La Guardia Civil ha detenido a dos personas en La Rioja y Soria acusadas de obtener, clasificar, modificar y difundir contenido sexual no consentido de 27 víctimas, una de ellas de Bizkaia. Según ha detallado el cuerpo policial, del análisis de los dispositivos intervenidos, los agentes han localizado 33 vídeos de origen extranjero, con indicios de haber sido obtenidos en países como Asia, Sudamérica o Rusia, que mostraban escenas de abusos sexuales y violaciones, algunas de ellas cometidas contra mujeres menores de edad.
Los agentes identificaron a dos hombres, uno de ellos administrador de varios canales, así como a un total de 27 víctimas, a las que habían grabado sin su conocimiento o que habían sufrido accesos ilícitos a sus dispositivos informáticos para el robo de imágenes. La mayoría de estas víctimas residía en la ciudad de Logroño, aunque también se localizaron casos en Bizkaia, Gipuzkoa, Nafarroa, Albacete, Palencia, Soria y Zaragoza.
Modus operandi
La operación denominada Vinteox comenzó en el mes de marzo, cuando los agentes detectaron varios grupos cerrados en una plataforma de mensajería, donde se organizaban “quedadas virtuales” para compartir imágenes de carácter íntimo, principalmente de mujeres jóvenes, sin su conocimiento ni consentimiento.
En estos lugares se aleccionaba a los participantes proporcionando instrucciones precisas sobre cómo obtener dicho contenido mediante engaño, suplantación o intrusión en dispositivos personales, además de fomentar la creación y el intercambio constante de este material en un contexto de absoluta impunidad y anonimato.
Videovigilancia
Durante la investigación, la Guardia Civil ha constatado que los detenidos llegaron a instalar sistemas de videovigilancia ocultos en pisos de estudiantes que compartían con algunas de las víctimas, en alojamientos utilizados durante viajes con amigos e incluso en viviendas de otras afectadas aprovechándose de la confianza personal que mantenían con ellas.
De esta manera, grababan de forma continuada escenas de la vida privada más íntima, sin que las víctimas –algunas de ellas menores de edad en el momento de los hechos– sospecharan nada. Todo ello para después difundir esas grabaciones en grupos cerrados de mensajería instantánea.
En otros casos tenían relaciones sentimentales con las víctimas para recurrir a videollamadas de contenido sexual y poder capturar pantallas o grabar las llamadas sin autorización, empleando aplicaciones externas diseñadas para registrar la actividad en pantalla sin que la otra persona se diese cuenta.