 de octubre. Una modificación que asumió el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, en la reunión del lunes, según aseveraba Martínez en su carta a García.

Tras el giro dado en Madrid, desde Lakua critican el que Sanidad haya “reconocido que no dispone ni de criterios claros, ni de una metodología contrastada” en la gestión de los fondos. Y recuerdan su “obligación de impulsar el desarrollo normativo” del Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), creado para compensar a las comunidades los gastos que generan pacientes de otras autonomías, a fin de “no perpetuar esta situación sin ningún tipo de cobertura legal”.

"No es serio ni de recibo"

En su comunicado de este miércoles, el Departamento de Salud indicaba que “no es serio ni de recibo que sabiendo que el sistema acarrea errores, el Ministerio diga ahora públicamente que no lo va a revisar”. Lamenta también que “eluda su responsabilidad en la gestión del Fondo de Compensación y no reconozca públicamente la arbitrariedad con la que está funcionando” y remarca que “la falta de lealtad y los mensajes contradictorios emitidos por el Ministerio hacen que el Gobierno Vasco se reafirme en una posición crítica y exigente ante el Consejo Interterritorial del 24 de octubre”.