Es una tarea diaria que mina la salud emocional y física. El desgaste de las familias que cuidan de personas con problemas de salud mental en Euskadi es muy acusado. Hasta tal punto, que cuatro de cada diez personas cuidadoras están en tratamiento psicológico o farmacológico, y la mitad ha requerido al menos en alguna ocasión de atención especializada como consecuencia del impacto emocional que tiene sobre ellas la responsabilidad del cuidado.
Son algunas de las conclusiones del estudio Las familias de personas con problemas de salud mental en la CAE, una investigación que presentó ayer en Donostia la presidenta de Salud Mental Euskadi, María Ángeles Arbaizagoitia; junto a la gerente de la federación, María José Cano; y la investigadora de la Fundación EDE, Irama Vidaurreta.
El informe ha sido elaborado en colaboración con las asociaciones Agifes, Asafes, Avifes y Asasam, con el apoyo del departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno vasco, y dado a conocer con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, que se celebra mañana.
En la presentación de la investigación Arbaizagoitia subrayó la función de los familiares como “principales proveedores de apoyo a las personas con problemas de salud mental”. La representante de la entidad vasca aseguró que “es la familia quien asume, muy frecuentemente, el grueso de las labores de cuidado” que afecta a distintas esferas. Detrás de esas tareas de apoyo se sitúan mujeres –generalmente madres– que dedican una media de catorce horas semanales al cuidado de su familiar. Todo ello a costa de reducir el tiempo dedicado a las relaciones personales y a disfrutar de las actividades de ocio. Ocho de cada diez han superado la barrera de los 50 y llevan más de cinco años responsabilizándose de prestar apoyo a su familiar con problemas de salud mental.
En la elaboración de este estudio han participado un total de 261 familiares, de los que el 40% reside en Gipuzkoa. La responsabilidad es con frecuencia bidireccional puesto que una de cada cuatro presta apoyo a más de una persona con problemas de salud mental, y también es habitual cuidar de otras personas, bien mayores o menores de edad.
Una tarea que, inevitablemente, desgasta a diario y acaba pasando factura. De hecho, los conflictos familiares por la responsabilidad de estos apoyos estallan en el 60% de los casos, especialmente entre hermanas y hermanos.
Así, seis de cada diez personas consultadas no se muestran del todo satisfechas con su estado de salud emocional, y el 12% de quienes asumen estos cuidados cuenta actualmente con algún problema de salud mental diagnosticado. El porcentaje de mujeres con algún tipo de patología –12,4%– duplica al de hombres, con un 6,2%.
La investigación refleja a su vez que la mitad de ellas aseguran sentirse “estresadas y sobrepasadas” por el trabajo diario. En el 44% de los casos se muestran “agotadas y desanimadas”. La responsabilidad de estos cuidados también acarrea con frecuencia problemas de salud físicos, como pérdida de energía, fatiga, mareos y dolores en la mitad de los casos. Las dificultades para conciliar el sueño se dan en cuatro de cada diez personas cuidadoras.
Se vuelcan en atender a personas en las que el diagnóstico más habitual es el de esquizofrenia –36,7%– seguido del trastorno de personalidad, en dos de cada diez casos. La edad media del diagnóstico ronda los 23 años, y en torno al 70% de estas personas con problemas de salud mental conviven con su patología desde hace más de una década. Dos de cada diez tienen una incapacidad laboral permanente, y prácticamente el mismo porcentaje se encuentra en situación de desempleo o buscando trabajo.
Además, “la presencia de otros diagnósticos añadidos es muy superior en el caso de personas jóvenes, y la patología dual afecta sobre todo a quienes tienen por debajo de 40 años”, según recoge el estudio. Casi ocho de cada diez siguen habitualmente un tratamiento farmacológico y el 30% recibe apoyo psicológico.
Sobrecoste económico
El coste derivado de todos estos cuidados no solo es físico o emocional. También es económico, según refleja el estudio. En la mayoría de los casos el sobrecoste económico lo asumen las familias, y ronda entre los 100 y los 300 euros. En un 26,5% de los casos este coste se sitúa entre los 300 y 500 euros, y dos de cada diez familias invierten más de 500 euros en la atención. Las familias que atienden a personas jóvenes con problemas de salud mental (por debajo de los 30 años) son las que más dinero destinan a la atención. El sobrecoste se orienta sobre todo al pago de medicinas y especialistas.
Según refleja el estudio, a pesar de ese gasto económico, las renuncias en el ámbito laboral y formativo entre las familias son “relativamente frecuentes”, comprometiendo así aún más su situación. Los grupos de ayuda son los recursos más utilizados y, en ese sentido, las familias se muestran en gran medida satisfechas con el apoyo que se les presta desde las asociaciones, ya que “su labor amortigua el impacto del cuidado”.
Salud Mental Euskadi pide revisar los protocolos de derivación desde la Atención Primaria. Es una de las propuestas de mejora que se deriva del informe, medida con la que se quiere “facilitar que las familias responsables del apoyo puedan acceder a un tratamiento psicológico con la intensidad que requiera”.
Las conclusiones de la investigación señalan también la necesidad de “promover más recursos para el respiro de las familias”, de tal manera que las personas cuidadoras puedan tomarse un tiempo de descanso y ocio para garantizar su bienestar psicológico. Piden “mayor formación y sensibilización de los profesionales en salud mental”, con el fin de mejorar la calidad de la atención a las personas cuidadoras. Figura también entre sus reclamaciones “modificar el modelo de atención en la Red de Salud Mental de Osakidetza para que se incluya, cuando sea posible, a la familia en el proceso terapéutico”, según recoge el informe.
Programas de emancipación
Otra de las demandas apunta a la necesidad de promover programas de emancipación e independencia para las personas con problemas de salud mental, algo que, señala la investigación, “vendría a aliviar en gran medida el impacto del apoyo y cuidado que proporcionan estas familias”.
El estudio incide en la necesidad de promover protocolos de derivación y otras herramientas jurídicas que permitan asegurar unos apoyos adecuados para la gestión del patrimonio de aquellas personas con problemas de salud mental que no puedan hacerse cargo de ello.
En el ámbito sociocomunitario, el estudio refleja la necesidad de apoyar la labor de las asociaciones, y continuar visibilizando a nivel social la realidad de las familias.
