La pistola pasa a formar parte del equipamiento básico de la Policía Local

Era cuestión de tiempo. Tras las primeras sentencias judiciales en 2018 exigiendo a ayuntamientos guipuzcoanos que dotasen de armas de fuego a los agentes de la Policía Local que lo solicitasen, Euskadi zanja el asunto sobre el empleo de pistolas, una herramienta cuestionada especialmente por EH Bildu, sobre todo en Gipuzkoa, donde las armas de fuego tienen menos implantación que en las comisarías municipales de Araba o Bizkaia.

Todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes que cuenten con Policía Local estarán legalmente obligados a dotar de arma reglamentaria a sus agentes. A todos. Deberán construir armeros –o búnkeres en los casos más excepcionales, como podría ser en las capitales– donde el elevado número de agentes y armas así lo exigiese. De momento, solo la mitad de los municipios tiene un armero homologado. En breve deberán tenerlo todos.

La mayor resistencia se halla en Gipuzkoa. En Eibar los agentes fueron dotados finalmente de arma reglamentaria en mayo de 2022, después de que el TSJPV diese un ultimátum al Ayuntamiento. Desde entonces, se han incorporado otros municipios, alguno recientemente, a solicitud de los agentes, y con el visto bueno de su jefatura. Sin ruido. Y en cuanto Lakua publique el decreto, deberán hacerlo todos. Será este año. Más pronto que tarde.

Los alcaldes solo podrán determinar, previo informe y con la aprobación del jefe de la guardia municipal, una relación de tareas específicas en las que los agentes puedan prescindir del arma, pero siempre que no se vea comprometida la seguridad de los propios municipales o de terceras personas.

EH Bildu mostró su desacuerdo al “uso generalizado” de las armas de fuego el pasado lunes en la Comisión de Seguridad del Parlamento Vasco, donde había solicitado la comparecencia del director de Coordinación de Seguridad, Aitor Lete, que intervino acompañado de Asier Erkoreka, en representación de la Asociación de Jefes de la Policía Local de Euskadi.

Autonomía municipal “violentada”

Julen Arzuaga, parlamentario de la coalición independentista, lamentó que “la autonomía local se está viendo violentada por unas decisiones judiciales” y consideró que la “interpretación” que están haciendo los tribunales de lo Contencioso Administrativo en esta materia “es profundamente errónea”. “Estamos haciendo alegaciones, porque no la vemos [esta medida] legal, justa, ni razonable, y defenderemos la autonomía municipal hasta el final”, dijo Arzuaga en su intervención inicial.

Aseguró asimismo que “en la Policía Local no hacen falta más armas de fuego o al menos no hay que generalizarlas”; denunció que se ha excluido de este debate a su formación y acusó a Lete y al Departamento de Seguridad de opacidad. “El 7 de diciembre se aprobó el informe en el que las armas de fuego se consideran como equipamiento básico y pensamos que tenderán a generalizarlas y eso no lo vemos bien, nos parece lamentable”, dijo.

El debate viene de lejos y también responde a una cuestión generacional en la que chocan agentes jóvenes –formados en la academia de Arkaute y, por tanto, naturalizados con el entrenamiento en armas de fuego– y, por otro, agentes más veteranos, reacios muchos de ellos al uso de armas.

En su respuesta a EH Bildu, Lete recordó que el pasado 24 de noviembre se debatió en la Cámara Vasca una proposición del PNV y el PSE al respecto y que fue el propio Parlamento el que instó por mayoría al Gobierno vasco a que, “a la mayor brevedad”, proceda a “dar cumplimiento al marco legal que establece reglamentariamente las armas que portará el personal funcionario de los cuerpos de policía local de Euskadi”.

Según Lete, cinco de seis agentes locales utilizan armas de fuego ya en Euskadi –unos 2.900–, por lo que serían otros 600 los que quedarían pendientes todavía. La mayoría en Gipuzkoa. De hecho, el 80% de la población que cuenta con policías locales está protegida por agentes armados, según explicó el coordinador de seguridad.

“Criterios técnicos”

Lete fue claro: “Los servicios de Policía en vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán con armas; no obstante, la persona titular de la Alcaldía podrá decidir de forma motivada, previo informe de la jefatura de la Policía local, los servicios que se presten sin armas siempre que no conformen un riesgo racionalmente grave para la vida del personal funcionario o de terceras personas. Ese es el marco legal de referencia”, resumió, “y muchos de ustedes participaron en la elaboración de esas leyes”, agregó.

Por su parte, Asier Erkoreka, jefe de la Policía Municipal de Basauri, apostilló que la “clave” al decidir las excepciones en las que se podrá actuar sin arma reside en el “binomio Alcaldía-jefatura de la comisaría”. Aclaró, en todo caso, que deberán ser “criterios técnicos” los que prevalezcan y “técnicos en esto son los jefes de Policía, no el alcalde”, que “puede estar tranquilo” porque los jefes de Policía Local elegidos atendiendo a criterios de igualdad y mérito se rigen por un principio de “independencia política. No utilizamos criterios políticos”, precisó. “Si EH Bildu tiene dudas” valoró, la solución serán los “criterios técnicos claros de un jefe de Policía Local”.

Erkoreka subrayó también que los agentes municipales realizan prácticas de tiro con la Ertzaintza de forma asidua y que los responsables de riesgos laborales de los ayuntamientos participan también en la evaluación de riesgos y los perfiles.