El Gobierno vasco aprobó ayer el II Plan Estratégico de Servicios Sociales del País Vasco para el periodo 2023-2026, que pone el acento en la adaptación a las tendencias demográficas como el envejecimiento y el impacto de la generación del baby boom para la próxima década, y que prevé una inversión de 1.491 millones de euros, un 4,5% en 2025.
El Consejo de Gobierno aprobó ayer martes, a propuesta de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, este documento, en el que se planifican las prestaciones de los Servicios Sociales.
El anterior plan partía de un gasto corriente público del Sistema Vasco de Servicios Sociales de 1.131 millones en el año 2019, justo antes de la pandemia, y prevé situarlo en 1.491 millones de euros anuales en 2025 y en 1.695 millones de euros para 2030.
El aumento porcentual del gasto corriente público entre 2011 y 2018 fue del 21% (3% interanual), en una situación de recaudación de impuestos difícil, mientras que el previsto en el nuevo plan supone un aumento del 4,5% interanual, en un contexto actual de aumento de recaudación.
Este plan se orienta a adaptar los recursos al envejecimiento de la sociedad vasca, teniendo en cuenta el impacto demográfico que producirá la generación del baby boom (los nacidos en los años sesenta) en la próxima década.
Entre 2020 y 2031, según las proyecciones demográficas de Eustat (2021), se estima que la población de 65 o más años aumente en 118.300 personas, llegando a representar el 27,7% del total (5,2 puntos más que en 2021).
Transiciones demográficas
Así, el plan busca adaptar los servicios sociales a las transiciones demográficas y sociales, con cinco objetivos: el primero, “la autonomía”, ya que se plantea transformar los centros residenciales para las personas mayores asemejándolos en mayor medida a un hogar y, sobre todo, reduciendo el tamaño de las unidades de convivencia.
También se promueve la vida independiente de las personas con discapacidad. Se calcula que en Euskadi las situaciones de discapacidad afectan al 8,3 por ciento de los habitantes, una cifra que irá en aumento al envejecer la población.
El segundo objetivo es la “integración”, con un refuerzo de la red de exclusión y con la necesidad de hacer una revisión sobre las prestaciones económicas.
También se perseguirá el “equilibrio”, buscando un nuevo equilibrio entre el cuidado institucional (de responsabilidad pública) y el cuidado familiar, favoreciendo al primero, en un contexto en el que se constata la reducción del número de personas que prestan cuidados familiares (informales o no remunerados) a personas en situación de dependencia o con discapacidad. Además, se reconoce la importancia de considerar a las mujeres mayores cuidadoras.
Otros objetivos son la “articulación”, es decir, avanzar en la gestión integrada y colegiada del sistema, y por último, el “enfoque de género”, para detectar y combatir situaciones de discriminación por género, edad, origen y nivel de autonomía, adaptando la atención a la diversidad.
El plan incluye un mapa de Servicios Sociales que dimensiona el sistema en términos de plazas, personas usuarias y horas de Servicio de Ayuda a Domicilio, entre otros.
También se ha buscado reforzar la atención a personas jóvenes con enfermedad mental y proporcionar respuestas adecuadas a las personas con discapacidad intelectual, haciendo mención a la necesidad de que el sistema de Salud se ocupe más ampliamente de las personas con problemas de salud mental.
