Agria polémica en Sevilla por la intención del Ayuntamiento de cobrar a los turistas para acceder a la Plaza de España. El consistorio, titular del espacio de la plaza comprendido entre los bancos de las provincias y la balaustrada, planea proponer al Estado un convenio para cerrar por completo este recinto monumental y cobrar a los turistas una entrada de la que estarían exentos los empadronados en Sevilla y los nacidos en la capital y en la provincia.
Los ingresos de taquilla, según la idea del Gobierno local del PP, se repartirían con un 75 por ciento para las arcas municipales y un 25 por ciento para el Estado, propietario de la galería y del edificio, garantizando según asegura el Ayuntamiento el libre acceso ciudadano a las dependencias estatales del complejo, que alberga las sedes de la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la Subdelegación, de los servicios de Extranjería, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) o del Cuartel General Fuerza Terrestre del Ejército de Tierra.
La propuesta, no obstante, no convence al Gobierno español. El delegado del Ejecutivo en Andalucía, Pedro Fernández, ha manifestado este lunes que no comparte el planteamiento "arbitrario" del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado por el popular José Luis Sanz. Además, ha acusado de "deslealtad" al Ayuntamiento porque el Estado es titular de la galería y el edificio que rodean a dicha plaza y que conforman también dicho enclave, pero no tiene comunicación "oficial" de la propuesta.
En unas declaraciones difundidas a los medios de comunicación, Pedro Fernández ha explicado que hasta el momento, ni la Delegación del Gobierno central en Andalucía ni la Subdelegación del Gobierno, ambas entidades con sede precisamente en el edificio de la Plaza de España, tienen comunicación "oficial" por parte del Ayuntamiento respecto a esta "decisión del cierre" de este emblemático espacio público e icono turístico.
Pedro Fernández ha avisado que no comparte "el concepto de cerrar una plaza" ideada hace ya casi cien años como "un abrazo a Iberoamérica, una apertura al mundo". Además, ha alertado de que se trata de una "decisión arbitraria que no se puede llevar a cabo sin contar con el Gobierno, titular del edificio y de la galería, que tiene acceso directo a la plaza".
Así, ha criticado esta "deslealtad absoluta" del Gobierno local al Estado, sobre todo porque una medida así "afecta directamente a la ciudadanía" que acude a las dependencias estatales de la Plaza de España "a recibir un servicio público".
