Los jóvenes vascos podrán pedir la ayuda de 300 euros para emanciparse desde el 20 de febrero

La duda que rodeaba los últimos meses al cheque Emantzipa era si los miembros de las parejas que conviven bajo el mismo techo –sin haber firmado ningún papel– podrían acceder a esta ayuda. Y la respuesta es que sí. De hecho, podrán beneficiarse de esta ayuda hasta tres personas que compartan un mismo piso, sean estas pareja o no. Así lo aclaró el secretario general de Transición Social y Agenda 2030, Jonan Fernández, tras la reunión del Consejo de Gobierno donde se aprobó el decreto que incluye la prestación dirigida a “facilitar o consolidar los procesos de emancipación juvenil, mediante un impulso o espaldarazo cuando más necesario y oportuno resulta”, fijo Fernández. Traducido a cifras, el objetivo que se persigue con esta medida es reducir la edad media de emancipación a los 28 años y aumentar la tasa de emancipación hasta el 50%

NO PERJUDICAR LA EMANCIPACIÓN EN PAREJA

Según Fernández, el Gobierno vasco ha decidido no limitar la ayuda para no “perjudicar la emancipación en pareja cuando uno de los miembros se encuentra en situación más precaria o de menor seguridad” que es, precisamente, uno de los problemas detectados por el Observatorio Vasco de la Juventud en otras ayudas. Además, informó de que “el mayor número de casos en estas circunstancias corresponden con mujeres”, por lo que “se ha querido evitar ese perjuicio a ese tipo de situaciones”. Lakua ha decidido abrir la mano también por una cuestión algo más mundana puesto que la gran movilidad en la vivienda a esas edades complicaría mucho el control de las ayudas. No obstante, Fernández aclaró que el límite de ingresos anuales por tributación conjunta no debe superar los 34.000 euros.

No podrán acceder a la ayuda los jóvenes que dispongan de una vivienda de protección pública en arrendamiento, incluidos los programas Bizigune y ASAP, o de protección pública en propiedad, así como cuando el disfrute de la vivienda que no pague. Aun así, Fernández aclaró que la ayuda no está dirigida a pagar el piso, porque existen otras líneas específicas, sino para favorecer la independización de los jóvenes que quieren vivir por libre. En este sentido, subrayado que esta “no es una ayuda a los gastos de vivienda. Es una ayuda a la emancipación, a los gastos que ocasiona emanciparse en conjunto, tomando en cuenta todo lo que supone emanciparse” y recordó que existen “otras ayudas que sí son ayudas para el alquiler de vivienda y que están directamente destinadas a ese fin”.

COMPATIBILIDAD CON OTRAS AYUDAS

De este modo, los 300 euros mensuales son compatibles con otras ayudas, como el programa Gaztelagun, la renta de garantía de ingresos y el ingreso mínimo vital, la prestación complementaria de vivienda y la prestación económica de vivienda, las ayudas de emergencia social y la percepción de ayudas municipales o de otras administraciones públicas que contribuyan a cubrir los gastos de alquiler.

El Presupuesto 2024 del Gobierno vasco contempla una partida de 53 millones de euros para poner el marcha este programa pionero que se podrá ampliar en caso de que las solicitudes superen las previsiones del Ejecutivo. Además de los requisitos de edad, renta y contrato de alquiler o hipoteca, los aspirantes a ingresar en su cuenta 300 euros al mes, deben estar empadronados en un municipio de la CAV con una antigüedad de un año previo a la solicitud o acreditar tres años continuados de empadronamiento a lo largo de los últimos diez años.

El decreto que regula el cheque Emantzipa es una de las 27 medidas incluidas en la Estrategia Vasca 2030 para favorecer la emancipación juvenil aprobada por el Consejo de Gobierno en marzo. Esta ayuda de 300 euros al mes durante dos años para jóvenes de 25 a 29 años, se unen la ayuda de 200 euros al mes por hijo o hija hasta los tres años, las ayudas al alquiler del Programa Gaztelagun que pueden llegar hasta los 300 euros al mes, la gratuidad de la etapa 0-2 años de las Haurreskolak, las deducciones fiscales por descendiente, o las medidas que ya están en vigor en materia de conciliación.