Más de 100 influencers publican contenidos publicitarios sin identificarlo

"Se han utilizado notas informativas como herramienta de disciplina preventiva. Antes de iniciar sanciones, se optó por una intervención en el Ministerio", ha asegurado este lunes el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo en el Congreso de los Diputados.

Barragán ha recordado que hace tres años se aprobó la Ley que dotó a la Administración General del Estado de competencias sancionadoras directas en materia de consumo.

DENUNCIAS Y PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

En este tiempo, según ha detallado, se han tramitado más de 500 denuncias, abierto 447 investigaciones e iniciado 50 procedimientos sancionadores.

"Más allá de las cifras, lo relevante es que por fin existe una capacidad real para actuar y garantizar que las infracciones no queden impunes. Este nuevo marco ha permitido intervenir en sectores clave, donde las prácticas abusivas eran persistentes, generalizadas y toleradas durante demasiado tiempo", ha manifestado Barragán.

Para el secretario general de Consumo y Juego, la acción sancionadora "no responde a una lógica punitiva, sino a la necesidad de restablecer la legalidad, corregir desequilibrios estructurales y proteger a quienes se encuentran en una posición de mayor vulnerabilidad".

También ha recalcado que el Gobierno ha reforzado la vigilancia frente a prácticas "que, aunque normalizadas, vulneran derechos fundamentales": "Así ha ocurrido con actuaciones frente a la publicidad ilícita dirigida a menores, las rebajas ficticias, los cobros abusivos o la ausencia de canales de detención al cliente accesibles".

"En todos estos casos la intervención ha tenido un objetivo común, asegurar que ninguna persona queda desprotegida por su edad, por su renta o por la impotencia de no ser atendido. Pero no basta con vigilar. Cuando se vulneran los derechos de las personas consumidoras hace falta también una autoridad pública que pueda actuar con firmeza", ha aseverado Barragán.

Asimismo, ha hecho hincapié en que las comunidades autónomas "siguen siendo las competentes para resolver las denuncias de los consumidores, para asegurar que la atención a los consumidores es la adecuada en los casos específicos de cada una de las empresas". "Están hoy en día gobernadas en su mayoría por la derecha y la extrema derecha en algunos casos y que esas competencias muchas veces no se ejercen, no se llevan a cabo, no se protege", ha criticado.

En este punto, Barragán ha hecho referencia al real decreto de alimentación en los centros escolares, con el que el Gobierno establece "unos mínimos pero son las comunidades autónomas las que pueden incrementar, afinar, reforzar esos compromisos". "Hoy hay gobiernos en muchas comunidades autónomas que no están avanzando en esa dirección, a pesar de que podrían", ha puntualizado.  

EL CONSUMIDOR VULNERABLE PUEDE SER CUALQUIERA

También ha avisado que el consumidor vulnerable "puede ser cualquiera" en situaciones de emergencia como la sucedida durante el apagón o la dana.

"Podemos ser un consumidor vulnerable dependiendo de las circunstancias y el apagón es una muestra de lo que ha supuesto esa posible vulnerabilidad en el acceso a servicios que dabas por hecho y que de repente son imprescindibles para uno mismo pero no tiene la manera de ejercerlos", ha indicado.

Así, ha incidido en que ese refuerzo de poder ser considerado un consumidor vulnerable "garantiza una mayor protección, una posibilidad de que los abusos que se produzcan en precios, en las cláusulas, en los términos, en la transparencia, no se puedan dar por hecho".

El Ministerio, según ha agregado Barragán, también está trabajando en el proyecto de real decreto de etiquetado accesible, con el etiquetado en braille.

"Este es uno de los hitos y objetivos que tenemos fijados en el plan de recuperación a cumplir antes de final de este año. Vamos en plazo, estamos en los trámites finales de la tramitación del Real Decreto y confiamos que va a suponer, de nuevo, una protección de los consumidores más vulnerables, de aquellos que tienen más necesidades y que sí que están viendo los avances que estamos aprobando desde el Ministerio", ha asegurado.   

POLÍTICAS DE JUEGO

Respecto a las políticas de juego, Barragán ha celebrado el "consenso político" que hay tanto en el Congreso como en el Senado respecto al "diagnóstico claro de los problemas de adicción que genera la ludopatía, particularmente en aquellos más jóvenes, de aquellas estrategias publicitarias que van dirigidas como los bonos de bienvenida a los más jóvenes".

"Es una buena noticia que haya ese consenso en esta Cámara por legislar y por prohibir estas prácticas y confío que próximamente, dado que están en tramitación, se aprueben", ha comentado.

El secretario general de Consumo y Juego también ha defendido incluir en la normativa que cuando se apueste en un juego online "la tarjeta de crédito con la que estés jugando sea tu tarjeta de crédito", que es "una de las principales vías por las que hay posibles usos de identidades alternativas": "Esto también lo queremos prohibir, es algo bien sencillo y que va a garantizar que aquellos que tienen una restricción autoimpuesta o porque son menores de edad y que encuentren estas vías para jugar con tarjetas de crédito a nombre de otra persona, pues se impida y que no se pueda realizar y que esté incorporado en la ley".

En su intervención, el diputado del Grupo Parlamentario Popular Silvio Argüelles ha reprochado a Barragán que haya dicho "que se ha acabado con la impunidad y que se están vulnerando derechos de manera generalizada".

"Yo creo que no, hay empresas que vulneran los derechos y hay que perseguirlas, pero no generalicemos, porque hay muchísimas empresas que cumplen la legislación y esas manifestaciones por un cargo como usted, un secretario general de Consumo, hacen daño a determinados sectores", ha subrayado el popular.

Ante estas palabras, el secretario general de Consumo y Juego ha precisado que cuando dicen que hay abusos de forma generalizada no están diciendo que un número generalizado de empresas estén incumpliendo la normativa, sino que "hay algunas empresas que de forma generalizada incumplen la normativa".

En concreto, ha mencionado los gastos de gestión de entradas, "algo que toda la ciudadanía rechaza": "No quiere que, cuando vaya a comprar una entrada en Internet para un concierto que ha sido anunciado a tal precio, cuando llega al final del pago, se encuentra con que ese precio es mucho mayor y no es que sea mucho mayor para ese cliente, que es mucho mayor para todos los clientes de ese mismo portal".

"¿Esto lo hacen todas las empresas? No. ¿Esto lo hacen algunas empresas de forma generalizada? Sí. Y eso es lo que estamos persiguiendo. Y perseguir eso es, precisamente, proteger también, no solo a los consumidores, sino también a las empresas que cumplen con la ley, que se ven obligadas y que hacen bien anunciando el precio de manera adecuada desde el principio. Y, por tanto, esa es una labor que tenemos que llevar a cabo", ha concluido.