Cisma en la Iglesia vizcaina. La comunidad de clarisas de Orduña y de Belorado, formada en total por 17 monjas, anunció ayer lunes su decisión de abandonar la Iglesia Conciliar y ponerse bajo la tutela de Pablo de Rojas Sánchez-Franco, excomulgado en 2019 por la Diocésis de Bilbao tras haberse autoproclamado obispo de la capital de Bizkaia en representación de una ultraconservadora corriente cismática. El motivo es la “persecución” que, según denuncian, sufren por parte de las autoridades eclesiásticas, a las que acusan de bloquear la licencia de venta de un convento en Derio. Esto se enmarca en una operación inmobiliaria por la que mantienen un litigio con el Arzobispado de Burgos, al que pertenece el Monasterio de Belorado, y el Obispado de Vitoria, al que está adscrita el colectivo de clarisas de Orduña.
En abril de 2013 las clarisas de Belorado adquirieron el Monasterio de Derio, cuya comunidad se trasladó en octubre de 2020 al de Orduña, por entonces vacío, que es propiedad de la comunidad de la misma orden ubicada en Gasteiz. Por esas mismas fechas, ambas partes firmaron un acuerdo de compra-venta del inmueble por valor de 1.200.000 euros. Para hacer frente a dicho pago, las monjas de Belorado solicitan, según afirman, la licencia para vender el convento ubicado en el barrio derioztarra de Artebakarra. Un trámite que, en base a su denuncia, las autoridades eclesiásticas se han encargado de bloquear.
En su comunicado, las clarisas sostienen que “esto de las propiedades debe ser muy goloso para algunos, ya que aparece como telón de fondo de artimañas de las que hemos sido objeto estos años”, que califican de modus operandi para desmontar comunidades “de línea tradicional” y quedarse con sus inmuebles para venderlos.
Sin embargo, en una nota de respuesta emitida también ayer lunes de forma conjunta por el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria, se asegura sobre dicha licencia que “no se ha recibido ninguna comunicación ni petición a este respecto”. Las entidades presididas respectivamente por Mario Iceta y Juan Carlos Elizalde detallan que en la compra-venta del Monasterio de Orduña, las clarisas “aportan 100.000 euros y se comprometen a realizar pagos semestrales de 75.000 €. El primer pago debía realizarse el 1 de noviembre de 2022, pero nunca se ha hecho ningún pago”.
Explica también la nota de la archidiócesis burgalesa y la diócesis gasteiztarra que “a principios de marzo de 2024, sor Isabel (abadesa de Belorado) manifiesta tener un benefactor que comprará y pondrá a su nombre el Monasterio, llegarán a un acuerdo de uso y lo revenderán a la comunidad de Belorado cuando obtengan el importe procedente de la venta del Monasterio de Derio”.
GIRO INTRIGANTE
En este punto es en el que el conflicto adquiere un giro más intrigante. Ante la sospecha de que el citado “benefactor” dispuesto a comprar el monasterio es una persona ajena a la Iglesia católica, el propio obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, se desplaza a Orduña para intentar desvelar su identidad. Sin embargo, según la nota de las autoridades eclesiásticas, estas se topan “con un mutismo absoluto sobre el tema” por parte de las hermanas.
El conflicto llega a las instancias judiciales después de que sor Isabel no aceptara la rescisión del contrato de compra-venta del Monasterio de Orduña reclamada ante notario por sus propietarias, las clarisas de Gasteiz. En dicho acto, la abadesa de Belorado entregó “un pliego reclamando 1.600.000 euros como pago por el importe de las obras realizadas por su comunidad” en el edificio ubicado en territorio vizcaino.
Pero al litigio inmobiliario que venía de lejos se le añade a mediados del pasado mes de abril una trama cismática que propicia un vuelta de tuerca en el asunto. Así, según el comunicado de las autoridades eclesiásticas, “el 13 de abril de 2024, la presidenta de la Federación de Nuestra Señora de Aránzazu (Cantabria-Hermanas Clarisas), a la que pertenece la comunidad de Belorado, pide una reunión urgente con el arzobispo de Burgos y es recibida esa misma mañana, poniendo en su conocimiento la sospecha de una posible comisión un delito de cisma”. Tras la aprobación de la Santa Sede para abrir una investigación, ayer lunes se produce la difusión del comunicado de las clarisas de Belorado, que definitivamente desencadena la crisis.
El párroco y el capellán del monasterio de la localidad burgalesa se personaron a primera hora de la mañana en el lugar para recabar “información acerca de la veracidad de los documentos”. Efectivamente, la comunidad le confirma su abandono de la Iglesia católica y manifiesta que la decisión es unánime. Sobre este extremo, desde el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria expresan sus dudas, puesto que en el documento facilitado “solo aparece la firma de sor Isabel”.
En la nota de las autoridades eclesiásticas se desvela que la vicaria del Monasterio de Belorado, sor Paz, confesó al arzobispo Iceta que el excomulgado Pablo de Rojas ha visitado dicho lugar “al menos en tres ocasiones”, así como “una persona llamada José, que manifiesta ser sacerdote y ayudante directo” de De Rojas y que “desde hoy mismo -por ayer- será quien celebre la misa en el Monaterio”. Además de advertir a las clarisas de la pena canónica en que incurren, al arzobispo de Burgos puso “en conocimiento de este asunto a la Santa Sede”.
LAS CLAVES
Compra del Monasterio de Derio. En 2013, las clarisas de Belorado compran el convento ubicado en Artebakarra y la comunidad se traslada en 2020 al de Orduña, que por entonces estaba vacío.
Contrato para adquirir el de Orduña. En octubre de 2020 las monjas de Belorado firman un contrato de compra-venta del Monasterio de Orduña, que era propiedad de las clarisas de Gasteiz, por valor de 1.200.000 €.
Pagos no realizados. Según aseguran el Arzobispado de Burgos y el Obispado de Vitoria, tras la aportación inicial de 100.000 euros, la clarisas no realizaron ninguno de los pagos semestrales de 75.000 € a los que se comprometieron.
A los tribunales. Las clarisas de Vitoria deciden rescindir el contrato. La abadesa de Belorado, sor Isabel, lleva el asunto a instancias judiciales y reclama 1.600.000 € por las obras realizadas en el Monasterio de Orduña.
