La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha asegurado que lo que le preocupa en la polémica sobre el funcionamiento de las pulseras telemáticas para maltratadores es que "las mujeres que las llevan se sientan inseguras" y, esta situación, "repercuta en esa ansiedad que tienen cuando no se sienten protegidas".
Preguntada por los medios tras presentar la renovación del sistema de vigilancia de los palacios de justicia vascos, San José ha valorado de esta forma lo ocurrido con las pulseras antimaltrato activas y la pérdida de información ocurrida en el volcado de datos al cambiar de proveedor.
Tras recordar que las pulseras son una medida de seguridad, la consejera ha afirmado, que, a su entender, en este caso, "ha habido mucha desinformación" y lo que a ella le preocupa es que "las mujeres que las llevan se sientan inseguras" y eso les genere "ansiedad" al no sentirse "protegidas".
Mejora de videovigilancia
Estas declaraciones las ha realizado durante su visita a los juzgados de la capital vizcaina, donde ha expuesto que el Gobierno vasco invertirá casi 4 millones de euros en cambiar las cámaras, ordenadores y puesto de control del sistema de videovigilancia de los 18 palacios de justicia de la CAV.
El actual sistema, formado por cámaras analógicas, tiene veinte años y ha quedado obsoleto, por lo que se sustituirán por 700 cámaras digitales IP. La renovación se realiza en dos fases y ya se ha culminado la primera, con una inversión de 1,18 millones, con la renovación del circuito cerrado de televisión (CCTV) y el nuevo centro de control ubicado en el Palacio de Justicia de Bilbao, en la sede del Tribunal Superior del País Vasco, que este lunes ha visitado la consejera, María Jesús San José.
El centro de control, operativo 24 horas al día, ocupa una superficie de 72 metros cuadrados y está preparado para el trabajo simultáneo de varios operadores. La segunda fase consistirá en la sustitución progresiva de más de 700 cámaras analógicas por nuevas cámaras IP en los palacios de justicia de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.
Se prevé que los trabajos de sustitución, licitados por 2,8 millones, puedan completarse a lo largo de 2026. Las nuevas cámaras incorporarán analíticas avanzadas que facilitarán la identificación de incidentes y la gestión de emergencias. "Con este proyecto damos un paso decisivo en la modernización tecnológica de los edificios judiciales, reforzando la seguridad y garantizando un servicio más eficaz y adaptado a las necesidades actuales", ha señalado la consejera en una nota.
