El anteproyecto de la Ley Vasca de Educación ha abandonado los dominios del Departamento de Educación para pasar a manos del Parlamento Vasco. La pelota, por tanto, está ahora en el campo de los partidos para enriquecer el texto con sus aportaciones, siempre y cuando estas respeten el Pacto Educativo suscrito en abril del año pasado por PNV, PSE, EH Bildu y Podemos. “En estos momentos no somos dueños de esta ley, vosotros sois los dueños de la ley, los dueños del texto y en ese sentido sois dueños de cambiarlo, reformarlo o lo que queráis hacer”.

Este es el mensaje de mano tendida que el consejo de Educación, Jokin Bildarratz, ha trasladado a las formaciones políticas en la larga Comisión de Educación en la que ha comparecido a petición propia para informar del anteproyecto de ley aprobado el pasado 25 de abril por el Gobierno vasco. El borrador ha entrado en su cuenta atrás definitiva, después años de cocina con los agentes sociales y educativos, un proceso que culminó con el aval del Consejo Escolar de Euskadi (CEE). Los plazos son bastante ajustados a tenor del deseo expresado por el Ejecutivo de sacar adelante la norma a lo largo del curso que viene.

"A PRINCIPIOS DEL PRÓXIMO CURSO"

Bildarratz acotó aún más esa fecha. “Espero –dijo– que a comienzos del próximo curso se pueda aprobar la ley en este Parlamento”, un deseo que dependerá de la cintura política para acordar el marco que regirá la educación vasca las próximas décadas. Una ley que, por primera vez, regulará la escuela vasca de forma integral – red pública y concertada– y que tiene como principios rectores la lucha contra la segregación escolar, la inclusividad, la gratuidad de la enseñanza y el plurilingüismo con el euskera como eje.

Los partidos defendieron sus posiciones –ya conocidas– en la puesta de largo de la ley en sede parlamentaria. PNV y EH Bildu aparecieron positivos y propositivos ante la idea de aprobar “la mejor ley posible”, mientras que el PSE reiteró sus dudas sobre el modelo plurilingüe. Podemos, al igual que ha hecho el último curso, se enrocó en la centralidad de la red pública. La intervención del PP fue una enmienda a la totalidad y VOX tomó los derroteros de la “imposición”. Así las cosas, Bildarratz recordó a todos los partidos que su Departamento está abierto a escuchar y negociar sus aportaciones.

“LAS FAMILIAS PODRÁN ELEGIR”

Las dudas socialistas sobre la propuesta lingüística de la ley centraron parte del debate. María Jesús San José (PSE) reiteró que su formación está dispuesta “llegar a nuevos consensos, pero no apoyaremos ningún marco lingüístico que cree estigmatización ni exclusión en el alumnado” e insistió en que lo importante es que el alumnado “tenga la garantía de poder estudiar en euskera y castellano y ser competente en un tercer idioma”. En su réplica, Bildarratz aseguró que el proyecto de ley recoge “lo mismo que recogía el acuerdo de abril de 2022. Ni más ni menos”, en materia de modelos, que según recordó seguirán vigentes porque también lo está el decreto que los regula.

En este sentido, insistió en que “las familias van a poder elegir el modelo en el que quieran educar a sus hijos”, y que cada centro “va a realizar su propio proyecto lingüístico”, siempre dentro de los márgenes establecidos por la normativa. El proyecto que defina cada centro deberá responder “a la realidad social de su municipio y de su barrio desde el punto de vista sociolingüístico”. En todo caso, dijo que ley establece un “punto de salida”, es decir, un determinado nivel de capacitación lingüística que cada alumno ha de alcanzar en cada una de las dos lenguas oficiales de Euskadi –euskera y castellano– y en una lengua extranjera.

En concreto, la ley establece que al final de la ESO el alumnado acredite un B2 en euskera y un B1 en inglés. En la misma línea afirmó que los modelos lingüísticos son “un instrumento para conseguir ese perfil de salida”. El consejero destacó, asimismo, que la entrada en vigor de la nueva ley no “derogara” el sistema de modelos, que seguirán “vigentes jurídicamente”.

FLEXIBILIDAD

El titular de Educación enfatizó que el hecho de que cada centro tenga que realizar su propio proyecto lingüístico “dota de flexibilidad y margen” a dichos centros para que, en el marco de su autonomía, puedan aplicar “incluso más allá de los modelos”, otras herramientas. Como ejemplo, Bildarratz explicó que un colegio situado en una zona castellanoparlante con un aula de modelo A “puede decidir diseñar su carga docente al 80% en castellano”. No obstante precisó que, al mismo tiempo, dicho centro podría adoptar medidas “para posibilitar un mejor aprendizaje de euskera”, como organizar actividades extraescolares en lengua vasca.

Por parte de los grupos, el parlamentario de EH Bildu Ikoitz Arreste reafirmó el compromiso de su grupo por tratar de que sea posible aprobar una nueva ley en esta legislatura. Consideró que el proyecto aprobado “recoge las bases principales” del Pacto, lo que supone un punto de partida “suficiente” para afrontar el trámite parlamentario. En este sentido, dijo que resulta “difícil” de comprender que formaciones que en su día firmaron aquel acuerdo pretendan introducir enmiendas al proyecto que van “más allá” de aportaciones concretas para mejorar lo ya recogido en el documento.